Ley de etiquetado: soberanía alimentaria y derechos humanos

Sofía Callao

COMPARTIR AHORA

Luego del debate en cuatro comisiones (Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, de Defensa del Consumidor, y de Industria), el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable obtuvo dictamen el 13 de julio y no recibió modificaciones en el articulado.

Este martes será tratada finalmente en la Cámara de Diputados y hay rumores de que no está asegurado el quórum. En las redes sociales se viene alertando sobre esta situación y exigiendo que se garantice el quórum, y que se apruebe la ley para avanzar en el cuidado de nuestra salud y garantizar nuestros derechos y el de nuestros niñes. Uno de los espacios para exigir a les diputades el tratamiento de esta ley es la plataforma https://www.etiquetadoclaroya.org/

Esta ley contempla, entre varios puntos, el etiquetado frontal de advertencia para alimentos y bebidas utilizando octógonos negros con la leyenda “exceso en” al frente de cada envase. El octógono debe agregarse cuando alguno de los nutrientes críticos (azúcares simples, grasas totales, grasas saturadas, sodio) se encuentre por encima del límite que establece el perfil de nutrientes recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La aplicación del etiquetado frontal en países como Chile y México demostró ser el mejor sistema de etiquetado para desalentar efectivamente el consumo de productos ultraprocesados cuyos ingredientes, perjudiciales para la salud, son siempre los mismos: aceites vegetales hidrogenados, azúcares, jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), jarabe de glucosa, glutamato monosódico (GMS), etcétera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de ultraprocesados por estar asociados a condiciones de hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia y exceso de peso, todos factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, afecciones renales, etc.

Las ECNT son responsables del 73,2% de las muertes en Argentina. Esto equivale a 687 fallecimientos por día. Los resultados de la Encuesta de Factores de Riesgo 2019 del Ministerio de Salud y la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2018 son alarmantes: 13.6% de los menores de 5 años,  41.4% entre 5 y 17, y 66% de mayores de 18 años, tienen exceso de peso.

Además del etiquetado, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable establece varios puntos: la obligatoriedad de declarar azúcares libres; las prohibiciones publicitarias especialmente infantiles; la obligación por parte del Estado de priorizar en la compras productos que no tengan sellos; el establecimiento de contenidos mínimos de educación alimentaria en nivel inicial, primaria y secundaria; la prohibición de comercializar y ofrecer productos no saludables en entornos escolares.

El fin último es garantizar el derecho a la alimentación adecuada, a la información y a la salud, derechos reconocidos en nuestra constitución pero vulnerados en la práctica por la vía libre que tienen las empresas para promocionar el consumo de productos o “diseños comestibles” con ingredientes baratos, adictivos y dañinos, ocultándonos esa información.

Niñez vulnerada

Les niñes y adolescentes son los más vulnerables ante estos hechos. No sólo su crecimiento está marcado por un aumento de nutrientes de mala calidad sino por la falta de nutrientes y vitaminas necesarios para su desarrollo, generando sobrepeso y obesidad, y también anemias, retrasos de crecimiento, raquitismo por falta de calcio, etcétera.

Tanto en entornos escolares como en espacios de entretenimiento y publicidades, las marcas dirigen estos productos de la desnutrición a la población infantil con todo tipo de colores, personajes, premios y juegos. Esto incluye tanto golosinas como productos recomendados como saludables, por ejemplo yogures, postres, jugos, galletitas, cereales de desayuno y otros.

Conflictos de intereses

Desde el otro lado del mostrador se mostró una feroz batería de estrategias de lobby empresarial para frenar esta iniciativa. Empresas tan conocidas como Danone, La Serenísima, Nestlé, Milkaut, Coca Cola y su embotelladora Femsa, Ledesma y varias azucareras, bajo el ala de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) despliegan no sólo presiones a través de declaraciones de sus representantes sino también con financiamiento.

Convenios con el ministerio de educación nacional, donaciones de productos para diversos programas de alimentación, esponsoreos de congresos científicos, son ejemplos de esto. El ex-director de la Copal y actual presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, declara: esta ley “demoniza los alimentos”, “genera confusión en el consumidor”.

Profesionales de la salud y funcionarios con conflictos de interés también se posicionan en contra: Alberto Cormillot, dueño de su propia línea de productos ultraprocesados opina que “Si todo es negro, nada es negro”. Mientras Monica Katz, ex directora de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) participa de la campaña “Tu porción justa”, un rotulado creado por la empresa de golosinas Arcor. Y Sergio Britos, que pertenece a la Sociedad Argentina de Nutrición y recibe financiamiento de Danone y Nestlé.

El funcionario Jorge Neme, ex director de una empresa azucarera y actual Vicejefe de Gabinete de ministros con claros conflictos de interés, opinó: “Me parece que es mucho más serio que las empresas conserven la posibilidad de crear empleo, de exportar, que de pronto alguien se sienta molesto porque un dulce de leche tiene mucha azúcar o algún chorizo tenga exceso de grasa. No son cosas que van a cambiarle la vida a la sociedad”. Y el propio, Juan Manzur, actual Jefe de Gabinete apuntó que “científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud”.

Las grandes empresas y quienes son financiados por ellas, vienen llevando adelante un fuerte lobby para retrasar el tratamiento de la Ley y que pierda estado parlamentario. Del lado de enfrente está nuestro derecho a la salud y a una alimentación consciente y sana. Lo que está en disputa es nuestro derecho a decidir qué comer, conociendo qué es lo que realmente estamos consumiendo.

*Licenciada en Ciencias Biológicas UBA