Política

4 octubre, 2021

Un Poder Judicial porteño a la medida del oficialismo

La última semana, la Legislatura porteña sancionó una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Una iniciativa inconstitucional y a beneficio del expresidente Mauricio Macri.

Pablo Vicente*

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El último jueves, legisladores del oficialismo porteño lograron aprobar una ley que permite recurrir fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con 38 votos a favor y 20 en contra, quedó sancionada en la Legislatura porteña una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ, que lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

En CABA, la mayoría automática que dispone el oficialismo en la Legislatura llevó a cabo una modificación que está prohibida por la Constitución y las leyes nacionales. En efecto, las legislaturas locales no pueden intervenir en temas relativos al orden nacional, y la organización de la justicia nacional le corresponde al Congreso de la Nación. Es decir que la legislatura de la Ciudad en modo alguno puede determinar qué jueces u organismos pueden revisar las sentencias de los jueces nacionales.

El entramado legislativo comenzó a tejerse el pasado 17 de septiembre, día en el cual se reunió la Comisión de Justicia de la Legislatura, que preside el ex ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo (UCR-Evolución). En el orden del día, aguardaba ser tratado un proyecto destinado a regular las audiencias administrativas y judiciales virtuales o mixtas e implementar las notificaciones electrónicas, el cual era de la autoría de María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos). En dicha reunión, la autora del proyecto explicó los lineamientos generales de la iniciativa, y logró el consenso para que sea acompañado por la oposición, incluido el Frente de Todos.

Sin embargo, al instante tomó  la palabra el legislador Gastón Blanchetière (Vamos Juntos), que tras invocar la autonomía de la CABA pretendió introducir hacer un agregado y “otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires”. Así y en ese instante modifico el proyecto de origen avanzando en pos de lograr una reforma sobre cuestiones que atañen al sistema judicial nacional, no local, generando el rechazo de la oposición.

La inconstitucionalidad aquí sostenida no es una mera opinión, sino que surge de la simple lectura de la Carta Magna. En tal sentido, a partir del año 1994 se incorporó el articulo 129 al texto constitucional a través de la ley 24.588, la cual en su artículo 8° dice con claridad que la “justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”.

La norma es clara en cuanto excluye del ámbito de entendimiento al Poder Judicial de la Ciudad, que sólo tiene jurisdicción sobre las causas de “vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales”.

Ahora bien, para comprender cuál ha sido el motivo por el cual 38 legisladores votaron una ley abiertamente inconstitucional, cabe hacerse dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los intereses que los han movilizado a tamaña aventura legislativa, torciendo el orden constitucional de atribución de competencias en los tribunales? En segundo lugar, ¿por qué la insistencia en que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad el órgano elegido para revisar sentencias dictadas por jueces de poder judicial de la Nación?

Las respuestas a ambos interrogantes deben buscarse en Mauricio Macri, la Causa del Correo Argentino y la designación arbitraria de jueces afines en el ámbito de la Ciudad.

El 30 de septiembre, el Poder Legislativo porteño convirtió en ley una estrategia de defensa planteada por los abogados del expresidente argentino en la causa de Correo Argentino. Aquellos plantearon que el TSJ debía intervenir en dicha causa y revisar las decisiones tomadas por la justicia Comercial de la Nación, para que revierta la suerte del expediente que terminó en la quiebra de la empresa en julio de este año. En definitiva, se busca institucionalizar el Forum Shopping a través de una ley.

A los fines de encontrar respuestas a los interrogantes antes planteados, es útil recordar que cuando en la causa Correo Argentino (que lleva 20 años de trámite en la Justicia Comercial Nacional) se aproximaba la declaración de quiebra, la empresa decidió pedirle a la Corte porteña que aparte a la fiscala de la causa ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, y a la jueza Marta Cirulli.

Boquin es quien denunció en 2017 el intento del Correo de licuar su deuda millonaria en un acuerdo con el Estado Nacional, cuando quien gobernaba era el propio Mauricio Macri. Cirulli es la jueza que finalmente decretó la quiebra y se hizo eco de todas las denuncias de maniobras fraudulentas de la fiscalía. Es claro que el Clan Macri (accionistas de Socma, la principal controlante del Correo) fue al TSJ con la esperanza de conseguir un fallo favorable que no conseguían en la Cámara Comercial. 

Ante la presentación realizada por la familia Macri y su pretensión de dar intervención al TSJ, la fiscala Boquin en su dictamen afirmó: “No puedo dejar de advertir el intento de la concursada (Correo) de derivar el trámite de las presentes actuaciones a una jurisdicción que no tiene competencia material ni territorial. La reserva efectuada constituye un intento de sustraer la causa de sus jueces naturales. Carece de base legal, resulta temeraria y configura un claro caso de forum shopping”.

En una de las últimas presentaciones, la empresa buscó impedir el avance de medidas de prueba que podrían comprometerla en distintas formas de fraude en el concurso de acreedores, que está a cargo del juzgado comercial de Marta Cirulli. Ahí mismo anticipó que se guarda la posibilitad de recurrir al TSJ.

Por otra parte, la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como órgano revisor de sentencias dictadas por las Cámaras de Apelaciones Nacionales contribuye al desgaste de trabajadores, usuarios y demás actores reclamantes en los procesos judiciales en trámite ante la justicia ordinaria de Nación, quienes con una nueva instancia de revisión de las sentencias ven como se devalúan sus pretensiones económicas y se dilatan (aun mas) en el tiempo su derecho al cobro. Claramente los beneficiados serían los grandes grupos económicos del fuero Comercial, Civil y Laboral.

Tribunal Superior de Justicia: ¿quién es quién?

De los cinco jueces que integran el Tribunal TSJ porteño, tres se vinculan abiertamente con el oficialismo de la Ciudad. El caso más escandaloso es el de Santiago Otamendi, quien llegó en el año 2019 directo del gabinete de Germán Garavano, donde era secretario de Justicia. Asumió con 41 votos a favor, el FDT votó en contra.

Marcela De Langhe, aunque tiene un perfil más aceptable en términos de carrera judicial, se vincula fuertemente con la política del macrismo en materia de seguridad, primero con la gestión de Martín Ocampo y más tarde Diego Santilli. Entre los elementos que formalizan esta relación, cabe mencionar que la jueza fue directora del Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad, cargo al que tuvo que renunciar para acceder al superior tribunal por acusaciones de incompatibilidad (recordemos que solo es compatible la Magistratura con la docencia, no con cargos de gestión). También fue nombrada en 2019, por 43 votos, con la abstención del FDT.

Ines Weinberg completa la terna y es quizás la más conocida. Llegó al Tribunal Superior en el año 2013, en reemplazo de Julio Maier (quien se jubiló en 2009). En su momento, el PRO impulsó sin éxito a la fiscal Daniela Ugolini (completamente alineada con la política de Macri pero de escasos pergaminos académicos) pero no prosperó: cosechó una serie de rechazos de la comunidad jurídica y social de la Ciudad que hicieron que se retiraran los pliegos. Weinberg apareció años más tarde como una alternativa más digerible a la original y desde entonces ha sido la propuesta de Macri para los cargos donde tuvo que impulsar perfiles propios apuntados a la búsqueda de legitimidad y consenso (por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación).

La carrera de Weinberg es profusa en el país y en el extranjero (fue jueza del tribunal de Ruanda y de la ex Yugoslavia, jueza civil y profesora titular de la FD). Este perfil más “votable” fue la carta que, negociaciones mediante, permitió partir el bloque de Proyecto Sur para lograr los 40 votos necesarios en la Legislatura -legisladores Pablo Bergel, Adrián Camps, Virginia González Gass, Julio Raffo-.

Las otras dos bancas son históricamente ocupadas por candidatos del peronismo. Allí están Alicia Ruiz y Luis Lozano. Ruiz fue jueza del trabajo, es profesora de filosofía del derecho y es una de las referentes de la teoría crítica del derecho argentina, una escuela de pensamiento de alcance internacional inaugurada en 1970 por Enrique Marí, como así también del pensamiento jurídico feminista. Es la única que mantiene un criterio independiente y opositor a la gestión de JxC, votando en muchos casos en soledad. Integra el Tribunal desde su creación en 1998.

La otra silla la ocupa, desde el fallecimiento del juez Muñoz, Luis Francisco Lozano. De un perfil bastante inclasificable, el juez se dedicó casi siempre a su actividad profesional en forma independiente. Ligado al peronismo y a la escuela egológica del derecho (fundada por Carlos Cossio) su trayectoria profesional y docente se desarrolló (a diferencia de lo que indican los manuales) en universidades privadas y grandes estudios.

Como asesor, comenzó a ser conocido cuando asume en la gestión de Alderete, ministro sindicalista que reemplazó a Casela durante el gobierno de Alfonsín. Como juez de la Ciudad, fue impulsado en el 2004 por el ibarrismo (en ese momento Olmos no existía). Desde entonces tejió lazos con diferentes sectores: sus vínculos con el sector privado lo transformaron en un perfil dirigible para el PRO al tiempo que mantuvo (y, con Olmos, mejoró) contactos con la oposición. Así llegó a la Presidencia del Tribunal, cargo que conservó hasta que la mayoría amarilla le confinó el golpe institucional en 2015. La jugada fue idéntica a que se realizó en la CSJN con Lorenzetti y las comparaciones entre este último y Lozano en cuanto a perfil abundan.

Si el Tribunal Superior de la Ciudad se aboca a revisar las sentencias de los tribunales nacionales, estaría pisando una jurisdicción ajena. Tan ajena que, por ejemplo, a los jueces contenciosos porteños los eligen la Legislatura de la CABA y Ejecutivo porteño, pero les jueces contenciosos nacionales o comerciales o civiles, son elegidos con acuerdo del Senado y el Ejecutivo Nacional. 

Pese a que esta organización es clara y ninguna ley la modificó, hubo dos casos emblemáticos donde el propio TSJ admitió meterse en territorio nacional. El más reciente y escandaloso es el concurso de acreedores del Correo Argentino, al cual se hizo referencia anteriormente. El otro antecedente previo fue cuando el propio TSJ habilitó este camino fue el reclamo realizado por el periodista Gabriel Levinas, condenado en sede civil a pagar 88.000 dólares por una demanda de la familia del artista plástico León Ferrari, ya que aquel vendió obras de arte que Ferrari le había dado para exhibir en París y tampoco le devolvió el dinero. En ese caso, los cortesanos de CABA se metieron con la Justicia Civil a nivel nacional, anunciando que lo harían en otros casos también. 

El trío de jueces oficialistas que integran el TSJ es el que aceptó, tanto a pedido de Levinas como del Correo, ponerse a revisar lo que hace la justicia comercial nacional. La discusión escaló hasta la Corte Suprema, que tiene pendiente una decisión sobre el asunto. El procurador interino, Eduardo Casal, ya opinó ante los supremos que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia” dictada por la justicia nacional.

“La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación”, dijo. 

*Abogado. Integrante del colectivo Atrapamuros.

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