6 abril, 2021
Ruanda: el último genocidio del siglo XX
Entre la noche del 6 y la mañana del 7 de abril de 1994 comenzó en el pequeño país africano una matanza que duraría cien días y acabaría con la vida de cerca de un millón de personas. Sin embargo, lo que motivó aquella masacre fue mucho más complejo que un supuesto odio étnico.
Santiago Mayor
El genocidio de Ruanda, que tuvo como disparador el asesinato del presidente Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, se ha explicado a lo largo de los años como una disputa étnica. Los hutu, gobernantes en el país desde la independencia y mayoría de la población, históricamente enfrentados a los tutsi, intentaron exterminarlos culpándolos del magnicidio.
Sin embargo, como todo proceso social y político, sus fundamentos fueron mucho más complejos y se arraigan en la historia del país.
La falsa división racial
El territorio que hoy es Ruanda fue colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial cuando pasó a manos belgas. Hasta el año 1932 allí, junto a los colonizadores europeos, habitaban pobladores nativos sin distinción étnica alguna. Hablaban la misma lengua (el kinyarwanda), compartían el mismo espacio geográfico y la misma cultura desde hacía siglos.
Sin embargo, en 1932 el gobierno colonial decidió clasificar a la población de acuerdo a la teoría científica del momento: el racismo. Así nacieron formalmente los hutus, los tutsis y los twas. Como señalaron Gabriel Peries y David Servenay en Una guerra negra. Investigación sobre los orígenes del genocidio ruandés (1959-1994) los “grandes, flacos, con trazos finos, nariz aguileña y piel clara son los tutsis; los petisos y fornidos, con trazos groseros y piel oscura son los hutus; los twas, que representan el 1% de la población son pigmeos”.
A cada uno le otorgaron una tarjeta de identificación que incluía el ítem “raza”. Sin embargo hubo casos donde fue difícil definir y entró a jugar otro criterio mucho más elemental: el número de vacas que poseían. “El que tiene más de diez es un tutsi; mientras que el que tiene menos de diez es considerado un hutu”, añadieron Peries y Servenay.
De esta forma la metrópoli reordenó la colonia y estructuró un régimen que favoreció a los sectores económicamente poderosos que, desde ese momento, pasaron a ser tutsi.
La revolución controlada
La tensión social entre hutus y tutsis evolucionó entonces como en cualquier otro lugar del mundo. Quienes tenían privilegios -respaldados por la potencia colonial- gozaban de un nivel de vida y acceso a puestos de poder que la mayoría de la población no.
Sin embargo el escenario cambió el 1 de noviembre de 1959, “Día de todos los santos” cuando un líder hutu fue atacado por militantes tutsi. El rumor de su asesinato se esparció por todo el país y comenzó la “revolución”.
Hutus salieron a las calles de todo el país a linchar a sus “amos” tutsi. El joven rey Kigeri V, que recién había asumido, fue incapaz de controlar la situación. Bélgica, atenta a la oleada independentista que recorría África adoptó un inesperado papel: apoyó a los subversivos.
Documentos desclasificados belgas y franceses dan cuenta que la fuerza colonial buscó realizar una transición ordenada para mantener el control del país. En julio de 1960 Kigeri V se fue al exilio y no regresó jamás.
El 1 de julio de 1962 finalmente se proclamó la independencia y se sancionó la Constitución. La Carta Magna ruandesa fue la única del continente africano que prohibió, de manera expresa, el comunismo. En el país no existía ni una sola organización que se reconociera comunista.
Una sociedad militarizada
Fue Bélgica quien también ayudó a conformar el ejército ruandés. De abrumadora mayoría hutu, se creó bajo los parámetros de la doctrina de la “guerra revolucionaria” aplicada por franceses y belgas en el continente africano para combatir a los movimientos de liberación nacional. Unidades móviles relativamente autónomas con espacios geográficos de intervención determinados, abocadas al control y la represión internas.
En 1964, en el marco de un levantamiento tutsi contra la represión gubernamental, se llevó a cabo una primera gran matanza que, a la postre, sería un prototipo del genocidio que vendría 30 años después. Allí se crearon las “autodefensas civiles”, una especie de milicias populares para-policiales que respondían al gobierno. Alrededor de 15 mil personas fueron asesinadas.
Este sistema de seguridad se perfeccionó a partir de 1973, con la llegada a la presidencia de Habyarimana quien creó una nueva administración territorial y una Gendarmería nacional.
Las fuerzas de seguridad llegaron entonces a cada barrio del país para ejercer insólitas medidas de control. Ausentarse tres días del municipio de residencia sin permiso era considerado un delito.
La guerra
Bajo un régimen de partido único, autoritario, sin libertad de expresión y un control poblacional microscópico, Habyarimana gobernó sin grandes contratiempos hasta fines de los ‘80.
Pero en 1990 estalló la guerra cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR), comandado por una mayoría tutsi, invadió el país. Si bien el ataque sorprendió en un comienzo al ejército ruandés, Francia y Zaire apoyaron al gobierno y lo apuntalaron.
Rápidamente el principal general del FPR fue asesinado, lo que catapultó al mando de las tropas invasoras a Paul Kagame (que se convertiría en presidente del país desde 1994 hasta la actualidad).
Kagame cambió la táctica del FPR: desde su base en Uganda impulsó pequeños raids de desgaste con acciones espectaculares que tenían también fines propagandísticos como el asalto a la prisión de Ruhengeri en 1991 donde fueron liberados 350 presos políticos.
La guerra se intensificó hasta que las partes alcanzaron los acuerdos de 1993 en Arusha, Tanzania. Allí el gobierno y el FPR consensuaron el retiro de las tropas francesas y la creación de un gobierno de transición en 1994.
Sin embargo, a las ya de por sí complicadas desavenencias políticas y militares, se le sumó para ese entonces una situación económica catastrófica.
La complicidad internacional en el genocidio
Ruanda gozó de estabilidad económica entre la década de 1970 y hasta fines de los ‘80, con tasas de crecimiento anual que rondaron el 5%. Sin embargo la crisis del precio del café golpeó el modelo.
Fue entonces que el FMI y el Banco Mundial plantearon una receta para el crecimiento económico: reducción del gasto, quita de subsidios, privatizaciones. Lo de siempre. Quince días antes del comienzo de la guerra se acordó devaluar el franco ruandés. A pesar del conflicto, el FMI exigió que el plan económico no se detenga.
A cambio la comunidad internacional otorgó cuantiosos préstamos, que en teoría prohíbían la importación de bienes para uso bélico. No obstante no existió ningún control internacional al respecto. La situación alcanzó el ridículo cuando, entre 1992 y 1994, Ruanda importó alrededor de 500 mil machetes. Para eso utilizó un crédito del Banco Mundial y lo justificó calificándolos como herramientas para el agro.
Así se llegó a marzo de 1994, cuando comenzó la conformación del gobierno de transición, con la economía en su peor momento desde la independencia. A eso se sumó que miembros de las Fuerzas Armadas desmovilizados por los acuerdos de Arusha quedaron desempleados, pero entrenados y armados.
Solo faltaba una chispa para que la frágil paz acordada colapsara.
El 6 de abril de 1994 Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, presidente hutu de Burundi, regresaban de una reunión con el FPR en Tanzania. Habían acordado excluir del nuevo gobierno de transición a los extremistas hutus de la Coalición para la Defensa de la República (CDR).
Sin embargo, cuando estaban por aterrizar en el aeropuerto de Kigali, la capital de Ruanda, el avión en el que viajaban fue derribado. Hasta el día de hoy existen versiones contrapuestas sobre si el ataque fue perpetrado por tutsis, hutus radicales que se oponían a la paz o incluso las tropas belgas que se encontraban allí en el marco de una misión de la ONU.
En cualquier caso esa acción desencadenó una orden gubernamental para acabar con toda la población tutsi del país. En cien días, mientras la comunidad internacional miraba para otro lado (al punto que la ONU pidió perdón 20 años después), alrededor de un millón de personas -principalmente tutsis pero también hutus “moderados”- fueron asesinadas y dos millones huyeron del territorio.
Cuando la situación ya era insostenible, el FPR terminó haciéndose con el gobierno con respaldo de tropas belgas. Solo sobrevivieron al genocidio 19 abogados por lo que los procesos para juzgar a los genocidas se llevaron a cabo varios años después con ayuda de un Tribunal de Naciones Unidas.
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