El Gobierno porteño hace campaña con datos privados de la línea 147

l call center GIV S.R.L. es una empresa tercerizada por el Gobierno porteño que cumple con las tareas de atención de la línea 147, destinada a la asistencia telefónica de los vecinos de la Ciudad. Sus trabajadores denunciaron ante la Defensoría de Laburantes que durante la campaña electoral, de cara a los comicios del 12 de septiembre, fueron obligados a hacer propaganda para los candidatos de Cambiemos Diego Santilli y María Eugenia Vidal con la base de datos de la línea 147.

“Esto lo que generó es que los trabajadores que estaban trabajando en el servicio del 147, pasaron a trabajar para la campaña electoral”, afirmó la abogada Tamara Rossi, miembro de la Defensoría de Laburantes, que apoya y acompaña los reclamos de los empleados del call center. “No se les informó que iban a pasar a trabajar para la campaña, simplemente se les cambiaron las tareas, y de una manera se los coercionó para que las empiecen a cumplir”, afirmó en diálogo con Notas.

Estas denuncias no sólo implican el uso indebido de datos personales, sino también la redirección de presupuesto público para beneficiar a la alianza Juntos y, además, un abuso de la precarización laboral a la que se ven sometidas. En marzo de este año, GIV S.R.L. recibió una ampliación de la licitación del Gobierno de la Ciudad, que le incrementó el objeto de su contrato en aproximadamente un 2.400% por un monto cercano a los 750 millones de pesos.

Desde el comienzo de la campaña electoral, los trabajadores de la empresa -que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza- tuvieron que hacerse cargo de llamar a los vecinos para invitarlos a tomar un café con Diego Santilli o con María Eugenia Vidal. Tal como relató la letrada, “les cambiaron las jornadas de trabajo, les mantuvieron los sueldos bajísimos que tienen, y empezaron a sufrir un montón de cuestiones que hacen a una situación de una gran precariedad laboral”.

“Están trabajando más de 70 personas en un lugar en el que no existe ningún tipo de protocolo por el coronavirus”, continuó Rossi, y detalló: “Tienen un solo baño habilitado para todas esas personas. Su jornada de trabajo es de 9:00 a 21:00, es decir, seis días a la semana tienen jornadas de 12 horas diarias”, aunque por ley la jornada máxima para los trabajadores de call center sea de 6 horas. 

Además, son objeto de presiones, de hostigamientos y de malos tratos. “Lo que ellas denuncian ante nosotros es que reciben insultos, les dicen que no pueden tomar agua para que no vayan al baño, le cronometran en las idas al baño y se las cuentan si van más de determinadas veces. Si se demoran más de determinados minutos, se lo descuentan de su salario. Les dan media hora para almorzar y media hora para merendar”, enumeró la abogada. 

En el caso de que la persona con la que se contactan les pregunte de dónde sacaron sus datos personales, son obligados a mentir. Según Rossi, “tienen que decir que están militando en la casa de un amigo, cuando en realidad están en una oficina con 70 personas más”, y que su número de teléfono “lo sacaron de la guía, cuando en realidad las listas de números se les da la misma empresa”, que trabaja con la base de datos de la línea gratuita para la asistencia ciudadana. 

“Desde la Defensoría estamos acompañando a trabajadores en sus reclamos, hay cada vez más personas que se acercan”, dijo Tamara, que ratificó que “este es un hecho ilegal porque la información privada de todas las personas les brindamos al Estado, ya sea nacional, provincial, o en este caso el Gobierno de la Ciudad, no puede ser utilizada con fines proselitistas porque no hay consentimiento para ello”. “Se está violando la protección de la información privada de cada uno de los y las ciudadanas”, concluyó.