Derechos Humanos

25 marzo, 2021

Los organismos de DD.HH llamaron a «democratizar la justicia para construir la Patria de todos»

En el documento a 45 años del último golpe de Estado cívico militar también reclamaron al Congreso “sancionar leyes para acelerar las causas» por delitos de lesa humanidad.

«La cabeza misma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, es un magistrado vinculado a ese poder, el Grupo Clarín. Es el juez que intentó beneficiar a los genocidas con el 2×1 y el único que no revirtió su criterio después de esa pretensión de impunidad que fue impedida por el pueblo a fuerza del Pañuelazo nacional. A 45 años del golpe genocida, exigimos democratizar el Poder Judicial para construir la Patria de todos», señalaron los organismo de derechos humanos en un documento leído virtualmente por Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Giselle Tupper de HIJOS Capital, entre otras referentas y referentes.

El escrito tuvo la adhesión de Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Asociación Buena Memoria – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Fundación Memoria Histórica y Social Argentina – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

«El Senado de la Nación tiene otra deuda: la elección del nuevo o nueva Procuradora General. No es posible que al frente del Ministerio Público Fiscal, rol crucial en las investigaciones penales, se encuentre un procurador interino investigado por mal desempeño y partícipe del lawfare», remarcaron.

A «45 años del golpe genocida, la mayoría de los condenados tiene prisión domiciliaria, un beneficio sin controles, o está en libertad por decisión de los jueces, pese a no haber completado sus condenas, sometiendo a sobrevivientes a la revictimización que implica la posibilidad de encontrarse con sus torturadores en cualquier momento», señala el texto.

A su vez, indicaron que «hay en curso centenares de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, pero muchos de los Juzgados y tribunales que las tienen a su cargo las dilatan y terminan garantizando así la impunidad de muchos de los responsables. Urge acelerar las causas. Exigimos que la Cámara de Diputados apruebe la ley que ya tiene media sanción del Senado para que los juicios adquieran un ritmo mayor y acorde a los tiempos: el ciclo de la vida lo impone. Hoy, como ayer, queremos juicio y castigo para todos los culpables».

Y al respecto agregaron: «Por eso también exigimos que el Congreso ponga en funcionamiento la comisión bicameral para investigar la participación empresarial en delitos de lesa humanidad».

«En nuestro país -puntualizaron-, todavía hay decenas de presas y presos políticos, víctimas del armado de causas, la persecución y el encarcelamiento arbitrario e ilegal, proceso que instaló el macrismo y que continúa activo en sectores del Poder Judicial».

«Mientras no se democratice ese Poder, quienes cuestionen las políticas de hambre, saqueo y exclusión, quienes defiendan los derechos y la dignidad del pueblo, quedarán a merced de la persecución y el lawfare. Una vez más, exigimos la inmediata libertad y el desprocesamiento de militantes populares y perseguidos y perseguidas políticas. Y llamamos a acabar con esos ‘sótanos de la democracia’ que, en connivencia con un sector de la prensa, hicieron del lawfare su método para hacerse del poder en la Argentina y en Brasil, como casos más emblemáticos», enfatizaron.

En cuanto al expresidente Mauricio Macri, los organismos aseguraron que permitió «el retorno a escena a los negacionistas del genocidio, los defensores de la impunidad, los endeudadores seriales, los enemigos de la clase trabajadora. Pero este pueblo sabe de luchas y resistencia y en cuatro años le dijo no al neoliberalismo. Pudo unirse y recuperar el control del sistema político».

También reclamaron «la erradicación de la violencia institucional» que es «otra de las deudas de la democracia», y llamaron a estar «alertas sobre la persistencia por décadas de las peores prácticas en todas las Fuerzas de Seguridad».

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