CABA: comenzó la audiencia pública por el convenio urbanístico con IRSA

Con un amplio rechazo de la ciudadanía de pie, el último viernes comenzó la audiencia pública por el convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA, lo que implica el otorgamiento de las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de La Boca para la construcción de un barrio privado con salida exclusiva al río, llamado “Costa Urbana”, que contará con edificios de hasta 45 metros de altura.

A cambio de la habilitación de esta construcción, la empresa privada se comrpometerá a otorgar una parte de los terrenos para que se utilicen como parque público, financiando su mantenimiento durante diez años.

La mayoría de los oradores argumentaron que es necesario “frenar la especulación inmobiliaria” en la Ciudad, ya que “encarece el precio de la vivienda y expulsa de la ciudad al sector trabajador”. Además, alertaron sobre los conflictos ambientales y barriales que podrían llegar a causar el megaemprendimiento inmobiliario. 

Según Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC), el convenio se trata de “la síntesis de un modelo urbano privatista basada en el despojo y la destrucción de bienes comunes”.

Por otra parte, desde el ODC señalaron la inconstitucionalidad del proceso legislativo para aprobar el convenio, ya que antes de que comiencen las jornadas de audiencia pública, se tuvo que haber realizado un estudio de impacto ambiental del proyecto, conforme al artículo 63 de la Constitución de la Ciudad y a la Ley 123.

“Es una Ciudad con muy poco espacio público, y muy poco han hecho en estos 14 años para resolverlo, por más que cuenten canteros como espacio verde. Este proyecto excluyente y exclusivo, no preserva al humedal, y en la situación que se vive es un absurdo”, indicó uno de los expositores, Gustavo Cirigliano.

En la misma sintonía, Gustavo Solano, precandidato a legislador por el Frente de Izquierda (FIT-U), dijo: “No debe venderse ni la costanera norte ni la sur, se debe priorizar la zona para espacios verdes y recreativos, así como generar bancos de tierra para vivienda”. Y cuestionó: “¿Quienes se benefician? las grandes constructoras y especuladores inmobiliarios. Larreta siempre ha gobernado para los IRSA y compañía, pero no es el único: la entrega de tierras ha contado con votos del peronismo en sus diferentes formas”.

“Esta Legislatura debería trabajar en una ley que regule los alquileres, en políticas de viviendas, no en negocios privados”, continuó María Luisa Sulle, una de las oradoras de la jornada, que también subrayó que “en los últimos años se aceleró la voracidad inmobiliaria y vimos cómo trabaja el lobby para aumentar el precio del suelo”.

La audiencia pública se extenderá a lo largo de 14 días de la que participarán casi tres mil personas, y finalizarán el 8 de noviembre. Si bien lo que exprese la ciudadanía no es vinculante, la Legislatura porteña debería atender la expresión de los vecinos y vecinas de la Ciudad antes de aprobar el convenio en una segunda lectura.