Diputades: presentaron un proyecto de ley para amparar a las personas en situación de calle

Bajo la consigna «La calle no es un lugar para vivir», el diputado nacional del Frente de Todes Federico Fagioli elaboró, junto con organizaciones sociales como el Movimiento de les Trabajadores Excluides (MTE), Proyecto 7 y el Movimiento Popular Nuestramérica, un proyecto de ley que apunta a la garantización y reconocimiento de los derechos para las personas en situación de calle y las familias sin techo.

El proyecto fue presentado este jueves en un acto en el Congreso, que contó con la presencia de Fagioli, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y militantes de las organizaciones sociales. «Nuestro gobierno está construyendo un Estado presente que acompaña a los más vulnerables, pese a que hoy no es cuantificable porque no hay un censo que lo registre y partir de la elaboración del mismo, propuesta en esta iniciativa, vamos a saber de qué población se trata para poder fijar una estrategia», señaló el legislador nacional.

El texto parte de la premisa de que “la situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. En ese sentido, se propone el reconocimiento de los derechos a la dignidad personal e integridad física, a la identidad, al acceso y al uso de los servicios y espacios públicos, a los servicios socio asistenciales y de apoyo a un trabajo digno, y al acceso a la vivienda. 

Hoy en día no existe ninguna normativa en Latinoamérica que contemple todas estas vulneraciones hacia la población en situación de calle, y que se proponga generar un plan integral para desandar las desigualdades estructurales que les afecta. “Esto representa un avance medular para reconocer un problema social invisibilizado que constituye la mayor expresión de vulnerabilidad», dijo Fagioli en diálogo con El Destape.

La normativa apunta, entre otros puntos, a la creación de de una coordinación interministerial entre las carteras de Desarrollo Social, Salud, Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Además, determina la realización de un censo anual y nacional (con la participación del INDEC, profesionales y organizaciones sociales, algunas integradas por personas en situación de calle) para conocer las estadísticas del sector, y así aplicar políticas públicas más eficientes a lo largo del tiempo.

Por otro lado, establece el otorgamiento de documentos de identidad gratuitos para aquelles que no tengan acceso, además de la creación de Centros de Integración Social dedicados a la prestación de servicios básicos “como alojamiento, alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios”.

En el caso de que el proyecto se apruebe, también se prohibirá por 24 meses “la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda”.

«Si hay personas que tienen vulnerados sus derechos son las que están en situación de calle; además de estar afectados por la pobreza histórica padecen la caída de las changas o el costo de los alquileres», sentenció Arroyo en la presentación del escrito.

Constanza Guillén, militante del MTE, añadió: «Apuntamos a crearles una casilla de correo porque no tienen domicilio, por ejemplo para gestionar el IFE en la pandemia. A través de las organizaciones sociales se trabaja en ayudarlos a tener un código, un mail, a generar una casilla de correo, lo que es fundamental porque les da una herramienta de integración». Fagioli, por su parte, resaltó que hay que «terminar con la idea del ‘parador’, lugares donde pasan la noche y a las 6 de la mañana se deben ir, y reemplazarlos por lugares donde haya apoyo terapéutico, integración en oficios, atención a la salud».