¿Por qué es urgente una nueva ley de VIH?

En el año 1990, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nacional de SIDA, que fue reglamentada dos años más tarde. Se trata de una normativa que lleva casi 30 años vigente, y que si bien fue una respuesta superadora en su momento, ya que implicó que las personas que viven con VIH puedan acceder a un tratamiento gratuito, hoy en día queda chica. 

Desde el año 2016 que distintas organizaciones insisten en que el Congreso debe tratar el proyecto de una nueva ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS que se adecúe a los avances sociales y biomédicos que se dieron en las últimas épocas. Sin embargo, la propuesta ya perdió el estado parlamentario en dos oportunidades (2016 y 2018), y a finales de este año podría suceder lo mismo por tercera vez.

Las organizaciones aseguran que desde que se presentó el primer proyecto hasta la actualidad, 10 mil personas fallecieron por enfermedades relacionadas al SIDA. El Poder Ejecutivo ya dio el visto bueno a la iniciativa, que todavía aguarda su tratado en la Comisión de Salud y Acción Social presidida por el diputado Pablo Yedlin. 

Según Emir Franco, coordinador nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), la ley vigente “tiene una mirada muy biologicista sobre el acceso al diagnóstico y el tratamiento”, además de que “no habla de lo que es vivir con VIH hoy en día”.

“Lo que hizo la ley de los 90s fue que podamos acceder al diagnóstico y al tratamiento, pero lo que el nuevo proyecto plantea es ir un poquito más allá, poder tener una calidad de vida digna, acceder a una pensión, no ser estigmatizados en el ámbito laboral, poder tener una jubilación acorde a nuestro envejecimiento por nuestras condiciones”, relata Emir a Notas. 

Precisamente, lo que hace el nuevo escrito es hablar de una respuesta integral a la salud de las personas que viven con estas patologías, no solamente desde el lado de acceso a la medicación, sino también desde los determinantes sociales. 

“El proyecto de ley tiene un montón de diferencias con la ley vigente”, señala el presidente de la RAJAP, que enumera: “Primero el tema de la mirada biologicista del acceso al tratamiento y al diagnóstico. La ley nacional de SIDA, por ejemplo, dice que se ofrecen los test de VIH a las poblaciones de riesgo. Este proyecto de ley habla de ofrecer tanto el test de VIH como el de Hepatitis e ITS en cualquier ámbito de la salud”.

Por otro lado, la iniciativa prohíbe la realización de tests de VIH en los exámenes preocupacionales, al mismo tiempo que propone la creación de un observatorio contra el estigma y la discriminación de las personas que viven con estas patologías, con el fin de realizar campañas de prevención y concientización más eficientes.

Además, presenta la necesidad de que existan pensiones para las personas que viven con esas patologías. “El hecho de que tengamos garantizada la medicación diaria no quiere decir que tengamos una excelente calidad de vida”, asegura Emir, que añade: “Nosotros tomamos una medicación que es muy fuerte, necesitamos una alimentación bastante balanceada para poder tener una calidad de vida digna”. 

Distintos estudios internacionales comprobaron que las personas que viven con VIH tienen un envejecimiento prematuro. Por eso, las organizaciones piden que en la ley también se considere una jubilación acorde a las particularidades que atraviesan quienes viven con el virus. Otra de las iniciativas superadoras es que las mujeres y personas con capacidad de gestar que vivan con VIH reciban leche de fórmula para sus hijes de hasta 18 meses de edad. “Tiene puntos muy llamativos y muy lindos, que hablarían una ley de vanguardia no solamente a nivel nacional, sino en toda la región, en dar una respuesta a quienes vivimos con estas patologías”, dice Franco.

El proyecto, que ya lleva casi seis años de gestación, es el producto del trabajo conjunto de distintas organizaciones que durante la pandemia se propusieron avanzar con su elaboración, para que finalmente sea aprobado por el Congreso. Entre los meses de marzo y agosto del 2020, aproximadamente 30 colectivos se reunieron todos los domingos para darle los últimos detalles al texto.

“Fue un proceso de consulta interno hacia nuestras organizaciones, que las conformamos personas que vivimos con VIH y que somos usuarios del sistema de salud, las que padecemos los niveles de estigma y discriminación en el trabajo, en nuestra forma de vida, en nuestros hogares y en el ámbito social”, cuenta Emir.

En los últimos días, asesores sanitarios del Congreso dieron el visto bueno a la iniciativa, y se espera que próximamente se avance con su tratado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. “Tomaron los aportes del Ministerio de Salud de la Nación, del ANSES y del INADI”, confirma el referente de la REJAP, que asegura que esto se debió “gracias a la presión que ejercimos las organizaciones”.

“Se ha avanzado en cuanto a tratamientos a nivel global, pero en la Argentina el VIH todavía sigue siendo muy tabú. Las personas con VIH seguimos siendo altamente estigmatizadas y discriminadas, seguimos teniendo impedimentos para poder acceder al trabajo, a una educación formal y demás, y esta ley lo que haría es tapar todos esos baches”, concluye el entrevistado.