Derechos Humanos

16 marzo, 2021

Formosa: profesionales que trabajan con las comunidades indígenas piden la intervención del Estado

Acompañan el pronunciamiento del Cels y otros organismos sobre la violación de derechos humanos a mujeres indígenas. Más allá de la operación de los grandes medios y la oposición de derecha, afirman que es una situación que se padece hace tiempo en la provincia.

Profesionales que trabajan con las comunidades indígenas de la provincia de Formosa emitieron un comunicado donde informan que acompañarán el pronunciamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en relación a las prácticas discriminatorias que sufren las mujeres de las comunidades indígenas de El Potrillo de la provincia gobernada por Gildo Insfrán.

Según advierte el organismo, estas prácticas discriminatorias persisten en el tiempo «tanto por parte de la policía como en el ámbito de la salud, la educación y el acceso a la justicia»  y que esto sucede porque  «desde los gobiernos no se organizan dispositivos ni instrumentos efectivos» para eliminarlas.

«Hace años que diversos informes muestran deficiencias y ultrajes que las personas indígenas —no solo las mujeres—  sufren en el ámbito de la salud. El miedo a la internación en algún hospital de la provincia de Formosa responde a experiencias oscuras de maltrato y de violación a los derechos humanos», dice el comunicado de los profesionales y académicos que trabajan con estos pueblos.

«Todo esto se agrava aún más debido a la falta de receptividad de las observaciones críticas. En lugar de ser tenidas en cuenta a la hora de mejorar las políticas públicas, dichas observaciones suelen quedar bajo sospecha, ya sea de especular para favorecer o perjudicar a algún sector político o de abonar oportunismos electorales», afirman.

Por eso es que piden la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación para revertir esta situación.

Además de los profesionales y académicos, el comunicado también lo firma el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Formosa.

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