Exigen el procesamiento de empresarios por la reducción a servidumbre de 237 trabajadores

La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) presentó un pedido de procesamiento contra cuatro directivos y dos empresarios de la firma Satus Ager, una empresa bonaerense dedicada a la producción de semillas, por la explotación laboral de 237 personas que trabajaban en situación de servidumbre. 

Las condiciones eran infrahumanas: la jornada laboral se extendía de sol a sol, y los trabajadores vivían en galpones de chapa precarios donde no tenían baño, luz, gas, ni agua potable. Además, los empresarios les cobraban los alimentos a precios más altos que los que ofrece el mercado. Para poder recolectar agua para trabajar, usaban bidones que contenían glifosato, un herbicida tóxico utilizado en la mayor parte de la producción agrícola argentina.

La causa se había iniciado en el año 2011, luego de que la Municipalidad de Ramallo, localidad de la provincia de Buenos Aires, realizara un allanamiento en los campos “Doña Clementina” y “Santa Celestina”, donde los trabajadores vivían hacinados. Las víctimas, provenientes de Santiago del Estero, eran convocadas para trabajar a destajo en el desflore del maíz, pero una vez que llegaban a los terrenos no podían retirarse.

El expediente está en manos del juzgado federal de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, que en mayo del 2011 dictó la falta de mérito de los imputados. La decisión fue avalada por  la Cámara Federal de Rosario en 2012, y en 2018 el magistrado sobreseyó a los empresarios. Dos años más tarde, en 2020, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario revocó el sobreseimiento, y la causa se mantuvo sin novedades hasta esta semana.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideran que Félix Jorge Lanusse, expresidente de la empresa; Ricardo Javier Cardinale, exvicepresidente; Dimas Gutarra Sedano y Marcelo Herrera, encargados de los campos, y Gerardo Román Jarmoluk y Miguel Zimmerman, directores de la firma, deben ser condenados por los delitos de “trata de personas con fines de trabajo forzoso” y “reducción a la servidumbre u otras prácticas análogas”.

La Fiscalía Federal de San Nicolás y Protex pidieron la inhibición general de bienes de esos empresarios y que se traben embargos por $22.430.485 para poder otorgar una reparación a las víctimas. Además, solicitaron que se inicie una investigación patrimonial a todos los imputados.

Según el informe anual elaborado por Protex de la Línea 145, habilitada para solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas, se registraron 250 acusaciones de casos de explotación laboral en el año 2020. De este total, casi el 50% corresponden al ámbito rural. “Advertimos que se mantiene como la modalidad más frecuentemente denunciada dentro de los casos de explotación laboral, la rural (que aumentó en cantidad respecto del año 2019)”, señala el escrito.

El expediente elevado en los últimos días asegura que “es indudable a esta altura que la empresa Satus Ager S.A. desplegó mediante reclutadores y avisos de radio una estrategia de captación -en el sentido de ganar la voluntad de los potenciales trabajadores- haciendo uso para ello de información engañosa o insuficiente y aprovechándose de la situación de pobreza y hasta en algunos casos de analfabetismo que caracteriza a los trabajadores contratados. Lo mismo puede decirse respecto del posterior traslado desde sus pueblos natales a las estancias ubicadas en Provincia de Buenos Aires y su acogimiento para realizar las tareas laborales”.