El Mundo

8 julio, 2021

Desde las calles de Haití: “Las instituciones estatales no responden”

Tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse la situación en el país caribeño se ha vuelto más tensa e incierta. Jean Baptiste, del movimiento social haitiano Tèt Kole, describe un escenario al borde del colapso.

Santiago Mayor y Gabriela Giacomelli

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Este miércoles recorrió el mundo la noticia del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, profundizando aún más la crisis social, política y económica que atraviesa el país desde hace al menos una década. 

Durante la madrugada del 7 de julio un grupo de hombres armados ingresó a la residencia privada del mandatario y le disparó a quemarropa. También hirieron a su esposa, Martine Marie, pero luego de ser hospitalizada y trasladada a EE.UU. logró salvarse.

Durante varias horas no se supo nada más del ataque. Desde la oficina del primer ministro de facto, Claude Joseph, se limitaron a informar que los perpetradores hablaban español, algo llamativo ya que los idiomas del país son el francés y el creole. 

Sin embargo, hacia la noche y declarado el Estado de Sitio, un nuevo comunicado aseguró que la Policía Nacional había arrestado a seis sospechosos (uno de nacionalidad estadounidense) y que otros dos habían fallecido en un enfrentamiento.

Moïse se encontraba deslegitimado dentro del país ya que la oposición política y el Poder Judicial sostenían que su mandato había finalizado en febrero de este año. Por eso su principal sostén eran los grupos paramilitares y potencias extranjeras como EE.UU., Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El país está en una situación muy difícil donde las instituciones estatales no responden a sus misiones”, comentó Jean Baptiste, un militante del movimiento social haitiano Tèt Kole,  en diálogo con Notas. Y recordó que el parlamento no está en funciones, por lo que el presidente gobernaba desde 2020 exclusivamente por decreto. 

Asimismo destacó que “en los municipios no hay prefectos” y no se organizan elecciones “hace mucho tiempo”.

Durante la noche del miércoles se oyeron disparos en las calles de Puerto Príncipe, la capital. “Hay bloqueos pero no son manifestaciones, son controles de la policía”, explicó Jean Baptiste y aseguró que “hay inquietud de la población” respecto al posible accionar de los grupos armados que controlan varias zonas de la ciudad y el país.

Crisis política y bandas paramilitares

Las últimas elecciones presidenciales de Haití fueron conflictivas. Originalmente se realizaron en 2015 pero tras denuncias de irregularidades se dieron por anuladas, repitiéndose en 2016. Allí se impuso Moïse con una bajísima participación electoral y asumió su mandato en febrero de 2017.

Como los períodos presidenciales duran cinco años en Haití, el mandatario aseguraba que debía permanecer en el gobierno hasta 2022. Sin embargo la Constitución haitiana estipula que el gobierno de transición que existió en 2015 y 2016 se incluye en el actual mandato, por eso la oposición daba por concluidos los cinco años a comienzos de 2021.

El presidente se pudo sostener mediante la represión -dejando decenas de muertos- y gracias al apoyo internacional de Francia, EE.UU. y la OEA. 

No obstante esto no detuvo el deterioro de su gobierno que contaba con el antecedente masivas protestas en 2018 y 2019. Primero por una denuncia de corrupción por desvío de fondos de la iniciativa Petrocaribe, mediante la cual Venezuela subsidiaba combustibles baratos a la isla; y en segundo lugar un paquete de ajuste propiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue rechazado por la población.

La crisis adoptó un nuevo giro en enero de 2020 cuando finalizó el mandato del parlamento y no se llamó a nuevas elecciones. Desde ese momento el presidente comenzó a gobernar por decreto y por la fuerza.

En un país donde las Organizaciones No Gubernamentales financiadas desde el extranjero suelen tener más dinero, influencia y poder que el propio Estado, Moïse buscó contener la situación respaldándose fuertemente en grupos paramilitares y vinculados al crimen organizado que controlan distintas partes del territorio haitiano.

La periodista Alejandra Loucau informó que según la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNRDDR) al menos 77 organizaciones de esas características actúan en el país. Asimismo, de acuerdo a datos de la Policía Nacional, el número de armas ilegales se duplicó en cinco años.

A pesar de esto, hace pocos días el líder de G9 -una federación de bandas de la capital- llamó a la población a armarse contra el gobierno. No casualmente esto coincidió con problemas de poder dentro del Ejecutivo.

Gobierno de facto

El 5 de julio, dos días antes de su asesinato, Moïse había nombrado un nuevo primer ministro: Ariel Henry. Este abogado había sido ministro de Interior y Trabajo durante la presidencia de Michel Martelly (2011-2015) y surgía como una figura de relativo consenso con algunos sectores de la oposición moderada.

No obstante no llegó a asumir por lo que el primer ministro interino Claude Joseph no sólo se mantiene en el cargo, sino que ahora dirigirá el gobierno de facto y de manera inconstitucional ya que no fue avalado por ningún otro poder del Estado.

Habrá que ver el rol que decide tomar EE.UU. quien ya ha afirmado su disposición a reforzar su presencia (militar) en el país y otros actores internacionales de relevancia como Francia.

Las nuevas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 26 de septiembre. Cómo se llegará a esa fecha en un país colapsado y qué papel puede jugar la movilización popular es algo que aún está por verse.

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