26 agosto, 2021
CABA: crisis habitacional y remate de propiedades de herencia vacante
El último miércoles, el Gobierno porteño avanzó con la subasta de una decena de inmuebles a través del Banco Ciudad con valores más bajos que los del mercado, ya que se trata de propiedades habitadas que serán desalojadas.
Según los datos oficiales del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) recopilados en el año 2019, Buenos Aires tiene 138.328 viviendas ociosas. Mientras tanto, cerca de 300.000 personas viven en villas y asentamientos y más de 7.500 se encuentran en situación de calle. Además, se estima que el 35% de la población porteña es inquilina.
En ese marco, el último miércoles el Gobierno de la Ciudad avanzó con el remate de diez viviendas de herencia vacante a través del Banco Ciudad. Según las Consejerías de Vivienda de CABA, que se presentan como una organización que lucha y se organiza por el derecho a una vivienda digna, el sistema de remates “no hace más que favorecer al mercado inmobiliario, y en nada se aproxima a paliar la emergencia habitacional en la que nos encontramos miles de familias”.
Tal como explicaron en un comunicado, el dinero recaudado por los remates está destinado al Fondo Educativo Permanente, a cargo del Ministerio de Educación. “A pesar de esto, las escuelas de la ciudad se encuentran en cada vez peor condición, y el ministerio dirigido por Soledad Acuña no se planteó ni una reforma estructural para que las aulas por ejemplo pudieran adaptarse a las necesidades de distancias mínimas frente a la pandemia que hoy vivimos”, denunciaron.
El escrito continúa señalando que “es falso creer que estas subastas en favorecen a la clase trabajadora”, ya que para poder acceder a estas viviendas se necesita un depósito del 3%, “inaccesible para cualquier familia o persona cuya precarización habitacional está ligada a la precarización laboral, y en muchos casos incluso pérdida del empleo por la crisis económica que atravesamos”.
En este caso en particular, la subasta de las viviendas parte de un precio mucho más bajo del valor de mercado. Según las Consejerías, esto es porque quien compre los inmuebles deberá activar desalojos, ya que son viviendas habitadas. Un hecho similar sucedió con el edificio recuperado de Santa Cruz 140, donde viven cerca de 350 personas, incluídos niños y niñas.
El edificio antiguamente pertenecía a la fábrica textil Celsa, que quebró durante los años noventa. Desde el 2002 fue ocupado por familias que perdieron sus viviendas en el marco de la crisis económica que se sufría en todo el país. En 2010 el edificio fue subastado y comprado, por un monto irrisorio y con las familias dentro, por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, que inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo. Sin embargo, las familias continúan resistiendo y defendiendo su derecho a la vivienda.
“El estado se lava las manos y deja en manos de la ‘justicia civil’ la resolución del derecho a la vivienda de las fanilias que habitan los inmuebles rematados”, completa el comunicado, donde se expresa que “la propiedad privada no puede tener más peso que el derecho a la vivienda”.
Las Consejerías repudiaron “que los remates sean dirigidos a los emprendedores inmobiliaros, cuando serían de mucha utilidad, por ejemplo, para sumar a una plaza de inmuebles afectados al alquiler social”, y desde el movimiento de mujeres y disidencias exigen “soluciones habitacionales para las identidades discriminadas (disidencias, infancias, etc) como para aquelles que atraviesen violencia de género”. “Además, las cooperativas de vivienda conforman una extensísima lista de espera por terreno o casas deshabitadas para refaccionar y habitar”, concluyeron.
Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.
