El Mundo

27 septiembre, 2021

Caso Ayotzinapa: “El crimen organizado crece en los grises que le permite el Estado mexicano”

En el marco del séptimo aniversario de las desapariciones de los 43 normalistas, dialogamos con May-ek Querales Mendoza, antropóloga mexicana especialista en violencia.

Florencia Trentini

@flortrentini

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En la noche del 26 de septiembre de 2014, la desaparición de los estudiantes de una escuela normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, México, marcó al país y al mundo. Las investigaciones posteriores indicaron que la caravana de los normalistas -que se dirigía a participar de la tradicional marcha del 2 de octubre para conmemorar a las víctimas de la matanza de estudiantes en 1968- fue interceptada por policías municipales de Iguala, que los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.

Se supone que dicho cártel confundió a los estudiantes con miembros de un grupo rival, Los Rojos, y que por eso los asesinaron, quemaron sus restos en el basurero de Cocula y posteriormente los arrojaron al río San Juan. El gobierno del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, autodenominó a esta versión oficial de los hechos como “Verdad Histórica”, pero la misma fue cuestionada por los padres y madres de los 43 y por los organismos internacionales. 

La “Verdad Histórica” presenta varias inconsistencias, y además fue basada en testimonios obtenidos mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Por este motivo, con la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se reiniciaron las indagatorias y se prometió investigar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el caso. No obstante, todavía se considera que el Ejército Mexicano, el cártel Guerreros Unidos, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa, María de los Ángeles Pineda, y la Policía Municipal de Iguala y Cocula, son los principales responsables.

El caso de los 43 no es algo aislado en México, más bien sirvió para visibilizar una problemática que se vive desde hace más de quince años, y que es resultado de un entramado multicausal de poderes y desigualdades que ha llevado a naturalizar prácticas criminales con la avenencia del Estado, y en muchos casos, el apoyo de la sociedad civil que encuentra en el crimen organizado la respuesta a sus necesidades y el acceso a recursos. May-ek Querales Mendoza, doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-CDMX), quien se especializa en estudios sobre subjetividad, migración y violencia desde la Antropología del Derecho reflexiona sobre estos temas a siete años del crimen de los normalistas.

– Se cumplen siete años de la masacre de Ayotzinapa y todavía no se ha dado con los culpables, ni se han encontrado los cuerpos de la mayoría de las víctimas ¿Por qué en todos estos años la investigación no ha dado resultados? ¿Qué responsabilidades políticas hubo en este sentido? ¿Cuál es el estado actual de la causa?

– En primer lugar es importante remarcar que en México las familias no nombran a este evento como “masacre”, se denuncia como desaparición forzada y por lo tanto es responsabilidad del Estado la aparición con vida, sobre todo por la participación del Ejército. Seguimos sosteniendo que “con vida se los llevaron y con vida los queremos”. Al día de hoy no hay responsables directos y en parte esto se debe a que México no posee un método de investigación para casos complejos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos. El caso de los 43 tomó mucha visibilidad internacional, pero hay varios casos y todos tienen muchos tomos, miles de fojas y la lentitud de las investigaciones no se corresponde con la prontitud que exige cada uno de los casos. Esto tiene que ver con deficiencias estructurales, con el propio sistema de investigación penal. Recién en 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda se implementó recién en 2018. 

En México, los casos de graves violaciones a los derechos humanos se concentran por lo general en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y es un espacio con falta de personal, donde no hay un modelo de investigación consolidado. Hay casos desde 2010 que a la fecha no tienen sentencia ni responsables directos. El caso de los 43 no es distinto, pero se dio a conocer a nivel nacional e internacional la supuesta “Verdad Histórica” del antiguo procurador, Jesús Murillo Karam, y eso aceleró la participación de peritos internacionales. En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas mostró que 34 de las personas detenidas que rindieron declaración para esa “Verdad Histórica” fueron torturadas y esa información que se había acumulado fue desacreditada por violar los derechos humanos. 

Con respecto al panorama actual de la causa penal, ahora la Fiscalía General de la República está avanzando en hacer recorridos. Fueron encontrados e identificados los restos de tres normalistas desaparecidos, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Y en cuanto a responsabilidades penales y políticas lo único que se ha logrado hasta la fecha es un proceso penal contra José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Sin embargo, el proceso penal que enfrentan no es por desaparición forzada, sino por delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

– ¿Cambió algo con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en 2018? 

– El discurso de López Obrador es contradictorio. Desde que tomó el poder sostuvo que este caso iba a ser una prioridad y se iban a destinar más recursos y esfuerzo. Sin embargo hasta la fecha no hay una explicación íntegra sobre lo acontecido en 2014. Conforme pasa el tiempo se va dificultado la recolección de pruebas en término de cadena de custodia y se vuelve más difícil también localizar a las personas. Además de que el caso se va complejizando, porque se van encontrando más hilos de una posible explicación. 

Pero digo que es contradictorio porque López Obrador empezó a sostener que el caso de los 43 ya no podía ser descripto como un crimen de Estado, porque como él está fomentando la investigación, y ahora él es el Estado, entonces no se podría atribuir al Estado la responsabilidad. 

En concreto casi no se ha avanzado en la investigación, ni se ha creado una Comisión por la Verdad para Guerrero, que es uno de los Estados que ha exigido la conformación de este tipo de espacios. Ayotzinapa se localiza en este Estado que ha sido la cuna de las desapariciones forzadas en la década de 1970. De hecho se cree que los vuelos de la muerte fue una metodología experimentada aquí antes de volverse un táctica de desaparición de personas en el Cono Sur, y esos casos del ‘70 no han sido resueltos. 

Entonces es un estado emblemático, tanto para los circuitos de desapariciones forzadas, como para los circuitos de impunidad, porque no se atribuyen responsabilidades en las cadenas de mando, no se hacen investigaciones al interior del Ejército. A la fecha no se ha presentado ningún responsable del Ejército en ninguna de las desapariciones, ni de 1970, ni de los 43, cuando las familias y sus representantes legales señalan a los cuarteles militares presentes en la región. Este es el contexto paradójico y contradictorio en el que se encuentra el actual gobierno. 

– Más allá del caso de los normalistas desaparecidos, la violencia en México -ligada centralmente al narcotráfico- es una constante y lo ubica como uno de los países que no están en guerra con más asesinatos del mundo. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021 se han roto récords históricos de crímenes ¿Cuáles son las causas históricas y sociales que han llevado a esta situación?

– Héctor Domínguez Ruvalcaba plantea cómo el Estado, no solo en México, sino el Estado moderno occidental se ha desarrollado de la mano de estas redes ocultas, que antes fueron los corsarios y posteriormente lo que hoy conocemos como crimen organizado. No hablamos de narcotráfico porque no estamos solo frente al tráfico de drogas y estupefacientes, sino de distintos flujos de dinero. 

Por ejemplo, en México, aproximadamente desde 2007, estos grupos empezaron a apropiarse de los recursos naturales, en Michoacán despojaron a la fuerza a muchos propietarios de huertas de aguacates y en otros Estados tomaron fincas y ranchos cercanos a oleoductos para extraer de manera ilegal y transportar a través de la frontera internacional petróleo. En los casos del noreste, donde se encuentra uno de los cárteles más violentos, los Zetas, se detectó la participación de la patrulla fronteriza en el transporte ilegal de combustible. 

Las causas son históricas, en la medida en que el poder estatal en México, pero también en otras partes de América Latina, se ha conformado con el apoyo de grupos armados no reconocidos, que están más allá del supuesto monopolio legítimo de la violencia. Y este enfoque es importante para dejar de esencializar la violencia que desde afuera se le atribuye a la población mexicana, como si estos modelos fueran una invención de nuestro país, cuando en realidad se trata de un modelo de control político del territorio, que tras bambalinas se apoya en estos grupos armados, que desde Maquiavelo se dice que se tienen que desestructurar, pero que siempre han estado presente para que el Estado funcione. 

Durante 2020, el cártel Jalisco Nueva Generación, circuló videos mostrando como entregaban material sanitario y recursos en el medio de la pandemia y el cártel del Golfo, durante las inundaciones al Noreste del país, también visibilizó como ayudaba a la población a salir de la situación de desastre, mientras el gobierno tardaba en distribuir recursos e implementar los programas de rescate. Entonces es un entrecruce entre factores estructurales con una base social que en muchos lugares se fue construyendo, por eso fue emblemática la imagen de la población de Sinaloa marchando para que dejaran en libertad al Chapo Guzmán, hace unos años. Es multicausal pero la figura del Estado es central, porque permite en esas áreas grises la participación de estos grupos, y porque capturan a ciertos sujetos, pero no siguen las huellas del dinero y el circuito transnacional, porque al fin de cuentas el combustible y los aguacates pasaban a Estados Unidos. Los peritos internacionales que trabajaron en el caso de Ayotzinapa dejaron entrever estas tramas de poder, pero no se las investiga. 

– ¿Cómo afecta esta violencia en particular a los cuerpos y vidas de las mujeres e identidades feminizadas? ¿Qué formas de organización existen ante esto?

– Los cuerpos e identidades feminizadas son el blanco de todas estas violencias, sobre todo si lo pensamos además desde lecturas que plantean que todos aquellos que quedamos en un desequilibrio de poder nos convertimos en cuerpas feminizadas e identidades feminizadas. En el caso de las mujeres, durante los últimos años se ha incrementado la visibilidad de la violencia feminicida, y se ha consolidado un discurso misógino que nos responsabiliza por esa violencia. Hay jueces sosteniendo públicamente que las mujeres tatuadas son asesinadas violentamente por poseer cuerpos tatuados. 

También sucede con gente en situación de movilidad, a principios de 2021 se supo de un caso de aproximadamente 20 migrantes que fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración y entregados al crimen organizado. Sus cuerpos fueron localizados sin vida e incinerados. Y esta violencia es estatal, viene de las fuerzas militares, a quienes bajo el mandato de López Obrador se les ha dado el mayor financiamiento. 

Actualmente hay un recrudecimiento de la violencia similar al que teníamos en 2010. Se escuchan nuevamente casos de desapariciones masivas, vuelven a suceder las desapariciones en las carreteras y el ingreso de grupos armados a poblados, amenazando con asesinarlos si no dejan sus casas. Esta era nuestra cotidianeidad hace 10 años y está regresando, y tiene que ver con disputas territoriales de los cárteles. Se están reactivando formas de violencia y crueldad extrema, pero por otro lado la organización de la sociedad civil está ya muy consolidada. 

Desde 2005 se empezaron a conocer cada vez más colectivos organizados en la búsqueda de desaparecidos y colectivos de mujeres que acompañan a madres y familias de víctimas de feminicidios. Hoy estos grupos son un espacio al que recurrir en busca de acompañamiento y su trabajo ha logrado la aprobación de la Ley General de Víctimas en 2012, la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas de 2017, la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda, y acaban de lograr que se apruebe la formación del grupo de Coordinación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que tiene como objetivo poder identificar a cerca de 38 mil personas que fueron inhumadas sin identificar a lo largo de los últimos 15 años. Hoy creo que no hay un Estado en el que no haya colectivos que se conviertan en un punto de referencia y acompañamiento para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

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