Ambiente y Hábitat

28 septiembre, 2021

CABA: planificación urbana a base de excepciones

La Legislatura porteña se prepara para tratar 16 convenios urbanísticos entre el Gobierno de la Ciudad y empresas privadas, que habilitarán la construcción de torres de hasta 85 metros de altura.

Luego del dictamen exprés en las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, la Legislatura porteña se prepara para tratar dos proyectos presentados por el Gobierno de la Ciudad, que incluyen 16 convenios urbanísticos con empresas privadas, haciendo excepciones en las normativas vigentes. De esta forma, se habilitará la construcción de edificios que irán hasta los 85 metros de altura, lo que le dejaría una ganancia al gobierno porteño de aproximadamente 200 millones de dólares. 

El primer proyecto incluye 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el GCBA y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras. 

Estos edificios podrán construirse gracias a que las parcelas, ubicadas en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas, se convertirán en “áreas de desarrollo urbano especial”, por lo que quedarán desafectadas de las normas de edificabilidad, que impiden la construcción hasta cierta altura.

El segundo proyecto, por su parte, define como “área edificable” una zona histórica de la ciudad: la esquina de la calle San Martín y Córdoba, lindera al monasterio de Santa Catalina, una iglesia construida en el año 1746 en el centro porteño. 

Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC), explicó a Notas que la incorporación de estas excepciones a la planificación de la ciudad “violan el Plan Urbano Ambiental”, que “tiene una jerarquía superior a todas las leyes, incluso superior al Código Urbanístico”. 

Esta legislación establece la obligatoriedad de que se realice un estudio preventivo de impacto ambiental y una instancia de participación ciudadana previamente a la aprobación del proyecto. “Ninguno de estos elementos se realizaron de manera previa a la firma de los convenios, lo que viola el procedimiento de democracia ambiental y participativa”, consideró el abogado ambiental. 

Según Baldiviezo, “es sumamente grave pensar la Ciudad como una planificación integral que se transforme en una acumulación de excepciones. Más aún cuando tenemos una planificación reciente. En el 2018 se votó el Código Urbanístico y se actualizó en 2020, no es que tiene 50 años y está vetusto”. 

Por otro lado, recordó que “actualmente estamos discutiendo la actualización del Plan Urbano Ambiental, así que lo conveniente sería finalizar la discusión para avanzar con cambios en la planificación”.

“Estamos votando leyes con nombre y apellido. Estamos permitiendo que la planificación de la Ciudad se modifique a cambio de dinero, no por fines ambientales o para garantizar el bien común. Estamos permitiendo que algunos desarrolladores inmobiliarios y propietarios compren normativas de planificación a medida de sus intereses”, añadió Baldiviezo, que denunció que “eso genera prácticamente la destrucción de la concepción de cómo se debe planificar la ciudad, y rompe con la igualdad ante la ley”. 

“Tenemos una generalidad de constructoras, desarrolladoras e inmobiliarias que se tienen que someter a la ley general de planificación, que tiene como objeto distribuir las cargas y los beneficios, y se pasa a una discriminación donde solamente unos pocos, en este caso 16, van a absorber todo el incremento del valor del suelo, dando solamente un poco de dinero al gobierno. Van a conseguir una normativa a su medida”, continuó.

Gracias a estas modificaciones en las normativas, el GCBA recibirá dinero por parte de las empresas que deberá “destinarse a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional” en el macro y microcentro porteño.

Sin embargo, Baldiviezo advirtió que los fondos “no van a ser destinados para temas prioritarios en la Ciudad de Buenos Aires, sino que van a alimentar y subvencionar otros negocios inmobiliarios en esta zona central”. En ese sentido, el letrado recordó que “hace varios años el GCBA aprobó el ‘ecocentro’, donde restringió el acceso de vehículos a un área importante del microcentro, y eso generó que muchos terrenos destinados a garajes perdieran la demanda y cierren”. 

Para Jonatan, “esta política de convenios urbanísticos es absolutamente coherente con la política que ha tenido el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años”, aunque hubo cambios metodológicos: “Antes las excepciones no pasaban por la Legislatura, sino que eran dictaminadas a través de la dirección de interpretación urbanística”.

Gracias a la emergencia del movimiento socioambiental en la ciudad, que empezó a analizar de cerca las decisiones que tomaba el GCBA en materia de planificación, en el año 2018 hubo un compromiso por parte del oficialismo porteño de sancionar un código urbanístico menos ambiguo y más transparente. 

“Eso ha llevado a que tengan que trasladar la cuestión de las excepciones a la Legislatura. Es decir, han cambiado las formas por la presión social, pero la sustancia de seguir gobernando a través de excepciones con nombre y apellido para beneficiar a un conjunto de corporaciones inmobiliarias se ha mantenido de forma lineal”, concluyó Baldiviezo.

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas