Política

22 septiembre, 2021

Aníbal Fernández: un viejo conocido

Correpi repudió su nombramiento como ministro de Seguridad de la Nación por su prontuario represivo. Desde descalificar la desaparición forzada de Jorge Julio López a negar su responsabilidad política en la Masacre de Avellaneda. Dialogamos sobre este tema con María del Carmen Verdú.

Daniela Errecarte

@DanoErrecarte

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Luego de seis años, Aníbal Fernández vuelve a ocupar un espacio dentro del Gabinete Nacional. En esta oportunidad encabezará nuevamente el Ministerio de Seguridad, reemplazando a la funcionaria saliente Sabina Frederic. En el marco de su asunción, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicó una nota recopilando su prontuario represivo como funcionario de los gobiernos peronistas pasados.

“Si algo no le falta a Aníbal Fernández es experiencia como funcionario público, que se remonta a hace más de 30 años. De hecho, es la persona que más tiempo permaneció en cargos ministeriales nacionales en Argentina en las últimas décadas”, dicen desde la Coordinadora.

Aníbal milita en el justicialismo desde hace 50 años y se describe a sí mismo como “un soldado” del partido. En 1991, durante el gobierno menemista, consiguió su primer puesto en el empleo público como intendente de Quilmes, cargo que ocupó hasta 1995. En 1994 fue presidente de la Comisión de Régimen Electoral de la Convención Constituyente.

Trabajó como secretario de gobierno durante la gestión de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires (entre 1997 y 2001), y en 1999 fue electo como presidente del Partido Justicialista. Durante la gobernación bonaerense de Carlos Ruckauf se desempeñó primero como secretario y luego como ministro de Trabajo provincial.

Según Correpi, fue en ese cargo que lo cruzaron por primera vez. “El 3 de agosto de 2001, un grupo de trabajadores desocupades del Movimiento Teresa Rodríguez viajaron desde Florencio Varela a La Plata para asistir a una reunión en el Ministerio. Después que la delegación se entrevistó con Fernández, en el edificio fuertemente custodiado por la policía y en presencia del mismísimo ministro de Seguridad, comisario Ramón Orestes Verón, cuando la columna estaba a más de cinco cuadras del ministerio, se descargó un ataque que culminó con 59 personas detenidas”, relatan.

Y continúan: “Acusadas por daño calificado, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, coacción agravada y resistencia a la autoridad por el fiscal Leandro Heredia y el juez Federico Atencio, estuvieron un mes preses en Magdalena, hasta que logramos su liberación con un habeas corpus al que la Corte Suprema de la Nación debió hacer lugar”.

En 2002, con Duhalde ya siendo jefe de Estado, Aníbal logró su primer puesto en el Gobierno Nacional como secretario de Presidencia. “Fue uno de los armadores de la represión del 26 de junio de 2002 en Puente Pueyrredón, y por lo tanto uno de los responsables políticos del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”, denuncia Correpi. 

En una conferencia de prensa sobre las protestas piqueteras, el funcionario dijo que en una asamblea “se definió lo que es un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”, confirmando que el Estado espiaba los espacios de organización popular. 

Cuando se cumplieron 13 años del asesinato de Kosteki y Santillán, el actual ministro de Seguridad fue increpado por militantes sociales que señalaron su “responsabilidad política” en la masacre de Avellaneda. “Soy una persona visible porque soy quien cuenta las cosas de la gestión de gobierno ante las cámaras, y esto les da una ventaja adicional para agraviarme”, respondió, y añadió: “Han pasado suficientes años y ya podrían dejarse de molestar sobre algo que no tengo nada que ver”.

Archivo: ANRed

Luego, Aníbal Fernández se desempeñó como ministro de Interior durante toda la presidencia de Néstor Kirchner, y con la asunción de Cristina Fernández en 2007 pasó a dirigir el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que posteriormente se dividiría en dos carteras diferentes. En 2006, ante la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, que no llegó a alegar su querella en el juicio contra Miguel Etchecolatz, Aníbal dijo: “No se descarta que esté en la casa de su tía”.

Con la renuncia de Sergio Massa, Fernández se convirtió en jefe de Gabinete de CFK en el año 2009, y posteriormente retomó ese cargo entre los meses de febrero y diciembre del 2015. El 20 de octubre de 2010, cuando Aníbal todavía era jefe de Gabinete, un grupo armado de la Unión Ferroviaria asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Años más tarde se constató que este hecho fue posible gracias a la liberación de la zona por parte de la Policía Federal, a cargo de la jefatura de Gabinete. “La policía hizo lo que tenía que hacer”, señaló Fernández en su momento. 

María del Carmen Verdú, titular de Correpi, declaró en diálogo con Notas que “tal como lo señalamos en la nota publicada apenas se anunció el nombramiento de Aníbal Fernández, su historial en la función pública, y en particular en el área de Seguridad, al mando de las tropas de las fuerzas federales, es suficiente para generar no sólo preocupación, sino franco repudio a su retorno a esa tarea”.

Según la militante antirrepresiva, “el nombramiento de un ministro no es un hecho aislado, es parte de la política definida por quienes conducen el gobierno que toma esa decisión”, y que “así como no se puede esperar que un olmo produzca peras, si se pone a este personaje nuevamente al mando del aparato represivo federal, el resultado no puede variar de lo que ya conocemos”.

Los cuatro años de gestión del gobierno macrista fueron los más duros en términos de asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. En ese marco, Correpi sistematizó una Agenda Antirrepresiva Urgente, con propuestas de medidas concretas y de utilidad para reducir significativamente la gravedad de la situación. “Algunos son reclamos por los que venimos luchando hace décadas, como la eliminación de las facultades de las fuerzas para detener personas arbitrariamente o la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio, otras referían a medidas tomadas por el gobierno de lo que hoy es Juntos”, explicó Verdú a Notas.

Con la asunción de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad se cumplió con algunas de estas reivindicaciones, como la derogación de media docena de protocolos de actuación de las fuerzas decretados por su antecesora Patricia Bullrich, que durante sus años de gestión apoyó el discurso de la “defensa personal” y la mano dura, cristalizado, por ejemplo, en el caso Chocobar

En ese sentido, Verdú reivindicó que “se hayan derogado disposiciones como la resolución que legitimaba el disparo por la espalda a personas desarmadas, la que disponía el Servicio Cívico Voluntario en Valores, la que implementó el Programa Ofensores de Trenes, la que prohibió a la PSA la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio, o el protocolo para la detención de personas del colectivo LGBTQ+”, a la vez que señaló que “con ello no era suficiente, y exigimos se aborde el resto de la Agenda”. 

Sin embargo, con el inicio de la pandemia y su cuarentena, este proceso “quedó trunco”, ya que las fuerzas de seguridad aumentaron sus competencias para evitar la circulación de personas. Por eso, y ante la asunción del nuevo ministro, los movimientos antirrepresivos continúan exigiendo la aplicación de una Agenda Antirrepresiva Urgente “que contiene medidas que podrían reducir de manera significativa la violencia de las fuerzas de seguridad en las calles”.

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