El Mundo

4 octubre, 2021

Castillo proclama en Perú la segunda reforma agraria

Con eje en la agricultura familiar y campesina, la medida beneficia a más de dos millones de productores y busca proveer de tecnología y conectividad al sector agrícola del país sin «expropiar a nadie ni afectar el derecho a la propiedad».

A 52 años de la primera reforma agraria encabezada por el gobierno de de Juan Velasco Alvarado, el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció este domingo el lanzamiento de una «segunda reforma agraria» destinada a proveer tecnología y conectividad, a «poner en valor» la producción local y beneficiar de ese modo a más de dos millones de personas.

El programa, que incluye la creación de un «gabinete de desarrollo agrario», tiene «cinco ejes de trabajo» y «no busca expropiar tierras ni afectar el derecho de propiedad de nadie», afirmó el mandatario. «Planteamos cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se ponga al servicio de los agricultores familiares relegados durante décadas, gobierno tras gobierno, y eso termina hoy», expresó.

Los ejes centrales que contempla la iniciativa buscab potenciar a los pequeños productores, donde el cooperativismo, la asociatividad y la industrialización del campo serán los pilares fundamentales.

Entre estos ejes se destaca «la protección y el cuidado del agua», para lo cual «se implementará un programa de siembra y cosecha de agua que incluya la construcción de cientos de cochas (lagunas) y microrreservorios en nuestras cuencas andinas», sostuvo Castillo.

«Sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay alimento; el agua es escasa y tenemos que aprender a usarla eficientemente», para lo cual «impulsaremos un programa masivo de tecnificación de riego a nivel nacional», aseveró.

A su vez, el mandatario señaló que otro de los ejes «contiene los elementos centrales de transformación que llevarán a un cambio estructural de la agricultura: más asociatividad y cooperativismo entre los productores, así como industrialización y fomento rural».

«Reconoceremos a las comunidades campesinas y nativas, no solo como organizaciones sociales, sino también productivas y empresariales con plenos derechos económicos», indicó.

Asimismo, Castillo dijo que la reforma busca dar un acceso más justo a los mercados, para lo cual impulsará un «programa ambicioso de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar», al que se destinarán unos US $72,5 millones en los próximos 12 meses.

«Igualmente, invertiremos recursos públicos para la construcción de mercados de productos en todas las provincias del país, articulando una red de mercados modernos», puntualizó.

En 1969 el régimen velasquista comenzó un proceso histórico de expropiación de alrededor de 15 mil fundos que concentraban más de 9 millones de hectáreas. Estás tierras fueron a manos de la Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), entidades asociativas estatales.

Posteriormente en los años 80 hubo grandes tomas de tierras en el sur del país. Finalmente, en la década del 90, las políticas neoliberales de Alberto Fujimori dieron por tierra con la reforma agraria al impulsar un régimen especial agrario que favoreció la formación de neolatifundios.

Reforma Agraria: una lucha inconclusa para terminar con el hambre en la región

Solo en Argentina aproximadamente el 70% de los alimentos que se consumen diariamente lo producen pequeños y pequeñas productoras y campesinos de esta economía con apenas el 17% de las tierras productivas disponibles. Se trata de el “otro” campo que en su mayoría trabaja bajo la modalidad de arrendamiento en un sistema violento y excluyente que los expone a la incertidumbre de no tener control y autonomía sobre sus territorios.

Si bien en Argentina hay muy pocos datos oficiales sobre la compra y venta de tierras, fue a partir de la primera oleada neoliberal de los años noventa donde, con el debilitamiento del rol del Estado, se agudizó el proceso de concentración y extranjerización de la tierra.

Asimismo, en toda América Latina según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La región registra la distribución de la tierra más desigual del mundo. En ese sentido, el coeficiente de Gini que mide esta desigualdad, aplicado a la distribución de la tierra, alcanza a 0,79, muy por delante de Europa (0,57), Africa (0,56) y Asia (0,55).

Este problema estructural del continente, no sólo genera minorías privilegiadas que concentran la tierra, el agua, los minerales y los productos, sino que deja en manos de este sector algo tan importante para la vida de nuestros pueblos como la soberanía alimentaria.

Esta solo puede ser asegurada con la intervención del Estado evitando la concentración y favoreciendo el acceso a la tierra al “otro campo”. 

No se trata solo de una reforma que asegure los derechos posesorios de los pequeños y pequeñas productoras. Sino que es necesaria una transformación integral que involucre la defensa del medio ambiente, el comercio justo y modelos de producción agroecológicos sin químicos y transgénicos. En definitiva, es democratizar el acceso a la tierra construyendo un modelo de vida alternativo al agronegocio.

Una reforma que proteja la biodiversidad, que ponga nuestro suelo y nuestra agua en función de los intereses de la mayoría de la población y que garantice alimentos sanos y saludables para todos y todas, fundamentalmente los niños y niñas. 

Para ello es fundamental un Estado que no sólo proteja a quienes producen los alimentos sino que también fomente la organización de un modelo de producción agraria sustentable basado en los principios de la soberanía alimentaria, la agroecología, la cooperación, libre de agrotóxicos y semillas transgénicas.

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