Absolución para Eli: el cuento de la mala víctima

Belén Riccillo

@belri

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14 de febrero de 2020. Ese fue el día que Elisa decidió dejar de callar las violencias que sistemáticamente estaba sufriendo. Desde esa fecha, se la acusa de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. La causa en la que será juzgada dice que le arrojó una botella de combustible a su ex pareja para atentar contra su vida. Los hechos, sin embargo, demuestran que esa nunca fue su intención.

Cuando las mujeres no jugamos el papel de buena víctima, la justicia nos transforma en victimarias; cuando nos defendemos de quienes nos violentan sistemáticamente, somos las denunciadas. Este es el caso de muchísimas mujeres en nuestro país, y particularmente de Eli, quien los días 11 y 12 de agosto será llevada a juicio oral.

Paolo Zaniratto y Jonathan Cano, abogados defensores de Elisa, sostienen que “en ninguna instancia judicial se ha podido probar tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad penal de nuestra defendida”. En cambio, “la circunstancia demuestra que las pruebas en la causa son endebles y la mirada parcial de parte de la justicia,  desde donde la causa, acumula irregularidades que debieron anular el proceso. Es por ello que en la etapa oral deberán salir a la luz y no habría otra solución más justa que la absolución de Elisa. El hecho de que hoy Elisa Molina se encuentre detenida, da cuenta de la injusticia que se está cometiendo con una persona no sólo inocente, sino víctima”. 

Además de sus abogados, el pedido de absolución para Elisa es acompañado por organizaciones feministas y del barrio de La Boca en el que ella reside. Estas organizaciones no sólo denuncian el carácter patriarcal de la justicia que encierra a una mujer que se defiende de las violencias machistas, sino también las condiciones de dicho encierro. 

Eli se encuentra con arresto domiciliario a cargo de sus cuatro hijes, sin posibilidad de tener salidas laborales o algún tipo de asistencia alimentaria por parte de los servicios penitenciarios. Su situación no se encuentra por fuera de la norma: de acuerdo a un relevamiento realizado en el año 2019 entre las organizaciones Atrapamuros, Limando Rejas, Asociación de Pensamiento Penal (APP) y la Rama de Liberades y Familiares del MTE, el 87% de las mujeres con arresto domiciliario están a cargo de familias monomarentales, con dificultades para acceder a salidas laborales, controles de salud y asistencia alimentaria para ellas y sus hijes. Incluso llevar a les niñes al colegio requiere de una autorización judicial, por lo que esto muchas veces queda a cargo de familiares y amigos, cuando es posible. Como sucede con Elisa, las redes barriales y las organizaciones sociales se vuelven un sostén fundamental para ellas.

En su caso particular, se suma la posibilidad de no poder asistir a su propio juicio. En contexto de pandemia, estas instancias históricamente presenciales se realizan de forma virtual. Eli no cuenta en su domicilio con una conexión a internet que le permita participar de las audiencias. Debido a su arresto, tampoco tiene la posibilidad de trasladarse, por lo que resolver esta cuestión queda en sus manos y en las de aquellas personas que la sostienen y acompañan. 

En caso de ser declarada culpable, podría enfrentar veinte años de prisión. Veinte años que no sólo implican una mujer presa injustamente, con todas las vulneraciones y violencias que se atraviesan en el encierro, sino además cuatro hijes sin su madre y a cargo de un progenitor violento. 

La historia de Eli es la historia de muchas otras mujeres y disidencias que la justicia, lejos de ver y considerar víctimas, transformó en victimarias. Como lo es también la historia de Higui, que en 2017 se defendió de un grupo de varones que la atacó e intentó violar por su «pinta de lesbiana». Cuatro años después, sigue esperando el juicio que la absuelva en la causa caratulada como homicidio. También lo es la historia de Marcela Mendoza, condenada a cadena perpetua por la muerte de su ex pareja. A pesar de la revocación de su condena, espera un nuevo juicio en 2022 que, como declaró al recuperar la libertad en 2019, «por lógica no tendría que hacerse , pero soy mujer y me condenaron porque no creyeron que él era un violento que nos quiso matar a los dos”.