Géneros

7 abril, 2021

Avanza el juicio político contra los magistrados que dejaron impune el femicidio de Lucía Pérez

La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense acusó a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas por «negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta».

El último martes, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimientos para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires decidió por unanimidad avanzar con el juicio político contra los jueces que absolvieron a los acusados de asesinar a Lucía Pérez en el año 2016.

Los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas tomaron la decisión de levantar los cargos contra Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, acusados de haber cometido el delito de abuso sexual seguido de muerte, en el año 2018. Esta medida fue el motor del primer Paro Nacional de Mujeres.

A pesar de que el cuerpo de Lucía tenía rastros de haber sido víctima de una violencia extrema antes de morir, en su momento los magistrados consideraron que no se pudo probar cuál fue la causa de la muerte de Lucía ni que haya sido abusada. “Lucía era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía, pero eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería”, había planteado la defensora de los acusados. Según las pericias, Lucía fue abusada hasta la muerte bajo los efectos de drogas que le administraron sin su consentimiento.

Luego de la absolución, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo». Marciel, otro de los acusados por el femicidio, falleció el año pasado.

La Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló las absoluciones a los jueces y ordenó un nuevo juicio en agosto del 2020. Allí consideraron que “la ausencia de la perspectiva de género provoca una afectación del acceso a justicia de las mujeres y por ende una grave vulneración de los derechos expresamente tutelados como grupo especialmente vulnerable, que no puede ser desconocida por magistrados».

En la nueva acusación de la Bicameral se indica que «la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos, por el gravísimo delito de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes».

Según explicó una fuente judicial a Télam, «ahora se dará traslado a los magistrados para que hagan uso de su derecho a defensa y, luego, se tratará la admisibilidad de la acusación; es decir si se dispone o no la suspensión de los magistrados mientras avanza el debate».

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