¿Y si reconocemos el trabajo?

Santiago Sorroche*

@santisorroche

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El debate sobre los “planes sociales” no es algo nuevo. Surge una y otra vez, adquieriendo más fuerza en los períodos electorales. Se escucha que generan vagos, que son la caja de las organizaciones, que sirven para sostener a punteros políticos, que se sostienen con los impuestos que pagan un sector de la población. Los argumentos son variados pero casi todos constituidos sobre falsas premisas que se sostienen en un sentido común donde quien recibe un plan “no trabaja” o “es un vago”.

Estas visiones no dan cuenta de los cambios en la economía que han acaecido en los últimos 40 años, el proceso de desindustrialización, cambios en los procesos productivos que requieren menos manos de obra con la consiguiente pérdida de derechos, las recurrentes crisis económicas que dejan tras su paso menos posibilidades laborales para un sector, cada vez más amplio de la población.

Uno de los sectores que, desde hace mucho tiempo, ha sido construido como “vagos” o gente que “no quiere trabajar” son los cartoneros y cartoneras. Prohibidos durante la última dictadura militar, su actividad adquirió relevancia en la agenda pública tras la crisis del 2001 y la posterior devaluación. Desempleo masificado que se sumó al aumento del más del 1000% de los materiales reciclables, lo que derivó en una forma de obtener el substento.

Frente a miradas que sostenían que, a través de la recuperación económica, este sector iría progresivamente disminuyendo, la organización del sector -principalmente bajo la modalidad de cooperativas de trabajo- fue adquiriendo fuerza, diagramando políticas públicas y demandando por el reconocimiento de una actividad que, además de brindar oportunidades de trabajo, repercute de forma positiva sobre el ambiente. De hecho, mucho más que la tradicional forma de gestión de los residuos, basada en el recolectar y enterrar.

A 20 años de su irrupción como un problema público -representado como el epifenomeno de la crisis del 2001- el sector cartonero ha adquirido cierto reconocimiento social, pero salvo muy pocas excepciones, aún no lo ha obtenido reconocimiento político y económico.

A pesar de esta falta de reconocimiento, los cartoneros y cartoneras realizan un trabajo esencial, como fue reconocido en el decreto que estableció el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. Sin embargo, esto no respetado en la mayoría de los municipios, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las cooperativas cartoneras forman parte del sistema de reciclado porteño.

Su trabajo implica, además de la reducción de los residuos enviados a enterramiento con la consecuente reducción del impacto ambiental, un flujo constante de materias primas a la industria, una reducción de los gastos municipales en torno a la gestión de los residuos y un ahorro en términos de divisas en lo relativo a materias primas que, en su calidad virgen, provienen de la importación de las mismas.

A pesar de estas ventajas, que incluyen la generación de empleo, los cartoneros y cartoneras no son reconocidos como trabajadores por parte de los gobiernos municipales, que son los que tienen potestad sobre la gestión de los residuos. En muchos casos, las agencias estatales que se vinculan con ellos a nivel territorial son las encargadas de las áreas de desarrollo social y no las de ambiente o de la gestión de los residuos (hay una importante variación en los organigramas municipales de las áreas que deben hacerse cargo de estas problemáticas).

¿Qué tienen que ver los cartoneros y cartoneras con los planes sociales?

En 2016, la sanción de la Ley de Emergencia Social, estableció el Salario Social Complemetario (SSC). Como su nombre lo indica, este subsidio -mal llamado plan-, buscaba el reconocimiento de tareas no pagas de diferentes trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Básicamente, venía a complementar lo obtenido por otras actividades como la recolección, clasificación, acondicionamiento y venta de materiales reciclables.

Ahora, ¿por qué hay que complementar si ya venden los materiales? Si bien obtienen ganancias por las ventas de los materiales, algunos de éstos suelen fluctuar fuertemente, mientras otros están inscriptos en cadenas oligopólicas (cuando no monopólicas) que fijan precios extremadamente bajos. Si alguna vez te preguntaste por qué el cartonero o cartonera que pasa por tu casa no se lleva los envases de vidrio, la respuesta es justamente su bajo valor.  

Al mismo tiempo, hay un importante número de tareas que no se ven, como la clasificación y el acondicionamiento, que requieren que los cartoneros y cartoneras se dediquen a esa tarea y no a la recolección. Y esto implica que no pueden obtener materiales para su posterior venta.

Frente a esto, para las cooperativas cartoneras, el acceso al SSC tuvo un impacto productivo que posibilitó el desarrollo de circuitos de recolección diferenciada puerta a puerta, cuerpos de promotoras ambientales y, al mismo tiempo, la incorporación de más trabajadoras y trabajadores y la apertura de nuevas zonas de trabajo. De esta manera, este “plan”, permitió el reconocimiento, aunque incompleto, de actividades que los estados municipales ningunean o, en el peor de los casos, reprimen cotidianamente.

A pesar de la falta de reconocimiento, las cooperativas cartoneras han avanzado en demostrar que hay una forma distinta de gestionar los residuos. Una que además de generar empleo, es amigable con el ambiente, reduciendo la contaminación.

Entonces, más que leyes que busquen eliminar los mal llamados “planes”, necesitamos leyes que permitan el reconocimiento de los trabajos. Este es el caso de la ley de envases, que nació del rebusque, pero que pretende que la labor cotidiana de los cartoneros y cartoneras sea reconocida como lo que es: un servicio público. Básicamente implica que reciban el pago que les corresponde por su trabajo, como lo hacen las empresas y grandes corporaciones que, sin embargo, cobran importantes sumas para contaminar.

*Antropólogo. Investigador CONICET en CITRA-UMET e integrante de Antropología en Colabor