Salta: liberaron a la médica detenida por realizar un aborto

Después de permanecer algunas horas detenida, se confirmó la liberación de la médica salteña encarcelada por realizar un aborto en el marco de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Basándose en que el procedimiento se realizó en la semana 22 de gestación, la justicia salteña actuó en contra de la autonomía de la paciente y la integridad de la doctora.

La ILE, vigente en nuestro país hace cien años a través del fallo FAL, sostiene que no hay un límite de tiempo para realizar un aborto no punible si el embarazo produce un riesgo de vida en la persona gestante, tal como en el caso de la paciente salteña. Desconociendo la normativa, este jueves el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal (Salta), Gonzalo Ariel Vega, pidió la orden de detención de la médica ante el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta.

«Es absolutamente irrazonable e injustificada», dijo a Télam sobre la detención, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. «Tememos que se trate de un modo de amedrentar y disciplinar a profesionales que se encuentran llevando adelante prácticas de ILE e IVE (interrupción voluntaria del embarazo), amparadas por la ley en todo el país, por lo que vamos a estar haciendo un seguimiento muy cercano de la intervención judicial y del caso», enfatizó la funcionaria.

Por su parte, Andrea Andrade, referenta de la colectiva feminista Mala Junta en la provincia de Salta y de la organización Soberana mencionó que «es un claro intento de disciplinamiento no solo a las mujeres y disidencias que buscan acceder a su derecho sino también a aquellos profesionales que intentan garantizarlos. Y en este caso puntual, se ve una persecución personal, no solo porque es la única médica que garantiza la practica de la ILE sino porque ha denunciado una práctica de abuso sexual de un médico ginecólogo de esa localidad».  «Los sectores conservadores de la provincia, continúan generando obstáculos sobre el derecho a decidir sobre los cuerpos de las personas con capacidad de gestar, siendo Salta una de las provincias que mas reclamos recibe por la falta de turnos a través del 0 800 de Salud Sexual», remarcó el comunicado de la colectiva feminista Mala Junta.

“Guito” Payo, director del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde sucedió la polémica, señaló en diálogo con Notas que la detención de la doctora lo sorprendió “perdidamente”, ya que hasta este jueves no había recibido ningún pedido de información sobre el caso. “El viernes de la semana pasada le di al fiscal Vega, que lo pidió por oficio, la copia de la historia clínica de la paciente en cuestión. Se le envió todo como corresponde en el marco de la justicia”. 

Durante la semana, “Guito” intentó comunicarse con el fiscal “esperando que indagara al respecto de las dudas que tenía, porque corresponde que lo haga en el marco de la salud, no solamente en el marco judicial”. Sin embargo, “nunca se comunicó conmigo ni nos informó de ninguna actuación”.

“La detuvieron trabajando, nunca hubo una intención que no sea responder a la justicia. Si vos te ajustas a la justicia no hay que tener miedo a nada, porque a esto lo abarca la ley”, continuó el director, que subrayó que la doctora no actuó sola, sino que contó con el apoyo del equipo de ginecología y el jefe de servicio del hospital. “No es algo traído de los pelos”, dijo.

En base a la información que llegó a recabar el ministerio la detención que se le intentó imputar a la profesional “es el que se encuentra tipificado en el artículo 85, párrafo 2 del Código Penal que prevé una pena muy leve, por lo que, a priori, la detención resultaría absolutamente irrazonable e injustificada», añadió la ministra. Ese articulado dice que quien «causase un aborto será reprimido con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer». 

La denuncia contra la médica se habría basado en que la joven de 21 años que accedió a la práctica ILE se habría arrepentido. Pero la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, al igual que el director del hospital, aseguró en un comunicado que la médica detenida «ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE».

A las pocas horas de que el caso se diera a conocer, se encendieron las alarmas feministas. Desde las 15 horas de la tarde del jueves, se realizaron concentraciones por todo el país para exigir la liberación inmediata de la médica detenida. “Hablamos de la violación de la soberanía sobre el cuerpo territorio de una joven y la detención ilegal y arbitraria de una médica tras garantizar el derecho a la ILE que tiene 100 años. ¡El odio antiderechos, no pasará!”, enfatizó la Campaña Nacional por el Derecho al Acceso al Aborto Legal.