Política

5 agosto, 2021

La Legislatura porteña pospuso el debate sobre Costa Urbana

A pesar de haber recibido una medida cautelar por parte de la justicia porteña que suspendía el tratamiento del proyecto, el oficialismo incluyó el debate en el temario, pero no obtuvo los votos necesarios para que sea tratado como una cuestión de privilegio.

Este jueves por la mañana, el oficialismo de la Ciudad trató de avanzar en la Legislatura con la aprobación de un convenio con la empresa IRSA para construir un complejo urbanístico e inmobiliario de más de 71 hectáreas en la Costanera Sur, a pesar de la medida precautelar dictada por el juez Guillermo Martín Scheibler que suspendía el tratamiento de dicho proyecto. 

Si bien el bloque de Vamos Juntos añadió el punto en el temario para la sesión de este jueves luego de apelar contra la medida precautelar y trató el proyecto en las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto -ambas presididas por el oficialismo- no consiguió los dos tercios de los votos necesarios para que se avance en el debate como una cuestión de privilegio. De esta forma, la medida se envió a la Junta de Interpretación.

La legisladora del Frente de Todos Claudia Neira agregó que “mientras todos los expedientes de convenios similares en Solares de Santa María S.A. fueron tratados en la Comisión de Espacio Público, esta vez el oficialismo la excluyó del debate”. “¿Será porque en esta oportunidad está presidida por una legisladora de la oposición?”, cuestionó.

“El proyecto ingresó a la Legislatura y obtuvo dictamen en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad. Asimismo, carece de los estudios de impacto ambiental requeridos por el Artículo 30 de la Constitución de la Ciudad”, denunció el bloque de legisladores del Frente de Todos en un comunicado. 

Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio de la Ciudad (ODC) e impulsor de la medida cautelar, señaló: “Los bloques del oficialismo (PRO, Evolución, CC, Socialismo, GEN) están más preocupados en votar el gran negocio de Irsa que en cumplir con garantizar el derecho político de la ciudadanía a intervenir en una audiencia pública”.

La medida judicial del Scheibler establecía que antes de que se trate el proyecto en el Parlamento porteño, debía realizarse un informe sobre el impacto ambiental, además de una audiencia pública obligatoria exigida por la carta magna de la Ciudad. 

Diego García Vilas, presidente del bloque de Vamos Juntos en la Legislatura, consideró en sus redes sociales que “es muy peligroso que un juez pretenda indicarnos qué podemos votar y qué no”, y que “constituye un pésimo antecedente para el Estado de Derecho y atenta contra un principio básico de la democracia: la división de poderes”. El oficialismo adelantó que presentarán un jury de Enjuiciamiento contra el magistrado Scheibler.

En diálogo con Tiempo Argentino, el abogado ambientalista Baldiviezo contestó que “los bloques oficialistas plantearon una cuestión de privilegio y se victimizan porque la Justicia impidió tratar el proyecto de ley”, y que “esta victimización lo que soslaya es que la propia Legislatura está violando la Constitución”.
“Estos legisladores consideran que la Legislatura está por sobre la Constitución, como si fuese una convención constituyente sin límites. Al contrario. La Constitución establece las instancias de participación ciudadana obligatoria y estos derechos están siendo violados por la Legislatura”, continuó el letrado.

Los detalles del proyecto urbanístico

La empresa IRSA, que considera a este emprendimiento el “más grande de su historia”, busca construir torres de vivienda y oficinas de hasta 145 metros de altura (45 pisos) en la ribera del Río de la Plata y un complejo de comercios, parques, una escuela e incluso un hospital para que funcione como un barrio privado con salida al río en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors. Los terrenos fueron donados al club en el año 1960, pero IRSA los compró por 50 millones de dólares en 1997.

Para que se habilite el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa se deben modificar las normativas vigentes, ya que en la actualidad esos terrenos sólo están autorizados para actividades deportivas. A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la ciudad 47 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público.

El proyecto habilita casi un millón de metros cuadrados para la construcción en terrenos linderos al barrio popular Rodrigo Bueno y a la Reserva Ecológica Costanera Sur, uno de los humedales con la categoría más alta de protección internacional. Según el fallo de  Scheibler, este cambio de normativa “generaría un incremento de valor del suelo de aproximadamente US$ 737.400.675”, y afectaría a la Reserva Ecológica a través de la contaminación acústica.

Emprendimiento inmobiliario de IRSA llega a la Legislatura
Diagrama del emprendimiento inmobiliario de IRSA

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