Avanza la venta de la Costanera Sur en la Legislatura porteña

Finalmente, el bloque porteño de Vamos logró que el convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA llegue a la Legislatura este jueves, luego de rechazar la medida precautelar presentada por el juez Guillermo Martín Scheibler, que suspendía el tratamiento de dicho proyecto hasta que no se realice un estudio sobre el impacto ambiental que podría generar.

Según el Observatorio de la Ciudad (ODC), para que el convenio se apruebe, el oficialismo porteño necesitará 31 votos afirmativos ya asegurados por su mayoría absoluta en la Legislatura. “Todo derecho sobre bienes inmuebles del dominio público del GCBA debe aprobarse con los dos tercios del cuerpo legislativo, es decir, 40 votos. El bloque de legisladores oficialistas y aliados (Coalición Cívica, Evolución, Confianza Pública, Socialismo) votarán este proyecto sin superar los 40 votos porque no cuentan con esa mayoría y, en consecuencia, han decidido que este convenio urbanístico se vota tan sólo con la mayoría absoluta”, aseguraron.

“El GCBA está otorgando derechos sobre el Espacio Público, es decir, sobre bienes que serán del dominio público del Estado. Estos equipamientos e infraestructura serán los necesarios para abastecer al emprendimiento inmobiliario Costa Urbana. Por este motivo, el compromiso del GCBA es para el Grupo IRSA”, sostuvo el ODC.

La semana pasada los legisladores de Vamos Juntos habían intentado tratar el proyecto como una cuestión de privilegio. Sin embargo, no obtuvieron el apoyo necesario, y la medida se envió a la Junta de Interpretación. “Mientras todos los expedientes de convenios similares en Solares de Santa María S.A. fueron tratados en la Comisión de Espacio Público, esta vez el oficialismo la excluyó del debate. ¿Será porque en esta oportunidad está presidida por una legisladora de la oposición?”, había indicado la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira, que también preside esa comisión. 

La principal fuerza opositora de la Ciudad, antes de la sesión del último jueves, publicó un comunicado denunciando que “el proyecto ingresó a la Legislatura y obtuvo dictamen en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad. Asimismo, carece de los estudios de impacto ambiental requeridos por el Artículo 30 de la Constitución de la Ciudad”.

El proyecto se basa en un convenio entre la empresa privada y el gobierno porteño que habilitaría la construcción de torres de vivienda y oficinas de hasta 145 metros de altura (45 pisos) en la ribera del Río de la Plata, además de un complejo de comercios, parques, una escuela e incluso un hospital para que funcione como un barrio privado con salida al río en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors. 

Para que se habilite el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa se deben modificar las normativas vigentes, ya que en la actualidad esos terrenos sólo están autorizados para actividades deportivas. A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la ciudad 47 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público.

El proyecto habilita casi un millón de metros cuadrados para la construcción en terrenos linderos al barrio popular Rodrigo Bueno y a la Reserva Ecológica Costanera Sur, uno de los humedales con la categoría más alta de protección internacional. Según el fallo de  Scheibler, este cambio de normativa “generaría un incremento de valor del suelo de aproximadamente US$ 737.400.675”, y afectaría a la Reserva Ecológica a través de la contaminación acústica. Además, el megaemprendimiento se construiría sobre un humedal, uno de los ecosistemas más importantes y vulnerables a su desaparición.