Feletti: “Si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes”

“Por ahora hay resistencias en los productores. Estamos negociando”, explicó Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, con respecto a la propuesta del Gobierno nacional de congelar por 90 días los precios de más de mil productos de consumo masivo para combatir la inflación.

“Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria”, señaló Feletti.

“En lo que va del mes hay un aumento de precios muy grande. El detergente aumentó 82%, todos incrementos superiores al 10%. Vemos un shock en octubre y decimos basta”, afirmó.

Este jueves el Indec dió a conocer el índice de precios al consumidor del mes de septiembre que registró una suba del 3,5%. A su vez, la inflación minorista en los primeros nueve meses del año acumuló un alza del 37% y en los últimos 12 meses un 52,5%.

Ante este escenario, el funcionario aseguró que el objetivo del acuerdo de precios es “bajar el precio de la canasta básica” para reducir su impacto sobre “el salario promedio”, y “asegurar la expansión del consumo vía salarios en el último trimestre del año”.

En caso de que no se logre un consenso para elaborar un lista de artículos para incluir en el acuerdo, Feletti dijo que utilizará “políticas de precios máximos no consensuadas” aunque sostuvo que «es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”.

También apuntó a la concentración del sector como responsable: “Entre oferentes y comercializadores de alimentos no hay más que 30 empresas. La concentración tiene un beneficio, que son pocos, y un perjuicio, que son poderosos”, indicó.

¿Qué instrumento legal puede aplicar el gobierno en caso de no existir acuerdo?

En la actualidad el Estado nacional cuenta con una serie de herramientas que permiten su intervención en el mercado. Ellas son: la Ley de Lealtad comercial (22.802), Ley de Defensa de la Competencia (25.156), Ley de Abastecimiento (20.680), y Ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Sancionada en 1974 por el gobierno de Juan Domingo Perón, la Ley de Abastecimiento fue aplicada en contadas ocasiones por los sucesivos gobiernos democráticos. Suspendida por decreto entre 1991 y 1999, recién desde 2007, Guillermo Moreno primero y Augusto Costa después, echaron mano de la misma, estando al frente de la Secretaría de Comercio Interior.

Entre sus principales puntos se destaca la posibilidad por parte del Estado de fijar precios máximos, márgenes de utilidad y volumen de producción, o la posibilidad de incautar y vender bienes sin pasar antes por un juicio de expropiación. 

Según los fundamentos de la Ley de Abastecimiento “en el mercado de bienes existen dificultades relativas al comportamiento de los precios”, por lo cual “es esencial observar el grado de concentración económica, que promueve un abuso de posición dominante por parte de grupos económicos”.

Los monopolios y oligopolios en los alimentos

Firmas del sector alimenticio de Argentina como Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian cuya situación monopólica y oligopólica en algunos rubros no solo las convierte en grandes formadoras de precios sino que también les da la espalda suficiente para reducir la producción y distribución. 

La puja de poder de estas compañías para no perder su tasa de ganancia afecta directamente el bolsillo de todos y todas.

¿Cómo se compone la radiografía de esta concentración que amenaza la mesa de los argentinos?

Según un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), citando algunos ejemplos sería la siguiente:

Aceites: AGD, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata concentran el 90,5% de la facturación y el 90,6% del volumen.

Gaseosas: Coca Cola y Pepsico concentran el 98,3% de la facturación, y el 97% en volumen. En paralelo, Aguas y aguas saborizadas ADA, Coca Cola y Pepsico concentran el 89,6% de la facturación.

Azúcar: Ingenio El Tabacal, Ledesma y Valpafe concentran el 85% de la facturación y en volumen el 81% 

Caldos: La multinacional Unilever concentra el 90,6%. 

Fideos: Molinos Río de la Plata tiene el 79,4% con 5 marcas: Manera, Mattarazzo, Luchetti, Don Vicente y Favorita.

Embutidos: Swift tiene el 83% de las ventas.

Harinas: Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas tienen el 82,1%.

Leche: Mastellone vende el 69,5% del volumen.

Mermeladas: Arcor posee el 70,7% de las ventas.

Yogures: Danone tiene el 80%

Los minoristas que acompañarán el acuerdo de precios

Representantes del sector almacenero y del supermercadismo manifestaron este jueves su apoyo al acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para “bajar el precio de la canasta básica”.

“Lo importante es poder trabajar en conjunto para solucionar el grave problema que es la inflación, y que nos afecta a todos”, manifestó el director de Marolio, Juan Fera.

“En diciembre de 2019 nosotros pagábamos la tonelada de trigo a US$165, US$170, hoy vale US$ 240”, indicó sobre el aumento de los precios internacionales de las commodities, y agregó: “Entiendo que necesitamos exportar porque necesitamos dólares pero también son productos que se consumen acá”.

En declaraciones a El Destape Radio, el titular de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, planteó sus dudas respecto al cumplimiento de este compromiso por parte de los supermercados, y manifestó su desacuerdo con que estos grandes centros de venta funcionen en grandes ciudades.

«Tengo mis dudas de que el 1 de enero los precios estén al mismo precio (en los supermercados). En Europa están fuera de la ciudad y estaríamos de acuerdo con sacarlos” de los grandes centros urbanos, subrayó.

En este sentido, aclaró que «la Secretaría de Comercio se va a tener que enfrentar a estos monstruos. El riesgo es que esto genere una olla a presión y luego de tres meses aumenten mucho los precios”.