Volviendo a la presencialidad

El Estado Nacional publicó una resolución en donde establece los parámetros para que a partir del lunes 23 de agosto les trabajadores estatales vuelvan de manera escalonada a la presencialidad e ir recuperando de a poco la atención en las oficinas en la administración pública.

Mediante la resolución 91, la Secretaría de Gestión del Empleo Público de la Jefatura de Gabinete se establecieron las pautas por las cuales podrán citar a la presencialidad a trabajadores y trabajadoras que tuvieran al menos 14 días de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, un esquema bastante similar al que se estableció para el sector privado. La única excepción serán las embarazadas y las personas inmunodeficientes.

En la misma norma que tiene vigencia a partir de mañana, en su artículo tercero, señala que la modalidad de prestación de trabajo “deberá ser notificada fehacientemente por su superior jerárquico a cada agente por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento”. Es decir, a partir este 18 de agosto, la administración pública podrá convoar a quienes tienen al menos una dosis aplicada para que el lunes se presenten a prestar su servicio de manera presencial.

El primer problema a resolver es que el regreso necesita protocolos, distanciamientos y requerimientos sanitarios que hacen que en determinadas dependencias la presencialidad sea impracticable en su totalidad. En estos casos se dispuso la posibilidad de “la alternancia de la modalidad presencial, se justificará la prestación de funciones bajo la modalidad de trabajo remoto”.

La intención siguen siendo la de la vuelta a la normalidad y eso incluye la presencialidad, por lo tanto para los casos en donde se disponga la alternancia la Resolución deja en claro que la prestación de servicios de carácter presencial a tiempo parcial no podrá disponerse por fracciones inferiores hasta 20 horas semanales.

Otra cuestión a resolver es que muchas personas aprovechando el beneficio del trabajo remoto decidieron mudarse a otras zonas del país, la Resolución establece que aquellos que mantengan la virtualidad laboral no podrán cambiar el domicilio real denunciado en sus legajos únicos personales “a una distancia que supere los 100 kilómetros del mismo”.

Por último, la resolución firmada por la secretaria Ana Gabriela Castellani, resuelve sobre aquellas personas del sector público que hayan optado por no inocularse, “deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión” y llevar adelante el proceso de vacunación.

De continuar con la decisión de no vacunarse “deberán firmar una nota con carácter de declaración jurada expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores”.

En el caso de que un trabajador sea citado a su puesto presencial y no cumplieran con la presencialidad, “serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicables”. Mientras regresa de a poco y escalonadamente la administración pública nacional que tiene su mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras residiendo en la zona de AMBA, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retomó la presencialidad plena en las escuelas primarias y secundarias porteñas.

A partir de este martes 17 de agosto retornaron finalmente los más de 290 mil estudiantes de nivel primario de las 888 escuelas primarias, privadas y públicas, de la ciudad. Las burbujas pasan a ser los cursos completos que ya no deberán cumplir el distanciamiento en cada aula para poder retornar.  Solo se mantendrán distancias y turnos en el comedor en los colegios donde se brinden desayunos y almuerzos.

«El negacionismo sanitario de Larreta, Quirós y Acuña suprime distanciamiento social para todas las actividades dentro de las escuelas, a su vez no garantiza espacios con ventilación cruzada ni elementos de protección e higiene suficientes. Exigimos la compra de medidores de dióxido de carbono para todas las escuelas de la Ciudad para monitorear la ventilación de las aulas mientras se dictan clases», señaló UTE en un comunicado.

Pese a las críticas y los reclamos de los gremios docentes que ven con preocupación esta decisión, Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación Soledad Acuña decidieron sostener la decisión amparados por en los respaldos que la justicia le brindó anteriormente: «Los chicos tienen que estar en el aula lo más posible, lo que se perdió el año pasado fue terrible y por eso dimos la discusión en marzo cuando decían que no se podía volver a la presencialidad y la Corte Suprema y el tiempo nos dio la razón», dijo el Jefe de Gobierno.

Por su parte los gremios reclamaron la falta del distanciamiento social, la ausencia de ventilación cruzada y la escasez de elementos de higiene y protección en los distintos colegios. «Afuera de la escuela, hay seis centros de testeo para docentes, que se van a testear cada 15 días en forma preventiva, dos específicos para estudiantes a partir de seis años, para que las familias puedan testear a los chicos y descartar que sean asintomáticos», recordó la ministra porteña.

«La ministra (Soledad Acuña) está haciendo una interpretación arbitraria y caprichosa del distanciamiento social. No hay modo de que en las aulas, con todos los chicos presentes, se mantenga la distancia de un metro y medio. Tampoco equipó a las escuelas con medidores de dióxido de carbono, para mantener las aulas ventiladas. Rechazamos que la asistencia sea obligatoria, y estamos convocando a formar comités de autocuidado en las escuelas para exigir que se cumpla con las medidas de prevención y para seguir reclamando el distanciamiento», dijo a PáginaI12 Angélica Graciano, secretaria adjunta de UTE.

Por su parte, el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, coincidió en que «hay datos que no acompañan» la decisión del Gobierno porteño de retornar a la presencialidad plena en las aulas, y recordó que la respuesta del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a los gremios ha sido “el descuento de los días». “Larreta jugó el descuento de los días de paro para bajar el nivel de participación en las medidas de fuerza. Hubo docentes que recibieron descuentos de hasta 60 mil pesos y hubo un fallo que prohibió los descuentos, pero no lo cumplieron».

Por último, el gobierno nacional también está analizando la vuelta escalonada de público en recitales masivos y estadios de fútbol, por lo pronto cubriendo aforos parciales y en eventos al aire libre. El fútbol argentino está analizando situaciones similares y experiencias en otros países y el ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens confirmó que en estos días habrá novedades. No descartan la posibilidad de pedir certificado de vacunación para asistir a estos eventos.