Dos años del estallido social que cambió la historia de Chile

El 18 de octubre de 2019, tras un tarifazo al transporte público decretado por el gobierno de Sebastián Piñera, una protesta estudiantil dio inicio a intensas movilizaciones extendidas a lo largo del país como expresión del estallido social.

La olla a presión comenzó a bullir el 6 de octubre cuando la tarifa del  subte subió 30 pesos (0.03 centavos de dólar), desatando la ira de estudiantes que saltaron sobre los molinetes, llamando a evadir el pago del pasaje.

«No son 30 pesos, son 30 años», decían decenas de pancartas durante las protestas que se fueron propagando en todo el país.

Como respuesta el gobierno de Piñera ejerció una feroz represión. Según Amnistía Internacional luego de un mes de protestas, se registraron 12.547 heridos que pasaron por urgencia hospitalaria a causa de las lesiones de los carabineros, que además causaron 1.980 heridos por armas de fuego y 347 heridos con lesiones oculares. De igual manera, se registró la muerte de al menos 38 personas.

Según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) este viernes, hay apenas cuatro condenas de agentes del Estado por hechos relacionados con la crisis social. El INDH ha presentado hasta ahora más de 3.000 querellas y solo 70 de ellas se encuentran procesadas con 136 imputados y cuatro condenados. La Fiscalía, por su parte, tiene un registro de 8.000 víctimas del estallido.

La reforma de la Constitución proclamada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet fue uno de los principales reclamos de ese levantamiento popular contra el gobierno de Piñera y sus políticas neoliberales, pero que abarcó a todo el modelo de transición democrático instalado desde 1990. 

Como recuerda Tomás Mouvian, sociólogo y profesor universitario autor de «Chile actual: anatomía de un mito», un libro escrito en 1997 y que hoy es un clásico, el iceberg fue la metáfora elegida por el país en la Exposición Universal de Sevilla de 1992 para explicar el «milagro chileno».

Eran los años del neoliberalismo triunfante, la Unión Soviética había colapsado y con ella la amenaza comunista. A la vez, se hablaba del fin de la historia y de las bondades de los sistemas de mercados autorregulados. 

El iceberg chileno, como explica Mouvian, comenzó a construir el imaginario de un país blanqueado, que vivió una transición democrática perfecta y se convirtió en un ejemplo de modernidad y consensos, una imagen que empezó a hacerse añicos hace dos años.

Dentro de los principios fundamentales de aquella constitución pinochetista estaba la privatización de los bienes y servicios de la nación. La salud, educación, vivienda, agua, minerales y pensiones, terminaron siendo las joyas de la corona para la élite empresarial del país y para el capital transnacional que se han enriquecido por más de 40 años a costa del trabajo, los derechos y los recursos de la población.

El camino a la reforma constitucional

El 15 de noviembre de 2019, casi un mes después de las primeras protestas, se selló un acuerdo transversal entre partidos políticos para abrir un proceso constituyente.

Finalmente, el 25 de octubre de 2020, más del 77% del pueblo apostó a la reforma constitucional a través de un plebiscito para comenzar a escribir una nueva historia en el país andino.

Hoy, dos años después, una asamblea compuesta por 155 personas electas por la ciudadanía y presidida por la mapuche Elisa Loncón está a cargo de escribir la nueva Constitución.

Movilizaciones y redacción de la nueva Carta Magna

En conmemoración al segundo aniversario del estallido social, a través de redes sociales se llamó a un paro nacional durante este 18 y 19 de octubre. Asimismo, se espera para está tarde una marcha masiva al Palacio de La Moneda.

A su vez, a las 15 horas, se dará por iniciada la discusión de los artículos que formarán parte de la nueva carta magna. 

Este segundo aniversario  llega con el presidente Piñera enfrentando un juicio político y una investigación judicial por presuntos hechos de corrupción revelados en los Pandora papers.

Según reveló está investigación, durante su primera presidencia las empresas de Piñera vendieron uno de los proyectos mineros más importantes  del país, Minera Dominga, en una transacción realizada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Una de las condiciones para la venta era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del presidente y que hasta la fecha no ha sucedido.