Informe anual de la CPM: ¿por qué decimos que todo preso es político?

Santiago Pérez

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Es imposible saber si, más allá de su sensibilidad social, el “Indio” Solari tenía un conocimiento cabal del servicio de Justicia y la cárcel en 1987 cuando escribió la canción “Todo preso es político”. Pero esa simple oración encierra una afirmación cuya vigencia se extiende de forma retroactiva y hacia el futuro. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lo corrobora una vez más en su informe anual.

Este informe, llamado “El Sistema de la Crueldad”, recopila información de todo tipo: violencia institucional, policial, el funcionamiento del Poder Judicial, las acciones de las organizaciones sociales tendientes a poner algún tipo de control al accionar arbitrario de las fuerzas de Seguridad.

Pero, al mismo tiempo, la CPM es un organismo que tiene la función de ser el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (es decir, funciona bajo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, creado a través de la ley 26.827 de 2012), y por ello estos informes ponen un especial énfasis en lo que ocurre en los contextos de encierro como cárceles, comisarías, alcaidías y dispositivos de encierro para niñes y adolescentes de la provincia de Buenos Aires.

Los números de este año muestran una vez más el alcance de la Ley Penal: desde la Comisión explican que en lo que va del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) todos los delitos se redujeron en promedio un 30% y, sin embargo, esto no tuvo su reflejo en el encarcelamiento de las personas, que se mantuvo estable a pesar de la gran cantidad de personas que recuperaron su libertad o accedieron a la prisión domiciliaria (que fueron 1.958 en total).

En enero de 2020 había 51.215 personas detenidas en la Provincia, mientras que en enero de 2021 este número fue de 50.520, una diferencia de 695 personas, ya que al margen de quienes recuperaron su libertad, 676 fueron monitoreadas con métodos electrónicos, y 587 ingresaron a comisarías.

Pero, al mismo tiempo, también puso de manifiesto otros hechos graves: más de 1.500 personas sufrieron “represión extrema y torturas”, al tiempo que las protestas de les preses por las condiciones inhumanas de alojamiento que se agravaron con la pandemia dejaron como saldo un hecho insólito, que fue el incendio intencional de los centros de estudiantes de las cárceles 48 y 31 de San Martín y Florencio Varela, respectivamente, ocasionados por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Si esta cárcel sigue así

Pero, ¿por qué todo preso es político? En 2002, cuando comenzaron a llevarse adelante los relevamientos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en nuestro país había 44.969 personas detenidas en cárceles argentinas. Para 2019, el mismo informe indicó que esta cifra ascendía a 100.634 personas. Y no estamos contando comisarías, alcaidías y otros contextos de encierro, lo cual muestra otro problema que es de corte metodológico: no existen estadísticas unificadas en esta materia.

Las políticas de persecución penal heredadas del Consenso Neoliberal ponen el acento en las personas. Con Estados Unidos como el país que dictó las principales directrices en este sentido, la persecución del narcotráfico, por ejemplo, apuntó (y lo sigue haciendo) a les consumidores. Ningún gobierno progresista decidió tener una política en materia penal que contemplara un cambio de paradigma. Esto explica también el increíble aumento de las personas privadas de su libertad no sólo en nuestro país sino en toda la región.

Y esto nos trae de vuelta a nuestra pregunta inicial: son precisamente estas políticas las que promueven o disminuyen la población carcelaria. Leyes como la de Flagrancia (que prevé un juicio “sumario” o muy rápido para personas que son atrapadas “con las manos en la masa”) o la de tribunales unipersonales, sancionadas durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, lograron aumentar esta población a límites históricos con mucha velocidad.

Esto provocó también lo que se conoce como “policiación” de los delitos: es decir, que la Policía sea la que, según su criterio y todo el universo de personas que atrapa “con las manos en la masa”, imponga los tipos de delitos más comunes para los jueces penales. Esto lo puso de manifiesto la CPM, ya que uno de los datos salientes es que la gestión de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, heredó una tasa de 306 personas presas cada 100.000 habitantes y la dejó, al finalizar su función, en 415.

Simples decisiones políticas pueden provocar que estos números se muevan con mucha velocidad. Es decir, con el correr de unos pocos años se puede llegar a un punto crítico que pone a la Argentina en un verdadero aprieto en materia de Derechos Humanos, ya que la sobrepoblación carcelaria bonaerense alcanza el 106%. Esto significa que el SPB está ocupado al doble de su capacidad.