Martín Soria se comprometió a trabajar junto al Ministerio de Mujeres por una reforma judicial en clave feminista

Guadalupe Santana

@puede_fallar

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La salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia fue atribuida a la búsqueda de un cambio en la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial, en el sentido de una mayor confrontación, al menos en el terreno discursivo. Esto fue deslizado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas, donde se mencionó con nombre y apellido a magistrados involucrados en el lawfare (persecución judicial y mediática de dirigentes políticos), se reclamó la aprobación de la reforma de la justicia federal y del Ministerio Público Fiscal que están estancadas en Diputados, y se utilizaron duros términos para referirse a un sector del poder judicial, con les miembres de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) conectades a través de una plataforma virtual. 

Ya entonces, un dato muy significativo fue que Fernández inmediatamente a continuación se refirió a las respuestas deficientes que el sistema judicial está dando a los casos de femicidios y a las violencias por motivos de género. De este modo, dejó entrever que una consigna muy propia como es la de una reforma judicial feminista, tendría plafón en los meses por venir.

Unos días después, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó esta tendencia al realizar un contundente alegato en el marco de la causa del dólar futuro que volvió a poner a los jueces en el banquillo de los acusados. A la vez, enfatizó la necesidad de que la lucha contra las violencias de género se convierta en una política de Estado así como lo fue la política de Memoria, Verdad y Justicia. Con ello, nuevamente la política de género se puso discursivamente como uno de los elementos prioritarios de este gobierno, lo cual demuestra un reconocimiento de la lucha historica que ha venido dando el movimiento feminista en este sentido. Al impacto de ese discurso, mayor que el del propio presidente, se le sumó luego la particular renuncia con preaviso y sin reemplazante de Marcela Losardo a la cartera de Justicia. 

Sobre su reemplazo hubo varios rumores, y si bien por unos días circuló el nombre de la abogada e investigadora feminista Marisa Herrera -lo cual generó mucha entusiasmo en el movimiento feminista- finalmente fue confirmado el primer trascendido: Martín Soria, ex intendente de General Roca y diputado Nacional. Sin embargo, el recién nombrado ministro se encargó de hacerse eco de esas expectativas ya en su primera aparición oficial en el conversatorio “¿Cómo incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial?», el cual versó sobre la necesidad de una profunda e integral transformación de la justicia en clave feminista y también popular. 

Del encuentro participaron Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad; la diputada Nacional del Frente de Todes Vanesa Siley, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea. En la actividad, alejado de la formalidad protocolar, Soria hizo una intervención de varios minutos que fue notoriamente preparada con anticipación, lo cual confirma la sintonía que viene desplegando el gobierno en la materia, y se presenta como una novedad interesante sobre todo teniendo en cuenta la situación de la cual se venía. 

En su exposición, el ministro repasó algunos de los principales problemas en materia de género que exhibe el Poder Judicial. Alertó sobre su composición masculinizada, sobre todo en los cargos de mayor responsabilidad y en el fuero federal. Especialmente, llamó la atención sobre el hecho de que de los veinticuatro Ministerios Públicos Fiscales provinciales, es decir, quienes representan a las víctimas en la búsqueda de justicia, ninguno de ellos se encuentra encabezado por una mujer. Asimismo, señaló que la CSJN sólo tiene una mujer como ministra y enfatizó lo problemático que resulta que, siendo la máxima autoridad judicial en nuestro país, se rehúse a realizar las capacitaciones obligatorias en el marco de la Ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018. 

También se refirió a la existencia de estereotipos de género a la hora de producir las sentencias y en los mecanismos de selección de magistrades. En este sentido, señaló:  “Necesitamos incluir la perspectiva de géneros en los procesos de selección y capacitación de los y las magistradas y garantizar la paridad en los jurados de esos postulantes. Romper los pactos corporativos que son en realidad, pactos de caballeros”. Al respecto, se destacó que la capacitación en materia de género debe ser condición de idoneidad de quienes integran el Poder Judicial. Con este norte, se pretende que el Consejo de la Magistratura incorpore la perspectiva de género para “adecuarse a los tiempos que corren”. 

Asimismo, Soria hizo mención a la violencia de género en los ámbitos laborales que es moneda corriente dentro de las instituciones judiciales, sobre todo de parte de jueces varones a sus pares mujeres, a funcionarias y trabajadoras, y que es urgente erradicar. En este punto, la ministra Gómez Alcorta agregó que no sólo es necesario incorporar la perspectiva de género en los procesos de sanción y evaluación de magistrades por la obligación que imponen los compromisos internacionales, sino también por una cuestión de justicia: “Si el ámbito donde vamos a buscar garantía de nuestros derechos es un ámbito donde se vulneran los derechos de las trabajadoras, es altamente grave”.

“Necesitamos incluir la perspectiva de géneros en los procesos de selección y capacitación de los y las magistradas y garantizar la paridad en los jurados de esos postulantes. Romper los pactos corporativos que son en realidad, pactos de caballeros”

Soria remarcó que desde su Ministerio buscará que el Poder Judicial recupere su prestigio y que eso es lo que orienta el proyecto de Reforma Judicial que anunció el presidente que, sin embargo, ha generado fuertes resistencias corporativas. 

Destacó que es necesaria una profunda reforma de la justicia con perspectiva de género así como también mejorar su acceso para todos y todas. En este punto, señaló el trabajo que se viene realizando desde los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y convocó al trabajo en  articulación con los Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, bajo la órbita del MMGyD. 

Luego, el ministro manifestó su preocupación por la responsabilidad del Poder Judicial en el combate a las violencias ya que “cuando hablamos de géneros y justicia, entendemos que hablamos de vidas que se pierden, de violencias que se sufren y respuestas que nunca llegan”. Al respecto, mencionó cifras del registro de femicidios de la CSJN, según el cual del total de 252 femicidios en 2019, sólo en el 15% de los casos se había hecho una denuncia previa y, sin embargo, esa persona no encontró la prevención necesaria.  

En este sentido, destacó que el Ejecutivo adquirió dispositivos duales (una tecnología superior al botón antipánico pues no descarga la responsabilidad sobre la denunciante) pero que de los 1600 aparatos que fueron repartidos en las provincias, los poderes judiciales sólo utilizaron la mitad: “¿Dónde están esos dispositivos y cuántos femicidios podrían haberse evitado si se hubieran entregado y estuvieran en uso y no en un cajón?”.

Destacó la creación del Patrocinio Jurídico Gratuito a víctimas de violencia de género, en noviembre de 2015 que sin embargo, recién empezó a funcionar en agosto de 2019 y sólo existe en 13 provincias por lo que requiere ser ampliado, al igual que el Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata, reglamentado a fines de 2019. También manifestó la necesidad de relanzar el programa de desarme voluntario, iniciativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados ANMaC, donde se encuentra el registro de armas de fuego, ya que uno de cada cuatro femicidios son cometidos con armas de fuego que en muchos casos, ya habían sido denunciadas. 

Por último, el flamante ministro hizo expreso su compromiso de trabajar de manera transversal con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y con el Consejo de la Magistratura para abordar desde una mirada integral la cuestión de las violencias por razones de género y destacó la necesidad de la inclusión de la perspectiva de géneros en el proyecto de Reforma Judicial en tratamiento.  

Si bien nadie pierde de vista que se trató de una propuesta enunciativa, desde el feminismo se recibe con expectativas el anuncio de esta primera agenda de trabajo que entronca con una fuerte demanda del movimiento: la reforma judicial será feminsita, o no será.