Brasil: los pueblos indígenas se le plantan a Bolsonaro

Bajo el lema “Lucha por la vida”, cerca de 117 pueblos originarios de Brasil llevan a cabo una semana de protestas y acampes en Brasilia, la ciudad capital. Allí se manifiestan en contra de la agenda anti-indígena que se trata en el Congreso Nacional donde, con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, se intenta adoptar el criterio del llamado “marco temporal” para la demarcación de las tierras aborígenes.

El concepto de “marco temporal”, defendido por los sectores agropecuarios, sostiene que los pueblos originarios sólo deberían tener derecho al reconocimiento oficial de las tierras que ocupaban en el año 1988, cuando se promulgó la Constitución de la República Federativa del Brasil. El asunto ya obtuvo en el mes de junio en una comisión de Diputados, y este miércoles comenzará a ser deliberado por el Tribunal Supremo Federal (STF).

En el caso de que se avance con la iniciativa, se verán afectadas decenas de tierras indígenas en litigio. Además, el Congreso avanza con otros proyectos que facilitarían la regulación de tierras habitadas por estos pueblos, que podrían ser otorgadas para la explotación y la deforestación. Bolsonaro, por su parte, continúa defendiendo que se habilite la minería y el extractivismo en las reservas de los pueblos originarios.

Samara Pataxó, coordenadora jurídica de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), dijo: “Esta movilización de los indígenas, en la Praça dos Três Poderes y frente al STF, es importante, precisamente para llevar este mensaje de apoyo al Poder Judicial, para decir que los indígenas creen en el Poder Judicial, creen en el STF como protector de la Constitución y de la democracia, ante este escenario en el que el STF es sumamente agredido, principalmente por parte del Ejecutivo. Tanto el STF como los pueblos indígenas están siendo atacados por este gobierno”.

Y añadió: “El acto es precisamente para llamar la atención de los Poderes, y ahora del STF, de que la protección territorial es necesaria, que es necesaria la protección de la vida indígena y la protección constitucional, ya que el derecho territorial indígena es un derecho constitucional, y el STF es responsable de proteger la Constitución”.