Batalla de Ideas

16 marzo, 2021

El rock del rico Luna Park

De la disputa por la idea de la equidad y masividad en el acceso a las vacunas y cómo Mirtha Legrand no se calcinó para recibir la Sputnik V.

Laura Fischerman

@lpescadora

COMPARTIR AHORA

Viejos y viejas (no abuelos, como el patriarcado insiste en llamar a la gente que supo recorrer unas cuantas décadas de vida) desmayándose bajo el sol, amontonándose en filas en las que su estabilidad tambaleante fue más atendida por agentes de seguridad más que  por galenos. Sin distanciamiento pero tampoco agua o un asiento. Contradictoriamente, estas personas se encontraban en esa situación por el bien de su salud, en busca de la vacuna contra el COVID-19. 

Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana donde una administración estatal en su cartera de salud comete un error muy grosero, en medio de una pandemia, tocando una fibra muy sensible para la opinión pública, se esperaría que la respuesta de les responsables de una atrocidad comparable fuera la renuncia de quien encabezara políticamente el proceso que desembocare en esos hechos. Aun cuando no hubieran sido planificados para ocurrir de tal manera y se pidan disculpas.

Si se sitúa ese hipotético caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría haber sido Quirós (por abreviar a sólo un apellido) quien renunciara. Pero ninguna de las voces que se arroga la representación de la justicia, la transparencia y la independencia en cadena multimedial se lo exigió. Sin embargo, Juntos por el Cambio, coalición que gobierna en la capital nacional con Larreta a la cabeza, reaccionó con un mensaje contundente urbe et orbi a través de su pata con mayor tradición de republicanismo ni más ni menos que con un proyecto de ley: “acceso y equidad en la vacunación contra el Covid-19”, aunque su texto no puede encontrarse publicado a la fecha.

El 9 de marzo, y hablando de la ineptitud del gobierno (el que adquirió millones de dosis de vacunas, no el que las dispuso sólo para les sobrevivientes al Coliseo), la Unión Cívica Radical encarnada en quien la preside, Alfredo Cornejo. Junto a Luis Petri, ambos diputados mendocinos, redactaron en forma de norma lo que su espacio político pensaba pero no se atrevía a decir hasta que no fuera oportuno: que todos los problemas que aquejan a la Nación se deben a que no se deja actuar al mercado y poniendo a cargo de privados y particulares la obtención de la vacuna.

Refrendó Bullrich, aludiendo a que eso de que el Estado se hiciera cargo de que cada persona vacunada era demasiado soviético, y sacando a galopar al caballito de batalla de que es una cuestión de esfuerzo personal el lograr cubrir las necesidades, en este caso sanitarias. Entonces, si hay gente que puede pagar por su propia vacuna y, entonces, obtenerla más rápido que si debiera depender del orden de prioridad de los turnos que emiten los ministerios de salud, según criterios solamente validados internacionalmente y por el más amplio espectro de entidades científicas y sanitarias ¿por qué no hacerlo?

La premisa es que la descentralización a efectores de salud privados y farmacias de la vacunación para  la administración de las dosis, a demanda de la iniciativa de personal de toda persona que pueda pagarlo, agilizaría el proceso de inmunización y aliviaría el sistema público “para quienes realmente lo necesitan”. Ese discurso puede convencer a más de une, de entre quienes pueden y quienes no pueden pagarlo. Pero seguramente para quienes tienen alguna sensibilidad desarrollada sobre lo público como un bien colectivo y los estados como garantes del derecho a la salud, hay algo que huele mal en esos enunciados.

Podría alguien preguntarse, sin analizar mucho más allá de la superficie, quién o dónde se dirime quién puede y quién no puede pagar su propia vacuna. Pero lo desdeñable de este proyecto, como la bola en la ingle, es que funciona a muchos niveles.

Si nos detenemos en la puja internacional por la tenencia de la vacuna. Los países con los PBI más abultados del mundo compiten junto a los de los márgenes por la obtención (e incluso el desarrollo y producción) de las mismas vacunas. Y en ese sentido es admirable el trabajo que el Estado argentino ha llevado adelante desde muy temprano para garantizar la adquisición de dosis para alrededor del 80% de su población, proporción correspondiente no solo a los grupos blanco para los que las vacunas están probadas sino también adjudicable a lo necesario para alcanzar la mentada “inmunidad de rebaño”, si es que tal cosa existe. En esa arena, y aun apelando a los argumentos más liberales, concentrar la negociación por el mayor número posible de dosis en un solo agente, permitiría obtener los precios más convenientes.

¿Acaso otra estrategia fogonearía una guerra intestina sobre quién y cómo obtiene las vacunas a las que Argentina puede efectivamente acceder, teniendo en cuenta que el mayor problema para la plena inmunización es el escalado en la producción? Evidentemente hay algunos actores interesados en este plan y, conociendo los antecedentes que sobre todo el PRO tiene en el lucro de la logística, no es impensable que entre los ideólogos de este proyecto haya quienes están muy pendientes de sacar tajada de la importación, distribución y comercialización de las dosis con farmacias y prepagas amigas. No deja de contrastar con la fórmula de la norma vigente en lo que respecta a la obtención de vacunas para prevenir el COVID-19 (Ley 27.573), que en su artículo sexto fija que “las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud para asegurar la vacunación contra el COVID-19 no pagan derechos de importación ni ningún otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, incluido el impuesto al valor agregado.” y que habilita que “en caso de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquieran vacunas, tampoco deberán pagar esos impuestos.”.

Entonces, si privados importaran vacunas, existirían valores paralelos para las vacunas según el circuito por el que ingresaran y, viendo el antecedente en la CABA del redireccionamiento de dosis desde el Estado jurisdiccional a prepagas, cabría sospechar que se importaran libres de impuestos por los estados y cupieran acuerdos posteriores en los que alguna parte se viera beneficiada.

En otro terreno, se parte del acuerdo de que las vacunas, más allá de conferir inmunidad individualmente, tienen poder para erradicar o al menos disminuir significativamente la circulación de enfermedades en tanto se apliquen masivamente a la población susceptible. Entonces, en el caso del COVID-19, es deseable vacunar a la mayor proporción posible de la población. Si las vacunas están en manos de la administración pública y se aplican sin costo en todas las personas que manifiesten voluntad de recibirla, en la medida en que las dosis están disponibles y se realizan campañas públicas a favor de la inmunización, la cantidad de personas con anticuerpos crece al mismo ritmo.

Distinto sería, en un contexto de crisis económica extendido por los años de gobierno de Macri y agudizado por la pandemia, que cada persona tenga que definir si su economía doméstica es capaz de costear su vacuna y eventualmente la de su grupo familiar (y desea realizar ese gasto  y no otro, como pasajes para hacer turismo, compra de electrodomésticos, cosmética, u otros rubros en los que una fracción de argentines aun puede darse el lujo de comprar por placer). Ahora bien, si en una familia numerosa, los números dieran para  que uno o dos de sus integrantes recibieran la vacuna pagándola en una farmacia, ¿con qué criterio se definiría a quién le corresponde? Allí ya no tienen injerencia los ministerios, la epidemiología y ni siquiera los médicos y médicas, sino que una vez más, como persiste en imponer la derecha, se recluye la decisión al ámbito individual y la información para decidir a la trayectoria propia.

De más está decir que seguramente muchas de las personas que sostienen con convicción que estarían dispuestas a pagar por la vacuna y que ello constituiría un mecanismo más eficiente para el acceso masivo a la inmunidad -y serían capaces de aceptar dosis por debajo, por encima y cualquier costado de la mesa-, se encontraban hablando de veneno hace poco más de dos meses.

Entonces, aun ignorando que la trampa mayor es no lograr la emancipación con respecto de potencias del capitalismo global para la satisfacción de las necesidades sanitarias de nuestro país e incluso nuestra Patria Grande, como ya se ha desarrollado en este medio, la supuesta libertad para vacunarse que nos proponen los opresores aristócratas de la derecha argentina no hace más que ratificar la decisión que tomó el pueblo en las elecciones de octubre de 2019 de ponerles un freno y quitarles lugar en la toma de decisiones sobre nuestras vidas.

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Batalla de Ideas