Exigen la pena máxima para un coautor del asesinato de Berta Cáceres

El último 5 de julio, Roberto Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y titular del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fue declarado culpable como coautor del asesinato de la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres en el año 2016. Este martes, el Ministerio Público de Honduras confirmó el pedido de la familia de que Castillo reciba la pena máxima por el crimen que cometió: 25 años de cárcel. 

“Se demuestra que no hay ningún arrepentimiento por parte de Catillo, no cooperó con la investigación, realizó el delito con abuso de confianza, tenía pleno conocimiento del operativo del asesinato contra Berta Cáceres”, señalaron desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado en 1993 por la militante asesinada.

Por su parte, la defensa del imputado pidió la sentencia mínima de 20 años de cárcel. Sin embargo, la condena se conocerá recién en el mes de septiembre, según confirmaron desde el Tribunal de Sentencia. En ese sentido, la Copinh añade un pedido de que “se cumpla el plazo de 30 días continuos para que el Tribunal de la sentencia concreta”.

En diciembre de 2019, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández fueron condenados a 34 años de prisión por el delito de asesinato de la dirigenta y 16 más por tentativa contra un ciudadano de origen mexicano. Por su parte Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez, fueron sentenciados a 30 años por el mismo delito.

Sin embargo, los familiares de la víctima continuaron luchando para que también se juzgue a los autores intelectuales del crimen, “miembros de la familia Átala Zablah, que a pesar de las investigaciones y todos los procesos judiciales que han comprobado su participación siguen sin ser enjuiciados”, dijo Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista.

Castillo, ex integrante de la inteligencia militar hondureña, dirigía la empresa que llevaba adelante el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” al que Cáceres se oponía, ya que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas, habitantes en las zonas aledañas del Río Gualcarque, además de que atentaba contra el patrimonio natural, cultural, económico y hábitat del pueblo. Por oponerse a este avance extractivista, Cáceres fue encarcelada en el año 2013.

Pocos días antes de su asesinato, Berta había encabezado una conferencia de prensa en la que alertó acerca de las amenazas a su vida y el crimen de varios líderes de las comunidades indígenas lenca. La denuncia contra las políticas del gobierno hondureño que mantenía Cáceres a través de su activismo permanente, la constituyeron como una de las máximas referentes sociales y feministas de América Latina. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada a tiros en su casa, pese a contar con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).