Batalla de Ideas

5 octubre, 2021

Los paisajes del despojo mapuche

Ante la multiplicación de los conflictos territoriales que involucran a comunidades mapuche, se vuelve necesario reflotar el debate por el origen de la situación actual de este pueblo y seguir discutiendo las formas en que la violencia hacia los pueblos originarios se reproduce en el presente sobre la base de una configuración histórica de la desigualdad.

Sabrina Aguirre*

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Cada vez que sale a la luz un conflicto que involucra a comunidades mapuche, emergen los argumentos que las presentan como portadoras de un voraz deseo de acaparar tierras mediante la acción ilegal y en perjuicio de quienes tienen legalizada su permanencia en el espacio a través de títulos de propiedad. En esta trama argumental hay una figura favorita: la de la “usurpación mapuche”, que sirve como impulso para las causas penales que tienen como parte imputada a muchas comunidades, para las órdenes de desalojo e incluso para la entrada de las fuerzas de seguridad en territorio indígena.

Hemos naturalizado una versión de la historia que sostiene que en algún momento muy lejano se repartieron las cartas con las que hoy se juega, y que hay que aceptar lo que a cada uno le tocó. A unos les tocó tener las cartas de las estancias, y a otros les tocó vivir trasladándose de una tenencia precaria a otra.

Todo este razonamiento se construye sobre el pensamiento de que como el reparto de cartas sucedió hace tanto tiempo, no vale la pena discutir en qué términos se realizó. El problema con esta idea es que en realidad el despojo -siguiendo la propuesta de la geógrafa Diana Ojeda- configura paisajes que no solo se fundan en un evento violento de desposesión. Sino que la desposesión es un proceso prolongado y reconfigurado a lo largo del tiempo en tramas que llegan hasta el presente.

Para 1870, antes de la “Campaña al desierto”, Argentina era un puñado de provincias que no incluía ni la Patagonia ni la zona del Chaco. La Patagonia ya tenía su población y su civilización: los pueblos indígenas. La “conquista” del “desierto” no fue otra cosa que una campaña para anexar las tierras por medio de la violencia, exterminando o expulsando a sus pobladores originales, y luego incorporando sus remanentes como mano de obra barata.

Este hecho, que incluyó campos de concentración, caminatas en situaciones infrahumanas, violencia sexual, desmembramiento de familias, entre muchas otras situaciones, fue el que fundó el paisaje de despojo mapuche. Las clases dominantes se apropiaron del mazo por medio del Estado y repartieron las cartas. Los notables apellidos de Buenos Aires se volvieron los propietarios ausentes de la Patagonia.

Luego al Estado le preocupó asentar población que tradicionalmente tenía pautas de vida móviles, a la cual se fueron sumando inmigrantes. En las tierras cercanas a la cordillera las grandes estancias de propietarios privados nacionales y extranjeros marcaban la pauta de ocupación del espacio, salvo en recovecos donde se sostenía presencia indígena.

Durante unas dos décadas, en este plan de radicación fueron contempladas las familias indígenas, prometiendo en muchos casos la propiedad de la tierra si se cooperaba con el Estado. Corría la década de 1910 cuando estas promesas empezaban a ser abandonadas. La propiedad sería concedida preferentemente a las familias con capital.

El Estado, entonces, reguló el acceso de los pueblos indígenas a la tierra, y en beneficio de otros actores, los mantuvo como habitantes precarios que casi nunca llegaron a titularizar las tierras. Este fue el caso, por ejemplo, de las comunidades Campo Maripe y Fvta Xayen (ambas cerca de Añelo), que sin poder acceder a la propiedad de sus tierras entraron en conflicto con privados que las titularizaron durante la última dictadura militar (1976-1983).

En los casos en los que hubo títulos de propiedad en favor de los mapuche, los actores dominantes regionales, muchas veces comandando las instituciones locales del Estado, mezclaron estrategias legales e ilegales para ejecutar nuevos despojos. Este fue el caso de la comunidad Paicil Antriao (en Villa La Angostura) a partir de la década de 1950. Las comunidades fueron arrinconadas a lo largo del siglo XX a espacios marginales y carentes de recursos básicos como el agua.

También hubo otros casos en los que el propio estado de Neuquén reconoció tierras en reserva, aunque ante la posibilidad de desarrollar actividades lucrativas despojó parcialmente a las familias mapuche de lo previamente reconocido. Esto sucedió con la comunidad Puel (en Villa Pehuenia) en los ‘80.

Es decir, ese hecho fundante pleno de violencia que “repartió” las cartas se prolongó y se reactualizó. Los paisajes del despojo mapuche se están configurando también en la actualidad y no son meramente cosa del pasado. Sobre la base de esa mano de cartas tan pobre para los pueblos originarios, actualmente se siguen sucediendo estrategias de juego que, sin esa violencia característica de la “conquista” del “desierto”, reproducen sus consecuencias y las refuerzan. Se trata de una violencia de la vida cotidiana que agrava las desigualdades.

Un ejemplo de ello es la resistencia de algunos estados provinciales a aplicar las leyes nacionales y normas internacionales del derecho indígena, que buscan revertir situaciones históricas de desigualdad hacia estos pueblos. En Neuquén, el estado reglamentó en 2002 la Ley nacional 23.302 para imponer criterios más restrictivos para reconocer a una comunidad como tal -esta normativa local fue declarada inconstitucional aunque aun así no se ha derogado. También se ha negado sistemáticamente a relevar las tierras indígenas acorde a la Ley 26.160 del año 2006.

Aunque este año se han abierto nuevamente las negociaciones para firmar un convenio de relevamiento entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la provincia, el camino seguido para llegar aquí ha sido desalentador. Esto se agrava a partir de la extendida creencia de que los funcionarios locales no deben capacitarse en derecho indígena, como sostuvo el secretario de desarrollo y medio ambiente en un juicio del 2019. Como si no hubiera derecho que reconocer, y abonando la imputación penal por agravios a la propiedad privada, desconociendo los trasfondos históricos de las tierras en disputa.

El paisaje del despojo mapuche incluye las formas de violencia histórica en la obligación de habitar espacios marginales y desprovistos de recursos, en el avance de actividades extractivistas y contaminantes sobre los espacios indígenas, que son tenidos como “territorios sacrificables”. Pero también integra las violencias cotidianas de quienes lo caracterizan como un pueblo sin derechos y lo construyen como criminal -incluso imputando a sus miembros penalmente- por defender sus territorios. La estigmatización y la difusión de representaciones estereotipadas forman parte de esto.

La pregunta que queda por hacernos es qué formas de apropiación social de esas violencias de larga data y de la cotidianeidad estamos poniendo en práctica y cuáles podemos lograr cambiar. Un camino posible empieza por reconocer estos despojos como una violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto supone colocar al Estado en un rol central para la reparación. Una reparación histórica, en tanto ha sido el mismo Estado el que ha actuado haciendo mella a las condiciones de vida de los pueblos indígenas en el pasado -en defensa de intereses de actores dominantes locales y extranjeros-, y se encuentra actualmente en una posición dual: responsable del despojo y responsable del desagravio.

Otro camino se vincula con el rol de quienes, desde diferentes lugares, estudiamos la realidad social. Nos queda la tarea de habilitar ciertas condiciones para desterrar el negacionismo y que exista una apropiación social de la historia que incluyó un genocidio y que posteriormente lo vio prolongar sus consecuencias hasta el presente.

También estamos recorriendo un camino intercultural que es necesario fortalecer y ampliar. Desde el entendimiento de que a raíz de esa historia de despojo y de los actores dominantes que han oprimido y oprimen tanto a los pueblos originarios como al que se reconoce como argentino, debemos asumir que estos pueblos caminan juntos inevitablemente.

Estos caminos, que no pueden encontrarnos separados, pueden llevarnos a construir un mundo donde quepan otros mundos, no mediante una inclusión subordinada sino mediante un diálogo sobre la base de la identidad, el territorio y la autonomía. Así pueden estos caminos revertir los paisajes del despojo.

*Historiadora y docente de la Universidad Nacional del Comahue

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