Día histórico en México: la Corte Suprema despenalizó el aborto en Coahuila

Este martes, con diez votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, la Corte Suprema de Justicia de México tomó una decisión histórica: declarar la inconstitucionalidad de la crimnalización de personas gestantes por realizarse abortos. Si bien en lo inmediato esta decisión sólo interpela al estado de Coahuila, el fallo sienta jurisprudencia para que en el resto de los estados del país se incorpore el mismo criterio. 

La despenalización de la interrupción del embarazo es un hecho, ya que se eliminó y el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que también fue catalogado como inconstitucional. El mismo establecía que “se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.

Un comunicado de la justicia señala que “la Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva”. Por lo tanto, tal como lo estableció el Pleno, “criminalizar de manera absoluta la interrupción legal del embarazo es inconstitucional”.

Además del artículo 196, la Corte hizo extensiva la nulidad a parte del artículo 198 del Código Penal, que decía que las mujeres y personas gestantes no podían ser asistidas por personal sanitario ante un aborto voluntario. Lo mismo sucedió con el artículo 199, que en parte criminalizaba el aborto y limitaba a las 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.

Hasta el momento, sólo cuatro de los 23 estados mexicanos (Ciudad de México, Oaxacá, Hidalgo y Veracruz) contaban con la despenalización del aborto a través de distintas leyes que determinan plazos máximos de hasta doce semanas de gestación para realizar el procedimiento. En el resto del país, sólo existen normativas restrictivas que abonan a la criminalización de las personas gestantes que desean ejercer la soberanía sobre sus propios cuerpos, que establecen penas que van desde multas hasta el encarcelamiento.

“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo”, sentenció el ministro Luis María Aguilar Morales, redactor de la propuesta. Además, celebró que con este fallo “se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma”.

Arturo Zaldívar, presidente del tribunal, añadió: “Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y vida, no solo es profundamente injusto sino abiertamente inconstitucional, proyecta un mensaje estigmatizante y discriminatorio contra las mujeres que las reduce a un instrumento de reproducción”.

La declaratoria final señala “la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”.

La decisión fue celebrada por toda la marea verde latinoamericana, que esperaba atentamente las noticias sobre la conquista del feminismo mexicano. Las expectativas eran altas, ya que desde el lunes se sabía que ocho de los once jueces que componen la Corte iban a dar su voto positivo a la medida.

Tal como sostiene un estudio del Instituto Guttmacher, se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anuales, y un tercio de ellos resultan con complicaciones que requieren atención médica urgente. Según las estadísticas oficiales de la Ciudad de México, el 46% de las personas que accedieron a la Interrupción Legal del Embarazo en el año 2020 tenían entre 18 y 24 años.