Rosa Bru: “Si la policía hubiera cambiado, no habría tantos pibes muertos”

El 17 de agosto de 1993, la Policía Bonaerense asesinó a Miguel Bru, un estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata de 23 años de edad. Sus restos todavía no fueron encontrados, y los efectivos implicados se niegan a dar declaraciones. Actualmente el único detenido por el asesinato y la desaparición de Miguel es Justo José López, condenado en 1999 a cadena perpetua junto a Walter Abrigo, que falleció en la cárcel. Ambos trabajaban en la Comisaría 9na de La Plata, donde Miguel fue visto con vida por última vez.

Con el pasar de los años y gracias a su incansable lucha, Rosa Schonfeld de Bru, madre de Miguel, se convirtió en una figura indispensable de la batalla contra la violencia institucional y la brutalidad policial. Se cumplieron 28 años de la desaparición de su hijo, y ella asegura que en el recorrido conoció “las dos caras de la Justicia”.

“Cuando recién había desaparecido Miguel, vinieron los amigos un domingo a la noche, a eso de la una de la mañana”, comienza el relato de Rosa en diálogo con Notas. Esa misma noche los jóvenes le dijeron que necesitaban contratar un abogado. Ella no lo creyó necesario, porque confiaba en que la policía y el juzgado la acompañarían en la búsqueda de su hijo, pero el tiempo demostró que las cosas no eran tan sencillas. 

Desde ese momento, Rosa no estuvo sola nunca más. “Nosotros veníamos del interior, no teníamos militancia política, nunca habíamos tenido problemas con la justicia, veníamos del desconocimiento total, nos pudieron haber dado vuelta como una media”, dice. Sin embargo, desde el principio contó con el apoyo de los amigos y compañeros de Miguel, con quienes luego conformaría la Asociación Miguel Bru.

Para ella, el aprendizaje fue poder “ver las cosas desde otro lado”, que estuvo de la mano de esos jóvenes que se comprometieron con su lucha, a los que “les levantaría un monumento”.  “De la mano de ellos fue que aprendí a ver las cosas no desde el lado cómodo de la familia, de estar preocupada únicamente por nuestro bienestar”, comenta.

Pocos años después de la desaparición de Miguel se conformó la agrupación H.I.J.O.S., compuesta por personas que habían sido expropiadas de sus padres desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Su tradición militante por la memoria, verdad y justicia jugaron un rol fundamental en el pedido de esclarecimiento del asesinato de Miguel, al igual que los miembros de la Facultad de Periodismo. Rosa asegura que “sin su apoyo no hubiera podido caminar”.

“Es mucho el apoyo, yo agradezco a Dios que Miguel haya entrado a la Facultad de Periodismo y de que le hayan tocado los amigos que tiene. A 28 años de su desaparición, son sus amigos que están al frente de la Asociación los que siguen jugándosela”, dice, y añade que si hubieran estado solos, “seguramente nunca hubiéramos llegado a nada”.

Las dos caras de la justicia

“Rosa, vamos a seguir luchando para encontrarlo a Miguel”, dijo la fiscal María Scarpino cuando se conoció la sentencia a cadena perpetua para López y Abrigo, luego de que Rosa huyera por los pasillos del Tribunal. Para ella la sentencia no decía nada, porque “ninguno de todos esos milicos que habían declarado” expusieron cuál era el paradero de Miguel. Presuntamente, “todos se habían enterado por la prensa” de su desaparición. En ese juicio del año 1999, el comisario Juan Domingo Ojeda, quien estaba a cargo de la Comisaría 9na, y Ramón Ceresetto, que trabajaba en la misma oficina, fueron condenados a dos años de prisión por encubrimiento. 

En un principio, la causa estuvo a cargo del juez Amílcar Vara, destituido por un jury de enjuiciamiento, tras haber sido reconocido como culpable de encubrimiento y abuso de autoridad en decenas de causas judiciales. Rosa creyó en él. “Cuando se confirmó que la policía había desaparecido a Miguel fue un golpe durísimo, sobre todo cuando se supo que el que los encubría era el ex juez Vara, que era el que tenía la causa de Miguel y de Andrés Nuñez”, un albañil torturado hasta la muerte por policías de la bonaerense en 1990.

“Cuando me pidieron una autorización para pasar la foto de Miguel en los medios fui a verlo a Amílcar Vara, pero no me la quería dar. Me pidió que vaya a ver al fiscal, que me dijo que no me podía autorizar si no lo hacía el juez. Esas son las tristes experiencias suceden cuando no sabemos cómo caminar, cómo defendernos de la justicia”, sentencia Rosa, que asegura que aprendió a tratar con este poder “a los golpes”.

Cuando destituyeron a Vara, la causa de Miguel cayó en el Juzgado n° 8 del doctor Ricardo Szelagowsky, considerado por Rosa como “la otra cara de la justicia, en la que se podía confiar y que hacía las cosas como correspondía”. “Todos los datos que se han presentado que eran medianamente confiables fueron escuchados, pero siempre con resultados negativos. Por lo menos tenemos ese apoyo”, asegura.

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos del juicio, Rosa sostiene que la policía goza de la misma impunidad que en aquel entonces: “Si hubiera habido cambios, no hubiera habido tantos pibes muertos”. Además, subraya que “la policía no debía ser juzgada como una persona de civil”, ya que si “el Estado le da un arma al policía, le da la ropa y el poder, no puede ser juzgada de la misma manera”. 

La tradición de la vigilia

Al igual que cada 17 de agosto desde el año 2000, el último martes se llevó a cabo una vigilia frente a la Comisaría 9na para exigir la aparición del cuerpo de Miguel. A pesar de la pandemia, la convocatoria fue contundente, además de que fue acompañada por una señalización impulsada por la Secretaría de DD.HH. de la Nación y la Subsecretaría de DD.HH. de la provincia de Buenos Aires.

“En el año 2000 colocamos una placa en la puerta de la Comisaría que dice ‘aquí torturaron, asesinaron y desaparecieron a Miguel Bru, seguimos exigiendo justicia’, para mí esa placa era fuertísima”, describe Rosa. Pero el nuevo cartel es todavía más grande: “En un momento me dieron escalofríos de lo fuerte que quedó esa señalización del lugar donde pasó los últimos momentos Miguel”. “Me dolió que no haya una placa por Daniel Migone, asesinado ahí mismo en el 2005”, apunta la militante de derechos humanos, que recuerda al joven que apareció ahorcado en una celda de contraventores tan solo una hora después de ingresar a la misma Comisaría.

Actualmente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de un millón y medio de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar el cuerpo de Miguel Bru. Para Rosa “es necesario que entiendan que no estamos buscando más culpables, sino que lo estamos buscando a Miguel como lo hacemos desde el primer día”. “Sigue la misma angustia de que pasen los días y los años, y nos seguimos haciendo la triste pregunta de dónde está Miguel. No estamos buscando más responsables. Queremos terminar nuestra vida diciendo que cumplimos con nuestro hijo”, concluye.