Nacionales

4 octubre, 2021

CABA y el debate sobre los juicios por jurado

El ejercicio de la búsqueda de la imparcialidad de forma crítica y horizontal es un proceso que le importa a una comunidad completa y sus partes. La deliberación de la ciudadanía como un proyecto potencial transformador supera los límites de un Derecho, que suele tener restricciones a la hora de dar respuestas fuera del verticalismo tradicional.

Belén Romano*

COMPARTIR AHORA

Junto con la modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ, que lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal, la Legislatura porteña aprobó la aplicación del Juicio por Jurados en la Ciudad de Buenos Aires para entender en delitos con penas igual o mayor a 20 años.

Con esta ley se abre la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en la administración de la Justicia y decidir con respecto a la culpabilidad o no de personas imputadas por delitos graves, como el homicidio, las violencias sexuales y otro tipo de crímenes. El veredicto, sea para condenar o absolver, deberá ser unánime y además será definitivo e irrecurrible, salvo en caso de condena.

El juicio será dirigido por un único juez profesional que se encargará de explicar al jurado la ley aplicable al caso en debate. De no llegar a la unanimidad, se realizará un nuevo juicio, lo que atenta contra el principio de in dubio pro reo, debiéndose en su caso absolver si el jurado no alcanza la unanimidad, siendo erróneo la realización de un nuevo debate oral.

La ley establece las siguientes características propias del modelo clásico de juicio por jurados, que estará conformado por 12 personas, debiendo ser 10 ciudadanos en igualdad de género (cinco varones y cinco mujeres), de modo de dejar de acuerdo al litigio de partes el espacio para que integren el jurado personas no binarias.  Para cada caso, se convocará a 36 personas y se llevará adelante una audiencia de voir dire para seleccionar de manera imparcial a los 12 jurados y a dos suplentes. Las partes podrán recusar sin causa a cuatro jurados cada una.

El padrón de los jurados será elaborado por el Consejo de la Magistratura y estará basado en el padrón electoral.  Dentro de los 60 días de la publicación de la ley, el Consejo procederá a confeccionar los listados principales de ciudadanos y ciudadanas, y a efectuar el correspondiente sorteo en audiencia pública para el año 2022.

Para ser jurados hay que ser argentino o argentina, tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y poseer domicilio no inferior a cuatro años en la ciudad.

Por otra parte, quedarán excluidas de ser jurados las personas que tengan responsabilidades públicas de relevancia (por ejemplo, presidentes, jefes de gobierno,  funcionarios políticos o del Poder Judicial), abogados, escribanos, integrantes de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados. También quedan eximidas las personas que tengan alguna enfermedad física o mental que les impida ejercer la función.

El proyecto, que fue discutido ampliamente en distintos espacios, fue aprobado por legisladores y legisladoras del PRO, la UCR, el GEN, la Coalición Cívica, el Frente de Todos y Confianza Pública.

Las discusiones se dieron alrededor de planteos en donde, por un lado, la falta de conocimientos técnicos para debatir un tema parecería ser uno de los principales. El conocimiento específico sobre la implicancia del alcance de la inimputabilidad, las causas de justificación y los diferentes grados de participación dentro de un hecho fueron algunos de los ejemplos.

La contracara de estos debates amplió las miradas hacia un rumbo que se aleje de la cultura intelectual y la romántica idea de objetividad normativa. La idea de los jueces como meras voces repetidoras de la ley parece afirmar que la valoración de la norma y la suposición de sentencias neutrales fueron un ideal que siempre estuvo en desuso.

Los jurados personificarían a los jueces de los hechos, y el juez permanecería en su rol técnico y profesional para orientar las decisiones y responder las dudas que puedan presentarse ante las instrucciones que se les dará previamente a cada integrante.

El lenguaje como obstáculo de la Justicia

Las palabras codificadas que forman parte de nuestras instituciones políticas necesitan alejarse de la carga emotiva y su ambigüedad, para darle lugar a la elástica y porosa herramienta del lenguaje. Un proceso de discusión sin acciones estratégicas e instrumentales es el que permite construir dentro de la intersubjetividad. Pareciera ser que la idea del diálogo permanente, desinhibido, ascendente y de deliberación, es una deuda que todavía se debe el derecho.

Benjamin Walter escribió: “Todos los problemas de derecho, radican en la imposibilidad de decidir de forma concluyente entre ‘verdadero’ y ‘falso’ en lenguajes vivos”. Así, los cambios más verdaderos se refuerzan en los procesos de deliberación culturales en donde, en los ámbitos más personales y lineales, se logra la expresión del deseo democrático.

La acción comunicativa de una ciudadanía no es más que un proceso de dialogo que busca lograr la imparcialidad y horizontalidad de los argumentos y debates. Hoy, resulta de vital importancia la habilitación de mecanismos de acceso a los espacios públicos como símbolo de escucha a las demandas que suelen ser parte de una comunidad en continuo cambio y sin límites a la hora de interpretar y resignificar nuestras normas y derecho positivo.

El ejercicio de la búsqueda de la imparcialidad de forma crítica y horizontal es un proceso que le importa a una comunidad completa y sus partes. La deliberación de la ciudadanía como un proyecto potencial transformador supera los límites de un Derecho, que suele tener restricciones a la hora de dar respuestas fuera del verticalismo tradicional.

El puente hacia un indicio de autorreflexión como parte del proceso de discusión deliberativa y de legitimación de instituciones políticas acerca a la comunidad a una idea de participación dentro de una sociedad que piensa críticamente. La incorporación de los jurados en los estrados judiciales representa a la democracia como forma de expresión representativa.

La participación ciudadana como parte de los procesos jurídicos achica el camino de la moral y la ética como parte de una decisión personalista y jurista. El proceso de discusión sin acciones estratégicas e instrumentales permite construir verdades colectivas. La justicia podría construirse a través del diálogo permanente de forma continua y en la acción cotidiana. El diálogo institucional y cultural nos permitirá analizar la deliberación a través de formas cada vez más comunitarias.

*Abogada. Integrante del colectivo Atrapamuros.

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas