Batalla de Ideas

3 septiembre, 2021

La lucha vigente

Se cumple otro día en el que se evidencia que la perspectiva de género dentro de nuestro Código Penal, avanza en un camino sinuoso en donde se registra de forma impetuosa la necesidad de la interpretación de nuestras normas, que parecen no encontrar otra solución más que la urgente discusión de una reforma judicial integral y feminista de nuestras leyes.

María Belén Romano*

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El 30 de diciembre de 2020 fue sancionada en el Congreso de la Nación la Ley Nacional N°27.610. Nuestra lucha quiso dar frutos en el marco de una propuesta que incentive un modelo de atención y cuidado de la salud que reconozca la autonomía de las personas para decidir, restituyendo así la soberanía y autoridad epistémica sobre su cuerpo a quien lo porta y habita. Una soberanía que es relacional, que se garantiza con vínculos que la sostienen y acompañan en el proceso.

La cifra estimada de abortos inducidos en nuestro país se encuentra entre 371.000 y 522.000, según las únicas estimaciones realizadas hasta el momento, lo que indicaría que en Argentina ocurren entre 6 y 7 abortos cada 10 partos. Si se analizan los motivos por los cuales las mujeres en edad fértil egresan de un hospital, se observa que el aborto es segunda causa de egreso, siendo la primera el parto y sus complicaciones.

Este viernes, la provincia de Salta dio nuevos indicios del retroceso en materia de real acceso a la salud, norma que ya estaba contemplada previo a la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo como excepcion en las causas de prohibicion y penalizacion del aborto: cuando esté en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, o bien las causales producto de un abuso sexual, quien quiera interferir con la continuación de un embarazo, deberia poder hacerlo. 

Nuestro Código Penal siempre contempló el acceso a la interrupción legal del embarazo como parte de nuestra salud integral, la cual no solo conforma la ausencia de enfermedades, sino que según la OMS, y utilizando los mismos parámetros bajo los cuales quieren interferir con nuestros derechos, la salud integral está alcanzada por la salud física, mental y social. 

Nos movilizamos, nos agrupamos y luchamos para poder tipificar parte de nuestros derechos de una manera en la que los anti derechos pudieran verlo de forma clara pero parece que aún sigue vigente la retrogradación hacia un escenario de desprotección y abandono a las personas gestantes.

Seguimos considerando urgente la mirada interdisciplinaria que tiña las decisiones de un tinte actualizado en donde las decisiones que se tomen estén no solo aggiornadas a nuestra realidad, sino también a nuestras normas, usos y costumbres.

Necesitamos plantearnos la urgencia en nuestra agenda de una reforma judicial feminista para evitar seguir poniendo en peligro la vida de personas que quieran acceder de forma igualitaria a la salud y que ésta no sea una cuestión de privilegios. 

Exigimos acompañamiento por parte de un Estado que nos supo dar indicios en clave feminista pero que parece ser algunas provincias no acompañan.

Nuestros cuerpos no son materia de mercancía de un juez o de una decisión judicial con la que pueden decidir encerrarnos, perseguirnos o acorralarnos para lograr intimidar la lucha que elegimos sostener.

Exigimos respuestas en tiempos en donde es necesario revertir las lógicas de un poder punitivo y patriarcal hacia la víctima y así también, las medidas de protección nos sean brindadas de forma integral dentro de una reforma judicial contra la violencia machista.

No vamos a seguir exponiendo nuestros cuerpos como territorios a los que pueden acceder con su verdad recortada de machismos para alinearnos en un camino que lejos está de garantizar y equiparar realidades. Hoy, y mañana, acompañamos el camino decisorio que nos trajo hasta una bisagra de la cual construiremos a partir de lo ganado o lucharemos por lo que falte vencer. 

*Integrante del equipo de abogades de Atrapamuros – Organización en Cárceles

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