Los pueblos originarios por una nueva prórroga de la ley de emergencia territorial

Representantes de pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y diputados informaron que impulsarán un conjunto de acciones para lograr la cuarta prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades, al tiempo que pedirán más recursos presupuestarios para implementar esa norma.

Por eso, este martes, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, comunidades y organizaciones indígenas realizaron un «abrazo» al Congreso y entregaron un documento con las conclusiones de charlas y debates que incluyó el tema de esta ley y la descolonización.

Sancionada el 1 de noviembre y promulgada el 23 de noviembre de 2006, esta ley declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u otro organismo provincial competente. 

En aquel momento la ley establecía un término de cuatro años para realizar los relevamientos técnico, jurídico y catastrales de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades. Y suspendía, por ese mismo lapso, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objetivo fuera el desalojo o la desocupación de estos territorios. 

Es importante destacar que esta ley no crea un derecho, sino que reconoce un derecho preexistente, presente en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional desde el año 1994, que no sólo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, sino también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. 

Asimismo, esta ley se fundamenta en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales.

Según datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de las 1.760 comunidades indígenas registradas en el país solo 745 cuentan con el relevamiento culminado. Es decir que, resta más del 57% de las comunidades.

El Director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado, desde Chubut dijo a Télam que «la gran cantidad de conflictos que existe en la Patagonia tienen que ver con el incumplimiento de esta ley» y afirmó que «lo que queda por relevar son las partes más conflictivas» por ese motivo «todas las provincias que tienen una presencia indígena están atrasadas con el relevamiento».

Salgado cree que «si no se prorroga» la Emergencia Territorial Indígena «va a haber un incendio porque hay muchas sentencias» que están en suspenso «hasta que se realice relevamiento».

Por su parte, los referentes de pueblos originarios plantean que para solucionar el problema de fondo es necesaria una ley de propiedad comunitaria indígena, que permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados.

Primer paro plurinacional de pueblos originarios

A su vez, este 12 de octubre se realizó el Primer Paro Plurinacional y Concentración en Solidaridad con los Pueblos Indígenas. 

“Con el movimiento decidimos hacer un llamamiento a toda la sociedad. Decimos que todos los territorios y todos los pueblos puedan parar para interpelar a este sistema, que avanza a través del terricidio: nuestros territorios son invadidos por empresas, en general extranjeras, con el aval de los gobiernos. Y con el extractivismo provocaron desastres, asesinando bosques y ríos. Empresas sojeras, forestales. Han hecho un asesinato sobre la diversidad, sobre la naturaleza. El paro es para hacer un llamamiento a la sociedad en general, no solo a nuestros pueblos”, explicó a Tiempo Argentino Evis Millán, miembro del Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

Entre las reivindicaciones al Estado, las comunidades piden: la promulgación «de manera inmediata» de la Ley de propiedad comunitaria indígena, la aplicación de un dispositivo “político, democrático y humano para detener todos los desalojos y operativos represivos contra los Pueblos Indígenas” y el cese de la criminalización sobre estas comunidades.