8 dimensiones para analizar la paridad política en Argentina

La iniciativa ATENEA, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina, ONU Mujeres Argentina, IDEA Internacional para América Latina y el Caribe; y los Ministerios nacionales de las Mujeres, Géneros y Diversidad e Interior, elaboraron un informe sobre el Índice de Paridad Política (IPP) en nuestro país. 

El trabajo “Rompiendo los techos de cristal, consolidando la paridad como principio democrático en Argentina. Avances y desafíos pendientes”, que fue presentado el último martes, nuestro país alcanzó un puntaje de 56.4, 12 puntos por encima del resultado del año 2016. Hasta el momento, la iniciativa también ha sido implementada en Panamá, Honduras, Chile, Uruguay, México, Perú, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil y El Salvador. 

El IPP se calcula a través de ocho dimensiones: compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y en el marco legal, ejercicio del derecho al sufragio, cuota/paridad, Poder Ejecutivo y Administración Pública, Poder Legislativo, Poder Judicial y Electoral, partidos políticos y gobierno local (municipal); además de 40 indicadores. 

Mariana Rulli, consultora a cargo de la investigación, aseguró en diálogo con Notas que “lo que se puede ver es que han habido avances sustantivos desde el último informe, que fue en 2016, con un aumento del resultado del índice. Algunos de esos resultados se pueden ver reflejados a partir de la Ley de Paridad sancionada en 2017, y que se inauguró en las Elecciones Legislativas Nacionales de 2019”, lo que tuvo un impacto directo en el aumento de mujeres que ingresaron al Congreso Nacional.

Sin embargo, en algunos índices los resultados fueron negativos. Mientras que en “cuota/paridad” se obtuvo un puntaje de 86,9, y “ejercicio del derecho al sufragio” llegó a los 82,8 puntos, “Poder Judicial y Poder Electoral” sólo consiguió 13,3, y “partidos políticos” 26,2. Por otra parte, los puntajes más cercanos al promedio fueron “Poder Ejecutivo y Administración Pública” (66,2), “Compromisos Nacionales con la Igualdad en la Constitución y el Marco Legal” (60), “Gobierno Local” (53) y “Poder Legislativo” (56,3).

Según Fernanda Fernández, a cargo de la Dirección de Promoción de la Igualdad en la Participación Política del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y colaboradora del informe, el mayor déficit en lo que refiere a Poder Judicial y Electoral es que “todavía no existe un mecanismo de género en los máximos órganos jurisdiccionales electorales, o sea que no hay medidas de discriminación positiva para revertir esta situación”. 

Además, Rulli sumó que “algunos de los principales déficit que están reflejados en el informe tiene que ver con la dimensión del Poder Judicial, porque la Corte Suprema de Justicia está compuesta por cinco integrantes, de los cuales uno solo es mujer”. Por otra parte, “la Cámara Nacional Electoral no cuenta con ninguna mujer entre sus magistrados”.

“Por parte de los partidos políticos -continuó Rulli- todavía falta mucho para que más mujeres ocupen lugares en las máximas instancias partidarias, es necesario avanzar en ese sentido”.  Asimismo, Fernández agregó que “hubo un aumento en las plataformas electorales de las últimas elecciones presidenciales del 2019 que incluyeron propuestas de igualdad de género”.

El punto fuerte del informe también se basa en el reconocimiento, en palabras de la consultora a cargo de la investigación, de “la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en el ámbito nacional, porque eso refleja la importancia y la jerarquía institucional que se le ha dado a la temática, y que también ha tenido un efecto en muchas provincias que han creado sus propios Ministerios o han dotado de mayor jerarquía institucional a los organismos e instituciones que tenían hasta el momento”.

Para Rulli “los próximos desafíos están en promover leyes de paridad para todos los poderes del Estado, no sólo para el Legislativo”, a lo que Fernández sumó que “algo que se expresó es que no hay mujeres integrantes en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y que el porcentaje de mujeres jefas de bancadas descendió”. 

“A pesar de eso, lo que sí se pone como positivo es que se haya creado la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara baja, y que queda pendiente la construcción de la unidad técnica para la transversalización de género, además de la existencia de una bancada femenina en el Congreso Nacional”, apuntó Fernández.

Para la funcionaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, “es muy importante que este tipo de informes se realicen analizando el contexto argentino, y que se piense que hubo avances en materia de género”. 

“La Argentina es punta de lanza en la región porque se vienen tomando medidas, y también está la voluntad política de construir en ese sentido. Es un Estado que tiene en cuenta la perspectiva de género en las políticas públicas, que habilitan un espacio de participación a las mujeres y diversidades. Queda pendiente un análisis más profundo sobre la participación de las diversidades en el informe, pero son pasos que vamos dando que van marcando la base del tipo de Estado que queremos construir”, concluyó.