Berni en difusión: la criminología de los arrestos mediáticos

“El arresto domiciliario no frenó a María Rosa”, recita el spot. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, continúa en la línea de la ex ministra Nacional Patricia Bullrich al perseguir a los últimos eslabones de la cadena en nombre de la lucha contra el narcotráfico, y seguir armando grandes difusiones que crean esta imagen mediática de une otre. Encarcelan el narcomenudeo, criminalizan a les más vulnerades y les rotulan separándolos de la sociedad. En ningún lado se pregunta quién le entregaba la droga a María Rosa, ni qué la llevó a esa situación.

El arresto domiciliario es un derecho, a pesar de que normalmente se lo llama “beneficio”. Significa para muchas mujeres -según un relevamiento de organizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires, en el 87% de los casos son jefas de hogar y de familias monomaternales- el poder estar con sus hijes y salir del encierro del penal, pero a su vez también conlleva un gran abandono si no cuentan con familiares o una organización que las ayude. La mayoría de los permisos para poder salir a trabajar, estudiar o llevar a la escuela o al médico a sus hijes les son negados. 

La ausencia del Estado se hace presente en la violencia ejercida a través de la falta de políticas públicas que respondan a las situaciones que atraviesan las mujeres a lo largo de su situación de encierro. No existe el acceso a derechos básicos que deben ser garantizados: la comida, el trabajo, la salud, la educación. Sí, el arresto domiciliario podría ser un beneficio para los grupos más vulnerables como mujeres embarazadas o con hijes menores a su cargo y personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad, pero la realidad está muy lejos de esto: significa para las mujeres continuar ocupando espacios de cuidado, a su suerte.

En nuestro país existe un crecimiento en la tasa de encarcelamiento femenino que no se relaciona con la cantidad de delitos cometidos o con la gravedad de los mismos, sino con un cambio en los delitos que son perseguidos con más énfasis y en los criterios de los tribunales que dictan sentencia. Esta situación se vio encrudecida con la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. De acuerdo a un informe realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el año 2015 había 1.093 mujeres presas por infracción a la Ley de Estupefacientes. El último censo disponible del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena es del año 2019, y arroja que hay 1.975 mujeres presas bajo acusaciones del mismo delito. Casi el doble en tan solo cuatro años.

“Gestión basada en hechos reales”

Bajo este lema anuncia Sergio Berni la detención de una mujer con tobillera, fácilmente ubicable en su hogar, a quien se la va a buscar con varios patrulleros y camionetas. El hecho real es, nada más y nada menos, que una puesta en escena exagerada.

La realidad lejos está de ser una película de carteles de narcotráfico, al menos para las mujeres perseguidas y criminalizadas por la comercialización. En un fallo histórico con perspectiva de género, el 5 de marzo de este año, la jueza Ángela Ledesma de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a una mujer que actuó como mula para pagarle una cirugía a su hija de dos años. 

En un pasaje del fallo, la jueza afirma que “desconocer la situación de necesidad que primó sobre M.C.R, quien -como sostuvo la defensa y confirmó el juez en la sentencia- se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal”. Afortunadamente, un fallo completamente alejado del show del ministro de la Provincia.

En la lucha por la reforma judicial feminista, no podemos dejar de pedir por más fallos con perspectiva de género y menos arrestos mediáticos como el del spot de Berni. A María Rosa no la frenó la tobillera, pero tampoco la acompañaron el sistema penitenciario o las políticas públicas. El horizonte debe ser feminista y antipunitivista.

Por Belén Riccillo, Belén Romano y Lorena Duprez.
Integrantes de Atrapamuros – Organización en cárceles