Derechos Humanos

24 marzo, 2021

Memoria para el presente

A casi medio siglo de la última dictadura militar de nuestro país, hacer memoria se vuelve un ejercicio que, necesariamente, tiene que servir para pensar qué métodos son inaceptables en democracia. Si existen continuidades en materia de violación a los Derechos Humanos, entonces, hay que hacer memoria.

Belén Romano y Santiago David Pérez

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Todos los años, cuando llega el 24 de Marzo nos vemos obligades a hacer un ejercicio de reflexión que implica cuestionar una y otra vez qué significa esta fecha, cómo elegimos recordarla y para qué sirve poner en práctica nuestra memoria. En los 90, para que el consenso neoliberal y las leyes de impunidad para les militares no hagan caer en el olvido el genocidio y la lucha de miles de compañeres; más acá, en este siglo, para que la persecución por los delitos de lesa humanidad como política de Estado sea efectiva.

Pero, ¿para qué más podemos hacer memoria? Aun cuando perseguir delitos de lesa humanidad cometidos durante el último golpe de Estado todavía es un objetivo (desclasificar archivos, encontrar y juzgar a responsables militares y civiles, etc.), este 24 vale la pena hacer un ejercicio de memoria para el presente: ¿qué mecanismos son inaceptables en una dictadura y en una democracia?

Sin dudas, este ejercicio no es sencillo si entendemos que la memoria se compone de experiencias distintas y cuyo significado es interpretado de forma diversa y colectiva. La suma de experiencias sociales en un contexto, que exceden las individuales, buscan mantener viva la memoria en nuestro presente.

La violencia, el odio, la muerte

La clave de lectura de las experiencias de la década de 1970 es en torno a la violencia política, manifestada fundamentalmente en las estructuras del Estado con capacidad de ponerla en práctica de forma sistemática. Es un consenso en la memoria de las organizaciones que militan en pos de los Derechos Humanos que la tortura no vuelva a  existir en un país en democracia.

En 2019, en un relevamiento hecho por el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos en 18 cárceles bonaerenses y federales y un centro cerrado para niñes adolescentes también bonaerense, se registraron 5200 hechos de torturas y malos tratos.

El informe, que ya lleva diez ediciones, como una aclaración conceptual, explica que “estas prácticas de tortura y malos tratos estatales en cárceles, institutos, alcaidías y comisarías son regulares y se inscriben en modos de gobierno del encierro, así como las prácticas de tortura y malos tratos policiales que tambien son regulares y se inscriben en modos de gobierno de los territorios”.

Esta forma de “gobernar” territorios adquiere diversas formas: la violencia estatal va mutando y adquiriendo su forma sistemática, tal como los delitos de lesa humanidad. Según el archivo histórico de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde el inicio de la democracia hasta hoy, murieron 7.587 personas en manos del aparato estatal (esto incluye casos de “gatillo fácil” y muertes en cárceles, entre otros).

Resulta fundamental que la memoria se actualice permanentemente en el ejercicio de la observación de los fenómenos viejos articulados, que hoy se evidencian como violencia presente. Hoy es el momento para que la agenda de Derechos Humanos tome con fuerza los reclamos de aquelles con quienes la democracia aún está en deuda.

Todo prese es polítique

Milagro Sala fue detenida, según el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, porque iba a impedir que Gerardo Morales pudiera gobernar. Casi con estas mismas palabras, la dirigenta de la organización Tupac Amaru fue privada de su libertad. Los llamados internacionales no surtieron efecto. Milagro sigue presa, como así también, existen todavía personas en una situación semejante: El Poder Judicial ejerce en el presente, la legitimación de la violencia que hoy llevamos en la memoria.

Cuando hablamos de preses polítiques en dictadura, hablamos de personas que estuvieron a disposición de la injusticia e impunidad del Poder Ejecutivo Nacional. Hoy, en cambio, tipifican su privación de la libertad, y avalan su decisión mediante los mismos mecanismos excluyentes. Llamar a Milagro y otres tantes de otra forma es no poner en funcionamiento el diálogo entre la experiencia pasada y la actual, para entender cómo cambian los dispositivos para un mismo fin: ejercer la violencia estatal en manos del Estado que es quien debe garantizar la organización de nuestro sistema.

La política criminal de los gobiernos, que se traduce en el accionar de nuestra Justicia Penal, tiene que estar en el centro de las reivindicaciones. Milagro está privada de su libertad pero la cárcel también está repleta de personas excluidas de sectores abandonados en donde nadie responde por sus derechos . ¿El consenso neoliberal dejó un tendal de pobreza que hoy constituye el grueso de la población carcelaria? Lo dicho: todo prese es polítique. 

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