Máxima sentencia para los represores de la Triple A de Bahía Blanca

Este lunes al mediodía, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca confirmó una condena histórica: cuatro exmiembros de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) de Bahía Blanca fueron condenados por el crimen de asociación ilícita, y finamente se hizo justicia sobre el asesinato de David “Watu” Cilleruelo, un militante de la Federación Juvenil Comunista asesinado en la Universidad Nacional del Sur (UNS) en 1975. “Se cumplieron las expectativas que teníamos para esta sentencia”, dijo a este medio Alejandra Santucho, miembro de H.I.J.O.S. regional Bahía Blanca, agrupación que formó parte de la querella de la causa. 

Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero fueron condenados a la pena máxima de diez años de prisión por el delito de asociación ilícita, y Roberto Aceituno deberá afrontar la cadena perpetua tras haber sido considerado como uno de los autores del asesinato de Cilleruelo, una de las 25 víctimas fatales del terrorismo de estado de esa época. Según Santucho, estas sentencias ponen a la luz “tantos años de impunidad y silenciamiento”.

Hasta el momento, se desarrollaron más de 260 sentencias por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, a través de los cuales fueron condenados y enjuiciados más de mil genocidas. Para la militante de derechos humanos, la sentencia de este lunes forma parte de “un proceso histórico que ningún otro país lo tiene”, ya que en ninguna otra parte del mundo “se ha alcanzado el proceso de memoria, verdad y justicia que tenemos nosotros”.

Fernando Tebele, miembro de La Retaguardia, uno de los medios que cubrió la causa judicial junto con FM de la calle, celebró la decisión unánime de la justicia bahiense, ya que “ha costado mucho avanzar en las causas que comprenden la temporalidad previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”, y agregó: “Es mucho más dificultoso conseguir buenos resultados y condenas en juicios donde los que los hechos son anteriores al golpe”.

“La etapa previa a la dictadura genocida preparó el terreno para lo que vino después, disciplinando a los obreros, a los estudiantes, y poniendo a la sociedad en un estado de terror continuo”, añadió Santucho.

Hasta el momento del juicio, los vecinos de Bahía se cruzaban permanentemente con los condenados. “Sabíamos que eran miembros de las patotas. Sin embargo, se pensaba que iba a ser muy difícil juzgarlos. Hubo muchos años de impunidad no sólo por esta causa, que es la séptima que se desarrolló en Bahía Blanca”, sostuvo la referente de H.I.J.O.S. 

La alianza anticominusta operó durante los años previos a la dictadura como “una patota clandestina” que contaba con el aval estatal. “En Bahía Blanca, algunos eran personal de seguridad de la Universidad Nacional del Sur, se les pagaba un sueldo, utilizaban los autos y las instalaciones de la universidad para cometer los actos ilícitos, como fue demostrado a lo largo del juicio”, relató Alejandra. Además, actuaban en conjunto con las fuerzas de seguridad y las comisarías del distrito, y contaban con “el ocultamiento de la prensa local como La Nueva Provincia”.

En lo que respecta a la difusión y comunicación de la causa, el periodista de La Retaguardia, medio que transmite en la actualidad siete juicios por crímenes de lesa humanidad, subrayó el hecho de que sean “los medios comunitarios alternativos y populares los que estemos siguiendo estos hechos”, y no los medios públicos, que “también tendrían que poder cubrir estos juicios a modo reparatorio, porque fue el Estado y sus medios de comunicación fueron pieza fundamental del genocidio”. Tebele contó además que el equipo de los juicios de La Retaguardia viene trabajando grupalmente con el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial: «Escuchar estos testimonios nos resulta duro y conmovedor. La intervención solidaria del EATIP nos ha servido para procesar toda esa info insoportable».

Cilleruelo, presente

En abril de 1975, miembros de la Triple A ligados al gremio del diputado nacional del Partido Justicialista y secretario general de la CGT de aquel entonces, Rodolfo “Fito” Ponce, y contratados por el interventor de la UNS, Remus Tetu, le dispararon a David en el ala de Ingeniería a la vista de decenas de estudiantes. 

El único miembro de la patota que formó parte del asesinato y que llegó al juicio con vida fue Aceituno. Jorge Oscar Argibay, quien efectuó el disparo, falleció tiempo atrás, consiguiendo la “impunidad biológica”. Según Santucho, esto “tiene que ver con lo que se tardó en que cayeran las leyes de impunidad de Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem”, ya que recién en 2004, cuando se derogaron las normativas de Punto Final y Obediencia Debida, se pudieron retomar los juicios de lesa humanidad.

El crimen de Watu fue el único crimen que la Triple A cometió a la luz del día. “No hay testimonios sobre las otras 24 personas asesinadas por el terrorismo de estado previo a la dictadura, porque lo hacían de manera ilegal y clandestina. Lo que se demostró con esta sentencia es que esas personas efectivamente fueron asesinadas por la banda de la Triple A, aunque no necesariamente por los cuatro miembros que fueron enjuiciados este lunes”, concluyó Alejandra.