24 agosto, 2021
Masacres en Colombia: asesinaron a un dirigente estudiantil y comunicador popular
Ya son 110 los líderes y lideresas asesinados en lo que va del año en Colombia. El último lunes, dos sicarios en moto acribillaron a Esteban Mosquera, referente estudiantil de la Universidad del departamento del Cauca que había perdido un ojo en 2018 por un ataque del Esmad.
Esteban Mosquera, de 26 años, era estudiante de música de la Universidad del departamento del Cauca, donde era un referente estudiantil. El último lunes, dos sicarios lo asesinaron desde una moto a pocos metros de su casa. De esta forma, ascendió a 110 la cantidad de líderes y lideresas sociales asesinados en lo que va del año. Además, este martes se confirmó la masacre número 67, en la que asesinaron a tres jóvenes del municipio de Saravena, Arauca.
En 2018, Mosquera había perdido su ojo izquierdo por un golpe de una granada aturdidora lanzada por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) mientras cubría como fotógrafo un paro estudiantil para exigirle al gobierno de Iván Duque más presupuesto para las universidades públicas.
Mosquera trabajaba como reportero del medio alternativo Contra Portada. “No podrán matar nuestro anhelo de cambio, nuestro sueño de buen vivir, nuestra convicción del amor como arma en esta lucha, seguiremos comunicando la verdad y multiplicando la semilla eterna de la vida en que nos dió Esteban”, expresaron desde el portal en un comunicado.
El Cauca es una de las zonas con mayor tasa de pobreza y de asesinatos de líderes y lideresas sociales. Hace tiempo se viene denunciando que en este departamento también se está llevando a cabo un verdadero genocidio contra los pueblos indígenas, que se resisten a que distintos grupos armados utilicen sus territorios para el cultivo y distribución de droga, en defensa de su forma de vida tradicional. La ubicación del Cauca hace del departamento un paso estratégico para sacar la droga producida en esta zona del país, lo que lo convierte en una zona de disputa para las bandas armadas.
La Constitución colombiana reconoce que «las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos». Esta atribución los hace blanco, sobre todo a las autoridades, de ataques de los grupos armados ligados al narcotráfico.
Las organizaciones indígenas denuncian que el incremento de los asesinatos y masacres es en gran parte responsabilidad del Estado colombiano, que no cumple con el punto 4 de los Acuerdos de Paz firmados en 2016. Este punto habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades.
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