Ambiente y Hábitat

13 octubre, 2021

La ONU creó la figura de relator para la protección de los DD.HH. frente al cambio climático

También reconoció que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se puede disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el viernes pasado la figura de relator para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático y aprobó una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano.

Costa Rica fue el principal impulsor de esta iniciativa, que destaca que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos ya reconocidos en el derecho internacional, es decir que son de aplicación universal. 

«Se trata de una aspiración común, de personas en todas partes del mundo. Aprobar esta resolución será un mensaje común y poderoso para quienes luchan contra las dificultades ambientales, para decirles que no están solos, que sus voces son escuchadas», dijo una diplomática costarricense al presentar la iniciativa.

La resolución alienta a los países a crear capacidades para favorecer la protección del medio ambiente y cumplir por esta vía sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, a intercambiar conocimientos entre ellos y adoptar políticas acordes con este fin.

A su vez, también se creó la figura de relator para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático. La jefa de la delegación de la UE ante la ONU en Ginebra, la embajadora Lotte Knudsen, consideró que se trataba de «una señal fuerte, en particular con vistas a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26)».

El relator, nombrado por un período de tres años, se encargará de estudiar y determinar «cómo influyen los efectos adversos del cambio climático, incluidos los desastres repentinos y los desastres de evolución lenta, en el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos», y formular recomendaciones.

La naturaleza como portadora de derechos: de objeto a sujeto

Según el último informe de Armonía con la Naturaleza, impulsado por las Naciones Unidas, las leyes, decisiones judiciales o políticas relativas a los derechos de la naturaleza existen actualmente en docenas de países. Se trata de una iniciativa que busca que se considere a la naturaleza como sujeto y no como objeto, lo que implica un cambio de paradigma. Sin embargo, desde el sur global hace años que se empezó a impulsar está idea de la naturaleza como sujeto de derechos en los marcos legales y constitucionales de varios países. 

En ese sentido, en 2008, Ecuador reformó su constitución e introdujo los derechos de la Pachamama o naturaleza, reconociendo que posee derecho a la restauración, a la regeneración de sus ciclos vitales, y al respeto a su existencia. El artículo 71 afirma: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Posteriormente, Bolivia sancionó dos leyes que reconocen los derechos de la Madre Tierra en 2010 y 2012.

A su vez, en los últimos años, los tribunales de Colombia e India y el Parlamento de Nueva Zelanda han reconocido que los ríos y otros ecosistemas poseen ciertos derechos legales. En el caso de los tribunales colombianos se han reconocido los derechos de la selva amazónica, dos parques nacionales y al menos diez ríos (Atrato, Cauca, Coello, Combeima, Cocora, La Plata, Magdalena, Otún, Pance y Quindío), que cubren más del 80 % del país.

Las leyes de los derechos de la naturaleza pueden ser aplicadas tanto por las personas como por los gobiernos. En Ecuador, por ejemplo, el primer caso que se decidió en virtud de la Constitución de 2008 fue iniciado por dos residentes de Ecuador en nombre del río Vilcabamba. Ellos presentaron el caso argumentando que la construcción de carreteras del gobierno violaba los derechos del río, ya que afectaba su flujo natural. En 2011, la Corte Provincial de Justicia de Loja estuvo de acuerdo. Esta fue la primera vez que un tribunal afirmó que la naturaleza posee derechos legales.

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