El CELS volvió a señalar al Estado argentino por la detención arbitraria de Milagro Sala

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) nuevamente hizo un señalamiento ante la CIDH “por la situación de hostigamiento y criminalización que padece Milagro Sala desde que Gerardo Morales asumió el gobierno de la provincia de Jujuy”, centrándose en una de las causas en su contra, conocida como “la de las bombachas”, donde se la acusa de haber hecho una amenaza de bomba por teléfono a dos policías jujeños.

“A partir del 10 de diciembre de 2015, la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial provincial”, señaló el organismo en un comunicado. En ese momento, Milagro ocupaba una banca en el Parlasur por el Frente para la Victoria.

A las pocas semanas de la asunción del gobernador radical Gerardo Morales, en enero de 2016, la dirigenta social e indígena fue detenida por haber participado de un acampe en el que los movimientos le exigían a Morales diversos pedidos de audiencias.

Desde ese entonces, la criminalización de la protesta se incrementó junto con el Decreto 403-G-16, “que estableció la suspensión e inicio de un proceso de retiro de la personería jurídica de aquellas organizaciones que permanecieran en la manifestación que inició en diciembre de 2015”, recordó el CELS. Esta medida incluyó la pérdida de los beneficios sociales de los acampantes.

“La aparición de este decreto quebró la movilización y el acampe e hizo que algunas de las organizaciones sociales abandonaran la protesta por temor a perder sus personerías jurídicas y/o el acceso a derechos sociales, sufrir la aplicación de multas costosas, o incluso ser objeto de persecuciones judiciales”, continuaron.

Además, destacaron que luego de que se rechace el pedido de excarcelación a fines de enero de 2016, “se desató un feroz proceso de criminalización sobre Milagro Sala a través del uso del poder judicial”, llegando a acumular once causas en su contra y una causa contravencional, la mayoría de ellas desestimadas por la justicia.

Hasta el día de hoy, Milagro continúa siendo una presa política. “Todo esto, atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra”, consideró el CELS.

Según el organismo de derechos humanos, estos hechos tuvieron un impacto negativo en su organización, “que vio su personería jurídica suspendida por ejercer su derecho a protestar, sufrió allanamientos, la detención de otres integrantes e incluso debió soportar una intervención dictada por un decreto del propio Gerardo Morales”.

“En Jujuy, en los más de dos mil días de detención de Milagro Sala, se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. Esto muestra que la persecución a Milagro Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y limitar seriamente el derecho a la protesta”, concluyeron.

Días atrás, otros presos políticos jujeños difundieron una carta expresando su “profunda preocupación” por la salud de Milagro, “que a lo largo de esta injusta y arbitraria detención por orden de Gerardo Morales se fue deteriorando notoriamente”.

“No esperamos nada del Poder Judicial de Jujuy, hace años que la Corte Suprema de la Nación posterga su intervención, estamos en sus manos, nuestra libertad depende de las 5 personas más cuestionadas por estos días, ellos tienen el poder sobre nuestras vidas”, indica el escrito.

Por último, aseguraron que “la prisión domiciliaria no es la solución”, y que entienden que hoy son presos políticos “del gobierno de Alberto Fernández, porque fue la voluntad política la que nos encarceló y aún hoy seguimos igual”. Y finalizaron: “Si la política nos encerró que la política nos libere, eso pide el pueblo”.