Si no suma, resta: el uso político de la derecha

Hernán Aisenberg y Daniela Errecarte

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Cómo operan: la alianza entre la oposición y los medios 

“Vamos a volver para ser mejores”, había dicho Alberto Fernández durante la campaña electoral. Ese eslogan sostenía la importancia de “poner de pie la Argentina” luego de los destrozos que generó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. De esta forma, se sostenían ideas centrales: recuperar lo mejor de los gobiernos kirchneristas que ya habían reconstruido un país después de la crisis del 2001, y excluir de esta nueva etapa algunas críticas que habían roto aquella coalición de gobierno, apuntando a no cometer los errores de aquellos años y reparar el país saqueado.

Eso atrajo a sectores que habían estado en los gobiernos de Néstor y Cristina, pero también a espacios que nunca habían formado parte de la gestión kirchnerista. La nueva coalición de gobierno necesitaba nuevos acuerdos. Sin embargo, nunca quedó en claro qué cosas había que buscar repetir de aquella experiencia popular, y qué era lo que había que descartar, olvidar, corregir, etcétera.

De esta forma, el Frente de Todes pasó de ser una gran estrategia de síntesis electoral a ser un enorme desafío a la hora de buscar acuerdos para gestionar y gobernar. Del mismo modo, la oposición desmemoriada rápidamente dejó de ser responsable de los problemas que acarreó nuestro país desde el 2015 hasta el 2019, para ser la respuesta a los problemas que llegarían de la mano del nuevo gobierno.

Es así como Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y responsable directa de las políticas represivas del gobierno anterior, cual paracaidista, ahora “se disfraza” de la voz de los “reclamos democráticos” a lo largo y ancho del país. Pero retrocedamos un poco.

“Empezar por los de más abajo, para llegar a todes”. Esa era la premisa esencial del actual gobierno. Sin embargo, ya son varias las ocasiones donde esta idea queda a mitad de camino. La propuesta fallida de la expropiación de Vicentin, el larguísimo debate sobre el ex impuesto a las grandes fortunas -ahora “aporte solidario”-, las dificultades para controlar la inflación y el aumento de las tarifas, la insuficiencia de programas sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la ausencia de intervención estatal para resolver los problemas habitacionales, fueron algunos de los reflejos de las marchas y contramarchas del propio gobierno.

En todas ellas, la oposición (de la mano de la corporación mediática) eligió hablar en nombre de les de abajo intentando, con mayor o menor éxito, poner en tensión cuán conveniente eran realmente estas políticas para las mayorías. Esto fue suficiente para hacer dudar a un gobierno de coalición, que pocas veces decidió escuchar directamente a “les de abajo” sin intermediarios para que pudieran marcar agenda. 

En este mismo contexto, los medios que eternamente lideran las tendencias de la oposición retomaron una serie de conflictos provinciales que suceden exclusivamente en distritos gobernados por el oficialismo nacional, generando un cerco mediático a los errores o desaciertos de las provincias. De esta manera, le otorgaron enormes lugares en los medios a la vacunación VIP del gobierno nacional, pero cero trascendencia al tráfico clandestino de vacunas por parte del gobierno de Corrientes. Los incendios en Chubut o Entre Ríos fueron tapa de todos los grandes medios nacionales, pero los cordobeses pasaron desapercibidos. Durante estas últimas semanas se desarrolló una enorme campaña por la violanción de los Derechos Humanos en Formosa, pero nada dicen los grandes monopolios sobre las situaciones represivas en Jujuy donde, por ejemplo, Milagro Sala sigue siendo una presa política del gobierno de Gerardo Morales.

Dónde operan: las contradicciones existen

La contradicción es una de las características principales de un gobierno heterogéneo como este. Las múltiples incongruencias entre les mismes referentes de la coalición y la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán hace 26 años, es un ejemplo claro. Días atrás, frente a un nuevo pico de contagios de coronavirus en la región, el Ejecutivo provincial tomó la decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, para evitar una mayor propagación del virus que devenga en la saturación del sistema de salud. Esta situación llevó a gran parte de la ciudadanía, en especial comerciantes, a ocupar las calles para repudiar la medida, reclamando que la situación económica era lo suficientemente delicada como para no volver a cerrar las persianas por tiempo indeterminado.

Esa jornada terminó con una represión por parte de la Policía provincial con balas de goma y gases lacrimógenos, donde 92 personas fueron detenidas y cerca de una decena resultaron heridas. Si bien Alberto Fernández expresó su preocupación sobre “el nivel de violencia institucional” de aquel día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación justificó el hecho al hablar de “la violencia desmedida de algunos manifestantes”.

Nada justifica la violencia contra el pueblo y mucho menos en un gobierno que se define popular. Al menos eso se tuvo que haber aprendido en los últimos cuatro años, donde la unidad del FDT se empezó a gestar en la calle enfrentando, entre otras cosas, la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, la doctrina Chocobar y la represión y persecución a los pueblos mapuche. Con el gobierno anterior, nuestro país tuvo la mayor cantidad de muertos por violencia institucional desde la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Sin embargo, la agenda mediática parece tener memoria corta. Al día siguiente de la represión, la ex ministra Patricia Bullrich, que durante su gestión no había viajado ni una sola vez a Formosa, asistió para repudiar el accionar gubernamental y sacarse fotos para su cuenta de Twitter. “Presidente, diga las cosas por su nombre: violencia institucional ejercida por un régimen político, de un gobernador que está en el poder hace 26 años y somete al pueblo. Vaya a fondo, y no responsabilice de manera equivocada”, señaló antes de su llegada a la provincia convulsionada. 

Dos semanas después, un sector de la provincia de Chubut amanece prendido fuego. Varios de los pueblos de la Comarca Andina no logran controlar las llamas pese al esfuerzo denodado de las cuadrillas de Bomberos y les funcionaries provinciales quienes, en algunos casos, no cobran sus salarios hace meses. El fuego no solo expone la precariedad de las viviendas de la zona, sino también la estrategia de los dueños de la tierra para sacar rédito a pesar de las consecuencias ambientales. Además, evidencia especialmente el desorden de gestión del gobierno de Mariano Arcioni, que hace apenas unas semanas tuvo que suspender las sesiones legislativas luego de que la militancia ambiental frenara -momentáneamente- una ley extractivista que destruiría gran parte de aquel suelo que todavía combate contra las llamas.

A diferencia de lo ocurrido en Formosa, el gobierno nacional sí intentó despegarse de la gestión de la provincia patagónica que, si bien no ganó las elecciones con el Frente de Todes, sí lo hizo con el apoyo explícito de Sergio Massa, presidente de la Honorable Cámara de Diputades de la Nación. 

De Formosa a Chubut, de norte a sur, otra vez pudimos ver a Patricia Bullrich sumándose a las críticas contra el gobernador y recorriendo las zonas afectadas por el fuego. La última vez que había estado por la Patagonia fue para cubrir y proteger a la Gendarmería, responsable de la muerte de Santiago Maldonado, pero nada le impidió esta vez mostrarse dialoguista y democrática para continuar con su campaña de cara a las elecciones de 2023.

Quién le hace el juego 

Formosa y Chubut son fotos de las grandes paradojas de una realidad mucho más compleja con la que lidian las fuerzas de gobierno. También es cierto que estas contradicciones no se iniciaron con esta nueva ola de gobiernos populares: el caso de Insfrán ya era conocido en el gobierno de Cristina por la represión a los pueblos Qom, el robo de identidades de cara a las elecciones y grandes represiones frente a cortes de ruta que ya se daban en la provincia. En este gobierno también tuvo otros momentos como la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo, el motín policial en la Quinta de Olivos y la dura represión en Guernica. 

La violencia institucional siempre la sufren les que menos tienen. Por lo tanto, defenderla es hacerle el juego a la derecha que reprime cuando gobierna y monta un show cuando es oposición. La represión y el extractivismo en un gobierno popular no se pueden justificar, ya que le brinda un relato a la derecha que intenta recuperar el poder cueste lo que cueste. No ayuda a poner a la Argentina de pie, sino que la pone de rodillas.