Ambiente y Hábitat

19 julio, 2021

“No se pueden permitir desalojos en la ciudad más rica del país”

Vecines y organizaciones del barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31, se reunieron este lunes para evitar el desalojo de manera violenta de 100 familias que ocupan un predio hace más de 20 días. Reclaman una solución habitacional, pero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solo respondió con una orden desalojo y una amenaza de represión en 72 horas.

Crédito: Marisol Morales

El Ministerio Público Fiscal Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Valeria Massaglia, llevó el último viernes una orden de desalojo a les vecines que ocupan un predio en lo que era un basural utilizado por la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) porteña en barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31. Son más de 100 familias con más de 50 niñes y adolescentes que no tienen un espacio donde vivir.

“Muchas de ellas son madres solteras que no pueden seguir sosteniendo piezas de alquiler donde se encontraban, y huyendo de sus agresores. También familias enteras que están sin ingresos y son empujadas a tomar terrenos vacantes en pleno invierno, soportando las inclemencias del clima. Esto es debido a la difícil situación en la que se encuentran no llegando a pagar los alquileres porque han quedado sin empleo”, dice el comunicado de les vecines y las organizaciones que están acompañando.

Mónica Zárate, militante de La Dignidad y la Corriente Villera, relató en diálogo con Notas que la forma que encontraron entre los vecinos para evitar el desalojo fue «difundir y pedir ayuda a todas las organizaciones del barrio», contar su realidad «hacia afuera».

«Los terrenos fueron tomados por mujeres con hijes para vivir porque no tienen a dónde ir solas, están viviendo en la calle»

Las 100 familias llevan más de 20 días en el predio, sufriendo el frio y las lluvias, y la única respuesta institucional que recibieron fue esa orden de desalojo con la amenaza de reprimirlos en 72 horas si no se retiraban del lugar que se encuentra en un baldío desocupado conocido como «la Containera». «Empezamos a difundir lo que estaba pasando adentro del barrio, y que los terrenos fueron tomados por mujeres con hijes para vivir porque no tienen a dónde ir solas, están viviendo en la calle», continúo Mónica.

“Hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad y a la fiscal a cargo Valeria Massaglia por la integridad de los vecinos. La situación de crisis social y economía en CABA cada vez es mas profunda haciendo que la vida de los sectores populares sea cada vez mas difícil” cierra el comunicado de las organizaciones que no solo intentan evitar la represión policial, sino buscar una solución definitiva a la crisis habitacional que es cada vez más profunda.

“Hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad y a la fiscal a cargo Valeria Massaglia por la integridad de los vecinos”

En ese sentido, la vecina destacó: «No confiamos en el Gobierno de la Ciudad porque nunca están del lado de los pobres. Lo que sí exigimos es que respondan como tienen que responder. Está en sus manos hacer cumplir nuestros derechos de tener una vivienda digna, un trabajo, una educación y salud. Nosotros nos organizamos para hacer cumplir nuestros derechos».

Según Mónica, «la SISU está “urbanizando” supuestamente el barrio, pero no lo están pensando para responderle a la gente que está en los alquileres, ni a la persona que sufre violencia de género. Estamos tratando de que ellos cumplan con su deber. Si no nos pueden dar vivienda,que nos den la tierra. Esa es la solución que queremos».

La vivienda digna se volvió el problema central de las grandes ciudades que anteponen el derecho a la protección de la propiedad privada por encima del derecho de las personas a tener un techo. La ciudad más rica del país no está ajena a esta realidad y el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta demuestra que la represión y los desalojos no sirven pensando en una solución definitiva.

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