Macri y Trump: juntos para derrocar a Evo Morales

A través de un documento al que accedió el portal de noticias El Destape, se comprobó el rol clave que tuvieron las embajadas de Argentina y EE.UU. en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en Bolivia. Según esta investigación, todo se inició en abril de 2019, en una reunión en la embajada norteamericana en La Paz donde estuvieron presentes funcionarios de la administración Trump y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

La fecha es central ya que el Gobierno actual de Bolivia reconstruyó la trama del Golpe y trazó una cronología donde las conspiraciones comenzaron el 24 de julio de 2019. Aquel día, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O’Reilly, “llegó a Bolivia y se reunió con personeros de las embajadas de Perú, Argentina, Brasil, OEA y la Unión Europea e insinuó la posibilidad de un fraude electoral en Bolivia sin pruebas”, se afirmó durante la rueda de prensa.

Sin embargo, la información que brinda El Destape en esta nota revela que el mecanismo que activó el derrocamiento de Evo Morales comenzó a elaborarse antes de la reunión de O’Reilly. En abril de 2019, las embajadas argentina y estadounidense ya habían comenzado a poner en movimiento a estrategia de difundir en conjunto las ideas de “fraude” y “desconfianza” en tornos a las elecciones que se avecinaban.

El documento, que fue elaborado por fuentes argentinas vinculadas a la embajada en Bolivia, está fechado en mayo de 2019 e informa que en la reunión altos funcionarios de la embajada de los EE.UU. advirtieron que podría existir un fraude electoral en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de aquel año. La excusa que se esgrimió fue la situación que atravesaba el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia.

El punto central de la operación surge de la estrategia que se coordinó para que la idea del fraude se propague: “Se sugirió a los funcionarios de la embajada argentina en Bolivia, que hagan conocer públicamente esta situación de desconfianza, reclamándose transparencias en el acto electoral y sobre el hipotético riesgo de fraude si no se toman medidas que garanticen que el ‘TSE’ actúe con independencia y capacidad técnica que permita evitar cualquier intento de fraude en las próximas elecciones”.

El dato adquiere mucha relevancia a la luz de lo que sucedió seis meses después: en octubre de 2019 Evo Morales ganó esas elecciones por 10 puntos de diferencia, justo lo necesario para evitar el ballotage, pero se instaló la idea del fraude, con manifestaciones en las calles de Bolivia y rebeliones de las fuerzas de seguridad. 

El 10 de noviembre de aquel año, Morales –cuya vida corrió serio peligro- se vio forzado a renunciar a la presidencia y exiliarse. La OEA, con un informe flojo de papeles, cumplió un rol central en este proceso. «La partida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano sea escuchado», consideraba el comunicado de la Casa Blanca por esas horas.

El 12 asumió la presidenta de facto Jeanine Añez. Por la noche de esa misma jornada viajaba a Bolivia, de contrabando, armamento argentino enviado por el gobierno de Mauricio Macri que casualmente, los días previos, había recibido visitas de la embajada de los EE.UU. a la Quinta de Olivos. Las armas eran para los golpistas, ya que las fuerzas armadas y policiales se estaban quedando sin municiones para reprimir. En los días siguientes se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata. 

Dos semanas después, el secretario general de la OEA, Nicolás Almagro que siempre desmintió su participación en el golpe, le dio una entrevista a la BBC el día 26 de noviembre de 2019 en donde reconoció que todo había salido “tal cual lo habíamos planeado”, cuenta en un hilo de Twitter el ministro de gobierno actual de Bolivia, Eduardo del Castillo.

Tres días después, el 29, el embajador argentino Normando Álvarez García, imputado luego por el contrabando del armamento, realizó un agasajo a los golpistas en la sede diplomática argentina cuando fue la despedida del agregado de Defensa y jefe de la Misión Naval, Miguel Alonso. Estuvieron en aquel encuentro el alto mando militar que apoyó a la dictadora Áñez y el ministro de Defensa golpista Fernando López Julio, hoy prófugo de la justicia. También estuvieron militares de distintos países, entre los que se cuentan estadounidenses y brasileños.

Según este documento reservado, para los funcionarios diplomáticos argentinos y estadounidenses estaba claro que la situación política de Bolivia no era la de Venezuela pero “en el actual contexto regional toma importancia geopolítica”. En abril de 2019, cuando ocurrió la reunión, la avanzada neoliberal en la región de la mano de Macri y Jair Bolsonaro era brutal y Bolivia era uno de los pocos países donde había un gobierno popular. 

Pero un mes después del golpe a Bolivia la situación ya no era la misma. En diciembre de 2019, ya con Alberto Fernández en el gobierno argentino, la embajada de EEUU en nuestro país cuestionó a Morales por su actividad política en el exilio y presionó al nuevo presidente argentino por otorgarle refugio.

Tal como relatan las crónicas de aquellos días, una delegación de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos fue a la Casa Rosada para presentar al canciller Felipe Solá una protesta formal por las actividades políticas que estaba desarrollando el expresidente de Bolivia. Fueron en representación del Departamento de Estado la ministra consejera Mary Kay Carlson y el consejero político Chris Andino.

Como respuesta, el 28 de diciembre de 2019 Evo tuiteó: “La complicidad de Estados Unidos es tan evidente en el golpe de Estado en #Bolivia que la embajada norteamericana en #Argentina habla por los golpistas y pide al gobierno del presidente @alferdez limite mi refugio político, como en tiempos del Plan Cóndor”.