Salta: detuvieron a una médica por practicar un aborto

En nuestro país, el acceso al aborto es un derecho desde diciembre del 2020. Sin embargo, este viernes el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal (Salta), Gonzalo Ariel Vega, pidió la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón, que realizó una interrupción legal del embarazo a una joven de 21 años que tenía 22 semanas de gestación. El pedido fue tomado por el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, y la médica pordía quedar encarcelada por diez días.

Si bien la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) establece como límite la semana 14 de gestación para realizar el procedimiento, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal por fuera de ese plazo dispuesto: si el embarazo es producto de un abuso sexual, o si corre riesgo la vida de la persona gestante. Esto se da en el marco de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Sin embargo, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal salteño, “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguno de los dos casos”, por lo que el fiscal Vega “consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso, como así también influir en testigos que pudieran surgir de la investigación”.

Según la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, el funcionario judicial actuó por denuncias de familiares y no de la joven, mayor de edad, “quien es la única con potestad de denunciar el tipo de delito del que se habla”. En un comunicado expresaron que la médica “ha procedido desde los marcos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones de la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.

La Red añadió en el escrito que resulta “desopilante que a su vez se solicite directamente la detención y no la investigación primero”. Además, recordaron que hasta este jueves no había ninguna denuncia penal en cauce contra la doctora, por lo que cuestionaron: “¿Cómo podemos justificar tamaña torpeza y error jurídico? No se equivocan, hay intencionalidad. No solamente de les mismes militantes antiderechos de siempre”.

Andrés Rambet Ríos, abogado patrocinante de los denunciantes, es también defensor del médico Marcelo Cornejo, que “se encuentra imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, siendo nuestra compañera la que lo denunció de oficio”. A pesar de la imputación en el marco de esa causa, Cornejo continúa trabajando en el mismo hospital.

“Este abogado -continúa el comunicado- en medios públicos declaró que ‘para solicitar ILE se le debe pedir al juez de garantías autorización’, desconociendo las normas vigentes (Ley 27.610 y fallo FAL)”. Por otra parte, la Red aclaró que “ningún juez dio lugar a las presentaciones de los familiares ya que por ser un supuesto delito de instancia privada es la supuesta damnificada quien tendría que haber radicado la denuncia”

Además, el letrado solicitó la detención de la médica a través de los medios de comunicación, por lo que la Red sostiene que “el fiscal y el abogado defensor no hacen más que fogonear la opinión pública en contra de un procedimiento respaldado por la ley”.

A principios de agosto de este año, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud hizo un llamado de atención al gobierno de Salta, ya que según los registros de llamados a la línea 0-800-222-3444, habilitada para solicitar la IVE, el 25% de las personas que se comunicaron desde Salta tuvieron que comunicarse en dos oportunidades. Esto significa que un cuarto de las personas gestantes que decidieron hacer uso del derecho a un aborto, no fueron atendidas en tiempo y forma.

“El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta informó que de un total de 12.939 partos en 2018, 2.922 pertenecen a niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. Lo que representa el 22,6% de los partos”, señalaron desde Mujeres x Mujeres. Desde la sanción de la Ley IVE, se registraron múltiples pedidos de nulidad en la provincia. A nivel nacional, según un informe de Amnistía Internacional, se iniciaron al menos 33 demandas en contra de la normativa durante los primeros seis meses de vigencia.