14 septiembre, 2021
Internet: un derecho básico en manos de monopolios
Un reciente informe de Observacom refleja la existencia de una concentración en los servicios de internet en Argentina, dejando en evidencia un preocupante escenario.
El Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencias (Observacom) realizó un informe con el objetivo de identificar si existe un escenario de concentración en Internet en nuestro país. El documento se construyó tomando indicadores que reflejan la situación de la infraestructura de acceso a Internet; aplicaciones y plataformas; y los contenidos publicados en la red.
El estudio concluye que en Argentina hay cuatro empresas que acumulan el 80% de las conexiones de banda ancha fija en el país. No obstante, el primer operador se encuentra lejos de los tres competidores: Grupo Clarín concentra el 46% de los accesos fijos a Internet, seguido por Movistar (Telefónica de España) con un 15%, Grupo Telecentro con 12% y Grupo Supercanal con 7%.
Por su parte, en cuanto al acceso a Internet móvil, sólo tres empresas concentran casi el 100% del mercado, repartiéndose el 36.8% para Claro (empresa mexicana), 33.9% para Personal (perteneciente al Grupo Clarín) y el 29.4% para Movistar.
Estos porcentajes plantean un escenario preocupante, especialmente porque el mercado de Internet presenta un claro ejemplo de oligopolio, pero con la particularidad de que dos de las empresas – Grupo Clarín y Telefónica- poseen más del 60% de la cartera de clientes.
Aunque este análisis parezca simplemente económico, lo cierto es que Internet es más que un servicio, ya que en el 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado el acceso a internet como derecho básico de todos los seres humanos.
Una alta concentración del mercado implica que estas empresas estén en una posición de privilegio al momento de fijar las tarifas del servicio, convirtiéndose en formadoras de precios. En el mismo sentido se arrogan la facultad de imponer condiciones de contratación con cláusulas abusivas no negociables.
Esta posición dominante, que afecta a la relación de consumo y a la libre competencia del mercado, tiene como secuela el aumento a la desigualdad en el acceso y uso de las TIC (lo que se denomina “Brecha Digital”) por factores económicos y geográficos, ya que muchos usuarios se ven privados de la posibilidad de contratación de este servicio debido a las altas tarifas. Además, las empresas deciden las zonas de mayor rentabilidad para invertir en la instalación de antenas y/o cableado. En términos reales esto se traduce en que zonas como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posean una conectividad a internet fija del 108%, mientras que la provincia de Formosa posee tan solo el 32%.
La desigualdad en el acceso a Internet profundiza aún más las desigualdades sociales, especialmente en el plano educativo y laboral, donde el uso de las TIC es esencial.
Ante este panorama, es imprescindible que se avance en la implementación de la tecnología 5G y se continúe con el debate sobre la declaración de Internet como servicio público que garantice un acceso equitativo, justo y a un precio razonable para toda la ciudadanía. Ambos avances contribuyen directa o indirectamente a la regulación de la relación de consumo entre las empresas proveedoras de Internet con sus consumidores, y permitirían una mayor competitividad en este mercado.
Indudablemente, es momento de empezar a concebir como sociedad que Internet dejó de ser un servicio de lujo destinado a satisfacer la necesidad de entretenimiento, para pasar a ser un derecho humano que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales.
El Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencias (Observacom) realizó un informe con el objetivo de identificar si existe un escenario de concentración en Internet en nuestro país. El documento se construyó tomando indicadores que reflejan la situación de la infraestructura de acceso a Internet; aplicaciones y plataformas; y los contenidos publicados en la red.
El estudio concluye que en Argentina hay cuatro empresas que acumulan el 80% de las conexiones de banda ancha fija en el país. No obstante, el primer operador se encuentra lejos de los tres competidores: Grupo Clarín concentra el 46% de los accesos fijos a Internet, seguido por Movistar (Telefónica de España) con un 15%, Grupo Telecentro con 12% y Grupo Supercanal con 7%.
Por su parte, en cuanto al acceso a Internet móvil, sólo tres empresas concentran casi el 100% del mercado, repartiéndose el 36.8% para Claro (empresa mexicana), 33.9% para Personal (perteneciente al Grupo Clarín) y el 29.4% para Movistar.
Estos porcentajes plantean un escenario preocupante, especialmente porque el mercado de Internet presenta un claro ejemplo de oligopolio, pero con la particularidad de que dos de las empresas – Grupo Clarín y Telefónica- poseen más del 60% de la cartera de clientes.
Aunque este análisis parezca simplemente económico, lo cierto es que Internet es más que un servicio, ya que en el 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado el acceso a internet como derecho básico de todos los seres humanos.
Una alta concentración del mercado implica que estas empresas estén en una posición de privilegio al momento de fijar las tarifas del servicio, convirtiéndose en formadoras de precios. En el mismo sentido se arrogan la facultad de imponer condiciones de contratación con cláusulas abusivas no negociables.
Esta posición dominante, que afecta a la relación de consumo y a la libre competencia del mercado, tiene como secuela el aumento a la desigualdad en el acceso y uso de las TIC (lo que se denomina “Brecha Digital”) por factores económicos y geográficos, ya que muchos usuarios se ven privados de la posibilidad de contratación de este servicio debido a las altas tarifas. Además, las empresas deciden las zonas de mayor rentabilidad para invertir en la instalación de antenas y/o cableado. En términos reales esto se traduce en que zonas como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posean una conectividad a internet fija del 108%, mientras que la provincia de Formosa posee tan solo el 32%.
La desigualdad en el acceso a Internet profundiza aún más las desigualdades sociales, especialmente en el plano educativo y laboral, donde el uso de las TIC es esencial.
Ante este panorama, es imprescindible que se avance en la implementación de la tecnología 5G y se continúe con el debate sobre la declaración de Internet como servicio público que garantice un acceso equitativo, justo y a un precio razonable para toda la ciudadanía. Ambos avances contribuyen directa o indirectamente a la regulación de la relación de consumo entre las empresas proveedoras de Internet con sus consumidores, y permitirían una mayor competitividad en este mercado.
Indudablemente, es momento de empezar a concebir como sociedad que Internet dejó de ser un servicio de lujo destinado a satisfacer la necesidad de entretenimiento, para pasar a ser un derecho humano que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales.
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