26 marzo, 2021
El Gobierno nacional implementará un protocolo de asistencia a familias en situación de desalojo
Ante el vencimiento este 31 de marzo del decreto que congela tarifas de alquileres y prohíbe desalojos, el Ministerio de Desarrollo Territorial buscará implementar mecanismos de ayuda. ¿Cómo impactará el descongelamiento? Solo en la CABA, según datos oficales, hay 150 mil viviendas ociosas en pleno aumento del déficit habitacional.
A través de la Resolución 88/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.
La medida se implementa ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto 320/21 que prorroga automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía los lanzamientos.
A su vez, el protocolo va en línea con la decisión de suspender los procedimientos judiciales contra los inquilinos.
Para efectivizar la medida se convocó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como así también a otros organismos nacionales y provinciales, a suscribir a un acuerdo de cooperación para informar sobre procesos de desalojo que ya hayan comenzado o pudieran iniciarse.
Según adelantaron las autoridades nacionales, “una vez obtenida la información sobre los procesos de mediación y sentencias de desalojo y de los análisis socio-económicos de los hogares que oportunamente se efectúen”, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat impulsará acciones “tendientes a brindar una solución habitacional a los inquilinos o inquilinas”.
“La Constitución Nacional establece en el artículo 14 bis el mandato integral e irrenunciable del Estado de otorgar beneficios de seguridad social, entre los cuales incluye el acceso a una vivienda digna”, recordó el texto de la resolución.
Desde la Federación Nacional de Inquilinos aseguraron que el 40% se endeudó para poder pagar. Además, el 35,7% afirmó no haber podido pagar enero o hacerlo parcialmente y el 57,1% informó que hizo uso del decreto. Los datos surgen de la última encuesta mensual de enero.
Por su parte, un relevamiento que realizó el Cels y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) durante septiembre de 2020, el 65% de los inquilinos del AMBA había perdido ingresos y el 80% había contraído deudas para afrontar gastos cotidianos. «Además, casi la mitad de los hogares inquilinos destina una proporción cada vez mayor de sus ingresos a pagar el alquiler», concluye el informe.
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