Ambiente y Hábitat

29 julio, 2021

Barrio 31: cientos de niñes y mujeres resisten al desalojo

El Gobierno de la Ciudad se niega a abrir una mesa de diálogo con los y las vecinas de la toma de «La Containera». Muchas de ellas son madres solteras y víctimas de violencia de género que no tienen a dónde ir.

Juan Pablo Piscetta

@juanpisce

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El 16 de julio a las 7 de la mañana, un oficial de Justicia del Consejo de la Magistratura porteño y funcionarios del Gobierno de la Ciudad se presentaron en “La Containera”, un sector del Barrio 31-Indira Gandhi. En el predio, ubicado entre las calles Rodolfo Walsh y Gendarmería Nacional, se instruyó un pedido de desalojo por usurpación de tierras públicas. Allí viven más de 100 personas, la mayoría mujeres solteras y niños. Entre ellas, víctimas de violencia de género que escaparon de sus casas y no tienen dónde ir. 

La orden para desocupar debía efectuarse en un plazo de 72 horas. Dos semanas después, el desalojo está cerca de convertirse en una realidad. Desde el lunes por la noche los ocupantes están en vilo con lo que pueda ocurrir. La causa entró en un punto de máxima tensión cuando el Gobierno de la Ciudad reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad, luego de que las vecinas que ocupan las tierras rechazaron que las autoridades judiciales y porteñas realizaran un censo. 

Según las organizaciones que acompañan la toma -Barrios de Pie Capital, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento La Dignidad-, son familias numerosas que no aceptan un subsidio habitacional como solución. Desde hace poco más de un mes que permanecen en el sitio con carpas y sus pertenencias. No tienen otro lugar donde ir. Los voceros del reclamo dicen que ese estipendio no alcanza para alquilar y que necesitan de otro tipo de alternativas.

“Son 100 familias. Unas 80 mujeres que sufrieron violencia de género y quedaron en situación de calle. Muchas alquilaban y fueron echadas. Acá en el barrio de Retiro no te alquilan si tenés chicos y la pieza está en 20 mil pesos. Están en la lucha por un techo y una vivienda digna”, sostuvo Lorena Gómez, integrante de la CCC y una de las vecinas del barrio que está colaborando en la entrega de merienda y cena a las familias.

Una de las delegadas de manzana añadió: “El Gobierno de la Ciudad es el responsable de esta tierra, entonces que se haga cargo de la gente que está pidiendo ese lugar. No le están robando a nadie, simplemente están ocupando un lugar que nadie lo estaba utilizando”.

La causa está a cargo de la Fiscalía N° 11 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que encabeza Valeria Messaglia. La directora general de Asuntos Penales, Graciela Pozzali, pidió la intervención de esas tierras en litigio, ubicadas en la Circunscripción 19, Sección 15 Manzana 162C, Parcela 5. Se trata de una zona incluida en el plan de urbanización que lleva adelante el gobierno porteño. Allí se erigieron edificios de viviendas nuevas, un centro de formación profesional y un jardín de infantes. En el terreno ocupado, de acuerdo a los planes oficiales, estaba prevista la construcción de una escuela para los chicos del barrio.

“Desde hace cuatro años están diciendo que van a construir un polideportivo y una escuela”, afirmó Lorena. Según esta vecina, el lugar se convirtió en un basural para las viviendas nuevas, donde proliferan “ratas, escombros y todo tipo de bichos”. “Los niños que están acampando están pasando viento, lluvia y algunos fueron internados con neumonía”, ilustró.

En el Gobierno porteño aseguran que hubo acercamientos para censar a las familias a fin de conocer cada caso en particular. Sin embargo, según las fuentes oficiales, los vecinos de ese sector del Barrio Mugica se negaron tres veces a ser censados por el programa “Buenos Aires Presente”, a cargo de la ministra de Hábitat porteño, María Migliore. Solo pudo ser identificada una persona. Misma respuesta tuvo un equipo del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que intentó asistir a los menores y no pudo ingresar a las manzanas en conflicto.

“Esta situación de toma de terrenos públicos genera descontento en todos los vecinos y vecinas del Barrio Mugica, que día a día luchan y se esfuerzan para que la urbanización del barrio y la entrega de viviendas siga avanzando, para poder ser parte de la ciudad formal de Buenos Aires, con los mismos derechos y obligaciones que todos los porteños”, señalaron desde la cartera de María Migliore.

Las personas que permanecen en la toma desconfían de este tipo de acciones. Algunas de ellas conocen el procedimiento y tienen un historial en materia de asentamientos. Después del relevamiento censal, lo que se oferta es la entrega de una ayuda económica. “La mayoría de las vecinas ya pasaron por esto y han quedado en causas por usurpación. Si no accedés al subsidio, te arman la causa. No es una solución”, comentó Lorena.

Según consta en la instrucción administrativa, el grupo que resistió el requerimiento judicial planteó que la diligencia “no aporta en nada” y que la mayoría de las personas “ya cobran subsidios”. Lo que exigen, en cambio, es la intervención de la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) porteña y una mesa de diálogo.

Según los últimos datos disponibles, el Gobierno de la Ciudad otorga el subsidio habitacional a 18.413 titulares. El monto promedio del beneficio oscila en torno a los $8.000. Para el año 2021, el presupuesto porteño dispuso un aumento que tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumidor de 63,82 por ciento. Por grupo familiar, la ayuda promedio se ubica en torno a los 13.106 pesos. Para los vecinos sin techo, este ingreso no alcanza.

El conflicto de fondo es cómo se regula la tierra y se distribuyen las soluciones habitacionales en los barrios populares de la Ciudad. El gobierno porteño avanzó en la Legislatura porteña con una nueva normativa que alcanza a este tipo de inmuebles. 

En uno de los comunicados de la Mesa de Urbanización del barrio Padre Carlos Mugica, las organizaciones participantes demandaron la construcción de 3.500 viviendas en el marco de la ley 3.343 de integración de los polígonos de las ex Villas 31 y 31 Bis, de las cuales se edificaron alrededor de 1.000. “No hay respuesta en lo inmediato y a largo plazo el protocolo de regularización dominial no contempla la situación de los inquilinos, que son el 40% de la población del barrio”, señala el texto.

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